República o impunidad

Hay una imagen que nunca olvidará la República del Paraguay: el 6 de noviembre de 2026, mientras en el Congreso sonaba el Himno Nacional con su “¡República o muerte!” para instalar al nuevo presidente Pedro Alliana, una comitiva fiscal y policial llegaba a la residencia del expresidente Santiago Peña para detenerlo. La escueta orden de los fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia González Vester y Ruth Benítez reza que tanto Peña como el expresidente del Banco Central del Paraguay Carlos Carvallo Spalding deben responder ante una investigación penal sobre lesión de confianza y otros hechos punibles que podrían ser incorporados.

Los sucesos detrás de esa orden de apenas una página son demoledores. Desde que asumió Santiago Peña, el Grupo Vázquez –propietario del hoy quebrado Ueno Bank– tuvo un crecimiento exponencial inaudito. Lo que hasta el 2023 era una casa de préstamos, en tres años terminó convertido en uno de los Bancos con mayor captación de dinero público y del Instituto de Previsión Social (IPS). La envidiable expansión se construyó a costa de recursos estatales y de la previsional. Hasta esta semana, la cifra había llegado a unos 855 millones de dólares, de los cuales unos 355 millones pertenecían a la previsional. Se desconoce el destino de gran parte de estos fondos. Junto a esta colosal suma, han quedado atrapadas unas 3.000.000 de cuentas bancarias, de las cuales unas 36.000 pertenecen a jubilados del ente de seguridad social.

Junto a los recursos del Tesoro Público quedaron cautivos los sueños de hogares paraguayos; fondos de colegios para viajes de fin de año, préstamos para construir, desembolsos de AFD, plata de emprendimientos familiares. Dentro de tanta parafernalia quedaron capturados también ahorros para enfrentar gastos de salud y educación, dinero para llegar a fin de mes, fondos para viajar, ir a la universidad o simplemente envejecer con dignidad. Mientras se multiplicaban las denuncias de nuestro diario sobre un presunto vaciamiento de fondos de Ueno Bank mediante operaciones con cuentas vinculadas, el expresidente Santiago Peña, el expresidente del BCP Carlos Carvallo y algunos directores repetían hasta el cansancio que todo estaba bien.

Cuando la Cámara de Senadores reclamó respuestas, las autoridades de la banca matriz se dieron el lujo de responder con medias verdades y mentiras. De hecho, tuvieron que confesar que el primer sumario al quebrado banco fue realizado… ¡después del reclamo de los senadores!

Todo lo ocurrido parece más que un concierto de acontecimientos. Parece una obra de ingeniería financiera diseñada para apropiarse de dinero ajeno. La punta del ovillo apenas está asomando; la ciudadanía asiste con dolor y profunda repugnancia a la aparición de lujos que parecen haberse financiado con el rejunte del dinero público y privado. Los yates que se compraron, las flotas de vehículos de alta gama, las aeronaves, las residencias lujosas, ostentosas colecciones de joyas, los trajes caros, excéntricos viajes o los vuelos chárteres al Mundial; el derroche, el buen vivir y la poca vergüenza se alimentaron al parecer del dinero de familias paraguayas. Las facturas probablemente se pagarán con dinero de la gente.

Santiago Peña será recordado por traicionar sus palabras de que íbamos a estar mejor. Sepultó todas y cada una de las promesas de salud, educación, diálogo amplio, calidad de vida y seguridad en las calles. Vació de contenido sus compromisos de empleo formal decente y bien remunerado, posibilidad de desarrollar proyectos con estabilidad y previsibilidad, servicios públicos de calidad, eficiencia y transparencia en la gestión pública. La distancia entre la magnitud de sus promesas y la crudeza de la realidad que deja es la medida exacta de su fracaso nutrido de grandilocuentes discursos y viajes internacionales. Todo ese marketing político a costa del erario público se ha estrellado.

No nos engañemos. La caída de Santiago Peña no significa por sí sola la caída del sistema que se engendró y alentó desde su Gobierno. El nuevo presidente de la República, Pedro Alliana, tiene la obligación constitucional y moral de dar explicaciones a la ciudadanía. Está obligado por un Congreso que lo ha respaldado en forma unánime y por una ciudadanía que está tolerando, a duras penas, las inconductas del poder.

El nuevo presidente no tiene tiempo que perder: debe haber alguna respuesta a la pregunta del por qué la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a cargo de la exfiscala Liliana Alcaraz, no hizo las debidas diligencias. Cómo es posible que no hayan detectado lo que estaba ocurriendo, la desaparición del dinero, la falta de trazabilidad de fondos de gente cuyas vidas dieron un portazo a la pobreza del día a la noche.

Alguna explicación deberá dar el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué. La institución a su cargo, tan estricta con los modestos trabajadores, no detectó absolutamente nada de la multiplicación de empresas con millonarios movimientos. Alguien deberá explicar cómo es que esta red de negocios del Grupo Vázquez multiplicaba milagrosas adjudicaciones de licitaciones estatales.

El que mayores explicaciones deberá dar será el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. Hace un año y un mes, tras nuestras publicaciones sobre los sobres del poder que aparecían y desaparecían en Mburuvicha Róga, un pequeño pero valiente grupo de parlamentarios decidió denunciar ante la Justicia lo que lucía indebido. Vincularon los sobres con operativas de Ueno Bank tras difundirse audios que hablaban de bolsones de dinero que debían ser entregados en plena residencia presidencial.

Lamentablemente, para la historia, la denuncia fue penosamente cajoneada. Si la Fiscalía hubiera investigado, hoy no estaríamos llorando sobre el dinero perdido. No habría familias sufriendo ni recursos estatales desaparecidos. La historia pudo haber sido diametralmente opuesta si se hubiera actuado a tiempo. Lo que parece haber sido una deliberada maniobra de desprecio a la denuncia terminó generando una debacle.

Que lo ocurrido deje lecciones para la posteridad: somos un país que cae pero nunca ha dejado de levantarse. En Paraguay, “Patria querida” es más que la letra de una canción, y “República o muerte” más que una declaración en un himno. Que la Justicia caiga sobre los culpables con todo el peso de su legitimidad y sin afán de venganza: la República del Paraguay puede sobreponerse a sus malos gobernantes pero no a la impunidad que los protege.