Refundar la educación superior y eliminar toda captura regulatoria

• <i><b>José Duarte Penayo</b></i>
• <b>Filósofo</b>
• <b>Presidente de ANEAES</b>

La caída de ueno bank puso al descubierto una de las consecuencias de la captura de un órgano regulador, con miles de compatriotas privados del acceso a sus ahorros, trabajadores sin cobrar sus salarios y una crisis que terminó con la destitución del presidente Santiago Peña.

Por eso, el BCP, tras dos décadas de construcción institucional, enfrenta hoy severos cuestionamientos a su función técnica y a su autonomía, con el desafío mayor de rectificar rumbos.

En la educación superior, existe una crisis de similitudes claras, aunque con una historia diferente y un peso distinto en el bolsillo de la gente, al menos en el corto plazo. A diferencia del BCP, el CONES, como órgano regulador, nunca consiguió construir una institucionalidad semejante y su propia composición legal consagra una estructura corporativa en la que los regulados son jueces y partes.

Creado por la Ley 4995/2013, lleva trece años acumulando competencias administrativas sin avanzar un solo día. Por el contrario, ha retrocedido sistemáticamente en la capacidad técnica necesaria para ejercerlas. Estamos ante una institución fallida desde su origen, con un diseño institucional que no refleja operatividad ni rol misional alguno.

Es una estructura de jueces y partes, donde intereses corporativos participan de decisiones que deberían responder exclusivamente al interés público. La captura regulatoria, es decir, el hecho de que los propios regulados regulen el sistema, está incorporada en el seno mismo de su Consejo, donde no existe la más mínima presencia técnica y académica que sustente sus decisiones.

La modificación legal que colocó su presidencia en el Ministerio de Educación tampoco resolvió ese conflicto ni mejoró su funcionamiento. Por el contrario, y como era previsible, agravó su lentitud y su parálisis, dados los diferentes frentes que tiene el MEC, institución históricamente desconectada de la educación superior.

¿Cuántos estudiantes han sido perjudicados por carreras habilitadas sin criterios de pertinencia, universidades que eluden controles y títulos que no garantizan las competencias que prometen? ¿Cuánto invirtieron las familias en una educación superior cuyo valor el Estado fue incapaz de resguardar?

A esta deformación institucional se agrega la ausencia de lineamientos que justifiquen sus actos administrativos, con la imposibilidad de ejercer rectoría alguna. ¿Con qué diagnóstico decide el CONES qué carreras necesita el país? ¿Cuál es su política nacional de habilitación? ¿En qué estudios de factibilidad académica, económica y social se sustenta? ¿Cuál es su modelo de educación superior ante un mundo revolucionado por la inteligencia artificial, la dislocación de las trayectorias formativas tradicionales y la creciente disociación entre universidad y trabajo?

Ninguna de estas preguntas tuvo respuesta en trece años de fracaso y no se trata solamente de la incapacidad de determinadas autoridades, sino de un diseño institucional que impide el cumplimiento de sus propias funciones.

Su capacidad de reflexión sobre sus responsabilidades es prácticamente nula. El organigrama expresa una burocracia administrativa sin una estructura misional proporcional a sus atribuciones, con procesos sin trazabilidad y una organización que, lejos de garantizar controles efectivos, genera incentivos profundos a la corrupción, la coima y al apriete a las instituciones de educación superior.

Asimismo, el CONES tiene facultades legales para intervenir universidades irregulares, pero no ha sido capaz de ejercer control frente a la proliferación de carreras fantasma, cuya única finalidad es convertir en negocio la estafa a miles de jóvenes y familias que depositan sus esperanzas de un futuro mejor en un título universitario.

A esto se suman las graves irregularidades detectadas en el Registro de Títulos del MEC, cuyo funcionamiento exige investigar hasta qué punto ha operado, ayer y hoy, como una caja de recaudación paralela al servicio de intereses políticos y personales.

El fracaso de la implementación del Registro Único del Estudiante de la Educación Superior (RUE ES), a tres años de su creación, completa el cuadro de un Estado que no garantiza la trazabilidad de los títulos que registra. ¿Quiénes se beneficiaron de semejante descontrol y quiénes, obligados a impedirlo, permitieron que continuara?