Justicia dicta inhibición general de bienes y embargo preventivo contra Peña y Carvallo

En el marco de la Causa N° 92/2026 caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ Lesión de Confianza y otros”, el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital resolvió hacer lugar al requerimiento fiscal y decretar la inhibición general de enajenar y gravar bienes, así como el embargo preventivo de los fondos y productos financieros de Santiago Peña Palacios y Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.

La medida cautelar de carácter real fue dictada tras el acta de imputación presentada por los agentes fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Benítez.

Ante la gravedad de los tipos penales investigados, la elevada cuantía del perjuicio económico presunto y la necesidad de evitar maniobras de ocultamiento o disposición patrimonial, el juzgado dispuso:

• Inhibición general de bienes muebles e inmuebles de ambos imputados.
• Embargo preventivo sobre los fondos existentes y futuros en cuentas corrientes, cajas de ahorro y productos financieros en el sistema bancario, financiero o cooperativo.
• Respecto a la localización de otros bienes patrimoniales (inmuebles, vehículos y participaciones societarias), el juzgado determinó que su diligenciamiento queda a cargo del Ministerio Público en el ejercicio de sus facultades de investigación.

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Los motivos de la investigación

De acuerdo con los antecedentes del caso, la investigación apunta a presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank S.A., entidad que habría recibido importantes depósitos y colocaciones de fondos públicos y previsionales de instituciones clave del Estado, tales como el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, la Entidad Binacional Yacyretá, la ANDE, entre otras, mientras paralelamente habría otorgado créditos de forma irregular a sociedades del grupo económico del banco.

Santiago Peña es investigado por la supuesta comisión de lesión de confianza (en calidad de instigador) y administración en provecho propio, señalándose que desde su posición institucional habría intervenido para favorecer la concentración de recursos públicos y previsionales en la mencionada entidad bancaria, con la cual mantenía vínculos previos.

Carlos Dagoberto Carvallo, quien ejerciera la presidencia de Financiera Ueno y posteriormente la del Banco Central del Paraguay (BCP), enfrenta cargos por lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

La fiscalía sostiene que, pese a conocer la situación de déficit patrimonial e infracciones del banco desde el órgano regulador, no habría adoptado las medidas correctivas oportunas.