Resolución de banco pone a prueba la estabilidad del país

El principal desafío financiero consiste en determinar el valor real de los activos de Ueno Bank y establecer qué proporción de sus obligaciones podrá atenderse mediante el procedimiento de resolución. La calidad de la cartera crediticia, la liquidez disponible y la posibilidad de transferir activos y pasivos hacia otras entidades serán factores determinantes para la recuperación de los recursos.
Uno de los puntos de mayor atención corresponde a la exposición de instituciones públicas. El economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira señaló que aproximadamente US$ 850 millones de recursos estatales estarían colocados en Ueno Bank, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social (IPS). Advirtió que la recuperación de los depósitos de mayor tamaño dependerá, principalmente, del valor de los activos disponibles, dado que la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) resulta limitada frente a estas posiciones.
Los riesgos vinculados a la concentración de recursos ya habían sido examinados por MF Economía e Inversiones. En un análisis publicado en agosto de 2026, la consultora identificó que cuatro entidades concentraban aproximadamente el 70% de la cartera de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) del IPS en guaraníes. Ueno Bank mantenía entonces G. 1,577 billones y otros US$ 27,4 millones en instrumentos denominados en dólares. Estos datos evidencian la importancia de evaluar la seguridad, liquidez y diversificación de las inversiones previsionales.
Sin embargo, la exposición financiera no equivale necesariamente a una pérdida definitiva. El resultado dependerá de la valoración de los activos, la recuperación de créditos y los mecanismos que adopten las autoridades para atender las obligaciones pendientes.
Otro riesgo financiero corresponde a la confianza. La incertidumbre sobre una entidad puede modificar las decisiones de los depositantes y provocar movimientos de recursos hacia instituciones percibidas como más seguras. Ferreira había advertido previamente sobre la importancia de una comunicación clara por parte del regulador para evitar que las dudas sobre un banco afecten la credibilidad del sistema.
En contraste, el BCP sostuvo que el caso corresponde a una situación puntual. Los indicadores agregados del sector bancario muestran un índice de adecuación patrimonial de 16,95% y una morosidad de 2,53%, cifras que permiten diferenciar la situación de Ueno Bank de la posición general del sistema financiero.
La experiencia internacional también ofrece elementos de análisis. Las crisis de Silicon Valley Bank, en Estados Unidos, y Credit Suisse, en Suiza, evidenciaron que los problemas de una entidad pueden extenderse hacia la confianza de inversionistas y depositantes.
Para Paraguay, esto no implica automáticamente un deterioro de la calificación soberana ni de la imagen país. No obstante, eventuales pérdidas públicas elevadas, dudas sobre la supervisión o una resolución prolongada podrían afectar la percepción de riesgo de los inversionistas internacionales.
Implicancias económicas: actividad comercial y continuidad de operaciones

Desde la perspectiva económica, las consecuencias pueden extenderse más allá del sector bancario mediante las relaciones comerciales que Ueno Bank mantenía con empresas, proveedores y trabajadores independientes.
La entidad desarrolló una importante presencia en servicios financieros digitales y facilitó el acceso de sectores que anteriormente tenían una vinculación limitada con los bancos tradicionales. Esta característica adquiere especial relevancia por la cantidad de personas y pequeños negocios que utilizan cuentas bancarias para recibir pagos, realizar transferencias y administrar sus operaciones cotidianas.
La inmovilización temporal de recursos puede generar dificultades de liquidez, especialmente para microempresas y trabajadores independientes que dependen de sus ingresos diarios. Una empresa que no dispone oportunamente de su dinero podría enfrentar problemas para pagar salarios, adquirir mercaderías, cancelar compromisos comerciales o mantener sus actividades.
El especialista laboral, Enrique López Arce, mencionó el caso de pequeños proveedores que enfrentaban dificultades para acceder a fondos depositados en la entidad. Esta situación permite dimensionar cómo un problema financiero puede trasladarse a actividades productivas y comerciales sin una relación directa con la intermediación bancaria.
El efecto también puede alcanzar a empresas relacionadas con el grupo económico y a prestadores de servicios de seguridad, tecnología, comunicación, mantenimiento y otras actividades. No obstante, la magnitud del impacto dependerá de la exposición efectiva de cada empresa y de su capacidad para mantener operaciones mediante otras fuentes de financiamiento.
En este contexto, la recuperación de los depósitos y la normalización de los servicios financieros constituyen factores importantes para limitar las interrupciones comerciales. El traslado de cuentas, la disponibilidad de medios alternativos de pago y la continuidad de operaciones viables pueden reducir los costos económicos asociados al proceso.
Empleo, ingresos y protección de los ahorristas
El impacto social constituye otra dimensión sensible de la resolución. La afectación no depende únicamente del monto de los depósitos, sino también de la capacidad económica de sus titulares y de la importancia que esos recursos tienen para cubrir necesidades básicas.
López Arce advirtió que la inmovilización temporal de G. 100.000, G. 500.000 o G. 1 millón puede generar dificultades significativas para personas que necesitan disponer diariamente de sus ingresos. Entre los sectores mencionados aparecen trabajadores independientes, pequeños comerciantes y personas que utilizan sus cuentas para recibir pagos y financiar gastos cotidianos.
Sin embargo, el sistema contempla mecanismos de protección. El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubre hasta 75 salarios mínimos por persona física o jurídica y por entidad financiera, equivalentes actualmente a G. 228.300.000. Esta cobertura reduce el riesgo de pérdida definitiva para los depositantes comprendidos dentro del límite legal, aunque no elimina las dificultades que puede ocasionar la indisponibilidad temporal del dinero.
El empleo constituye otro foco de atención. López Arce mencionó aproximadamente 600 trabajadores directos de Ueno Bank y advirtió sobre posibles consecuencias para empleados de empresas relacionadas, contratistas y proveedores.
También estimó que hasta 500.000 personas podrían verse afectadas directa o indirectamente. Es de aclarar que esta última cifra corresponde a una apreciación del especialista y no a una medición oficial de pérdidas de empleo o ingresos.
El experto destacó, asimismo, la necesidad de preservar los derechos laborales, garantizar el tratamiento adecuado de salarios y beneficios pendientes y facilitar la reinserción de los trabajadores.
Particularmente mencionó las dificultades que podrían enfrentar empleados mayores de 50 años para incorporarse nuevamente al mercado laboral.
No obstante, la cantidad de personas vinculadas a la entidad no debe interpretarse automáticamente como un número de despidos definitivos. La continuidad de determinadas funciones, la transferencia de activos y la eventual absorción de operaciones por otras instituciones pueden modificar el resultado laboral del proceso.
En definitiva, la resolución de Ueno Bank plantea desafíos que trascienden el ámbito estrictamente bancario. En el plano financiero, será determinante la recuperación de activos y la protección de los recursos públicos y privados.
En el económico, la prioridad será reducir las interrupciones en actividades comerciales y empresariales. Finalmente, en el social, el principal objetivo deberá centrarse en proteger los ingresos de los hogares y limitar las consecuencias sobre el empleo.
Una resolución ordenada, con información verificable, atención oportuna a los depositantes y responsabilidades claramente establecidas, puede contribuir a reducir los costos económicos y sociales. La capacidad institucional para administrar este proceso será determinante para preservar la confianza y evitar que las dificultades de una entidad se extiendan innecesariamente al conjunto de la economía paraguaya.
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