Siempre paga el ciudadano

Las deudas municipales no son simples números. Representan recursos comprometidos, obras que pueden quedar postergadas y servicios que terminan afectando a la ciudadanía.

Un ejemplo preocupante se presenta en Villa Florida, Misiones, donde la administración saliente de Richard Castiñeira (ANR-HC) no presentó las documentaciones requeridas para el corte administrativo. La intendenta entrante, Susana Verza (ANR-HC), recibió la institución sin contar con información precisa sobre las deudas con proveedores, salarios y otros compromisos.

Lo llamativo es que ambas administraciones pertenecen al mismo sector político. Sin embargo, ni siquiera esa coincidencia partidaria permitió una transición transparente. Castiñeira no se presentó el día previsto para el corte administrativo y se labró un acta dejando constancia de su ausencia y de la falta de documentación.

La situación genera mayores interrogantes ante las denuncias por supuesta malversación de fondos en obras y presuntas estafas mediante cheques municipales sin fondos, hechos que deben ser investigados y esclarecidos por las autoridades competentes.

La pregunta de los florideños es inevitable: ¿qué pasó con la plata del pueblo?

La administración entrante anunció que remitirá los antecedentes a la Contraloría General de la República para solicitar una auditoría. Ahora corresponde que los organismos de control actúen, revisen las cuentas y, si encuentran irregularidades, remitan los antecedentes al Ministerio Público.

Administrar una municipalidad no significa disponer libremente del dinero de los contribuyentes. Cada guaraní debe tener un destino y cada gasto debe estar respaldado. Quien ocupó un cargo público tiene la obligación de rendir cuentas, incluso después de dejar el poder.

Pero también las nuevas autoridades deben asumir su responsabilidad. Recibir una municipalidad endeudada no puede convertirse en una excusa permanente para incumplir las promesas electorales.

Los ciudadanos no eligen intendentes para que se pasen los mandatos culpando a sus antecesores. Los eligen para solucionar los problemas de sus comunidades.

La transparencia no es una concesión política, es una obligación. Las autoridades cambian, los períodos terminan, pero las consecuencias de una mala administración permanecen. Y, como siempre, quien termina pagando la factura es el ciudadano.

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