Poder Judicial frena sanciones por evaluaciones: trabajadores volverán a los juzgados este lunes

Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) regresarán a sus actividades el lunes 9 de noviembre, luego de que este sábado 7 de noviembre de 2026 representantes sindicales, integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, alcanzaran un acuerdo para modificar las reglas de evaluación del desempeño del personal.

La resolución establece que las calificaciones obtenidas por los empleados no podrán utilizarse como fundamento para imponer sanciones ni justificar su separación del cargo. También contempla retirar la facultad de los titulares de juzgados y tribunales para solicitar evaluaciones extraordinarias y revisar los porcentajes correspondientes a criterios considerados subjetivos.

El entendimiento se produjo después de las manifestaciones y la suspensión de actividades que comenzaron el viernes 6 de noviembre en distintas entidades del país. Las movilizaciones surgieron por las preocupaciones de trabajadores sobre los alcances del nuevo mecanismo de evaluación y sus posibles repercusiones en la estabilidad laboral.

¿Qué cambiará en las evaluaciones del Poder Judicial?

Uno de los principales compromisos consiste en modificar el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este documento establece las reglas para evaluar el desempeño del personal que forma parte de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación.

Después de las conversaciones con las representaciones sindicales, las autoridades acordaron eliminar cualquier disposición que permita interpretar las evaluaciones como instrumentos para castigar a los empleados o retirarles sus plazas.

El nuevo planteamiento establece que el propósito de estos procedimientos será identificar áreas de oportunidad, fortalecer las capacidades profesionales y mejorar la eficiencia, eficacia y calidad del servicio de impartición de justicia.

Otro de los cambios será eliminar las evaluaciones extraordinarias que podían solicitar los titulares de los órganos jurisdiccionales. Con ello, se busca modificar uno de los puntos que generaron inconformidad entre los trabajadores.

Revisarán los criterios subjetivos de calificación

Las partes también acordaron revisar los porcentajes asignados a los diferentes componentes de las evaluaciones de desempeño, especialmente aquellos que dependen de apreciaciones subjetivas.

La preocupación de los trabajadores estaba relacionada con la posibilidad de que las valoraciones de sus superiores jerárquicos influyeran en sus calificaciones y pudieran generar decisiones discrecionales.

Entre el personal involucrado en este proceso se encuentran secretarios, actuarios, oficiales judiciales, asistentes de constancias y otros integrantes de la carrera judicial.

Además, se establecerán mesas permanentes de diálogo para atender otros asuntos relacionados con las condiciones laborales y dar seguimiento a las modificaciones acordadas entre las autoridades y las organizaciones sindicales.

¿Cuándo regresarán a trabajar los empleados judiciales?

Con el acuerdo alcanzado el sábado, las representaciones sindicales aceptaron concluir la suspensión de actividades y permitir la reanudación de labores en los órganos jurisdiccionales del país a partir del lunes 9 de noviembre.

Sin embargo, todavía queda pendiente la formalización de los cambios normativos. De acuerdo con lo anunciado tras la reunión, el lunes se expedirá el acuerdo general con las modificaciones correspondientes, que posteriormente deberán hacerse públicas para establecer los nuevos lineamientos.

Los exámenes contemplados para diciembre conservarán su carácter diagnóstico. Esto significa que sus resultados servirán para identificar necesidades de capacitación y áreas de mejora, pero no podrán utilizarse para despedir trabajadores o retirarles sus plazas.

¿Por qué comenzaron las protestas de trabajadores del Poder Judicial?

El conflicto comenzó después de que el Órgano de Administración Judicial publicara el nuevo esquema de evaluación en el DOF el 5 de noviembre. La disposición generó inconformidad entre empleados de diferentes categorías, quienes solicitaron aclaraciones sobre los criterios, las calificaciones y las posibles consecuencias laborales.

El viernes 6 de noviembre se registraron movilizaciones en distintas entidades. Los trabajadores manifestaron su preocupación por la manera en que se aplicarían los exámenes y por la participación de los superiores jerárquicos en las valoraciones.

En el Estado de México también hubo suspensión de actividades en instalaciones judiciales de Toluca, Naucalpan y Nezahualcóyotl. En Toluca, los manifestantes se concentraron en las instalaciones de Nicolás San Juan y posteriormente realizaron un bloqueo en avenida Alfredo del Mazo, con afectaciones viales en los alrededores de Paseo Tollocan.

Las inconformidades no estaban dirigidas necesariamente contra la capacitación o la revisión del desempeño profesional, sino contra la posibilidad de que determinados resultados o valoraciones pudieran afectar la permanencia de los empleados en sus puestos.

¿Qué decía el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación?

El Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 fue emitido por el Pleno del Órgano de Administración Judicial para regular el proceso de evaluación del personal de carrera judicial.

El documento estableció mecanismos para revisar el cumplimiento de responsabilidades, productividad, conocimientos, habilidades y competencias profesionales. También contempló procedimientos de evaluación ordinaria y extraordinaria.

Entre los aspectos que generaron controversia se encontraban las facultades para solicitar evaluaciones extraordinarias y la manera en que se ponderarían determinados criterios. Estos elementos fueron incluidos en las negociaciones que concluyeron con el compromiso de modificar la normativa.

El documento original puede consultarse en el Diario Oficial de la Federación, donde se encuentra la publicación del 5 de noviembre de 2026.

¿Qué relación tiene el conflicto con la reforma judicial?

Las modificaciones al sistema de evaluación se producen en medio de la reorganización del Poder Judicial de la Federación, derivada de la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024.

Entre los cambios institucionales se encuentra la creación del Órgano de Administración Judicial, encargado de funciones administrativas y de gestión relacionadas con el funcionamiento del Poder Judicial federal.

Este organismo también tiene atribuciones relacionadas con la carrera judicial, la formación y la evaluación del personal, de acuerdo con las disposiciones que regulan su funcionamiento.

La reforma constitucional incluyó disposiciones transitorias relacionadas con el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial. Este aspecto forma parte del contexto de las exigencias sindicales para garantizar la estabilidad de los empleados durante la transformación institucional.

Por ello, las negociaciones del 7 de noviembre también representan un intento de establecer condiciones claras para aplicar los mecanismos de evaluación sin que se interpreten como procedimientos automáticos de separación laboral.

¿Qué falta para que entren en vigor los cambios?

Aunque el acuerdo entre las autoridades y los sindicatos permitió poner fin al paro, todavía falta conocer el contenido definitivo de las modificaciones.

La publicación del nuevo acuerdo general permitirá identificar cómo quedarán redactados los criterios de evaluación, qué porcentajes serán ajustados y cuáles serán las condiciones para aplicar los procedimientos al personal de carrera judicial.

También será necesario dar seguimiento a las mesas de trabajo para conocer cómo se atenderán otras demandas laborales planteadas durante las movilizaciones.

Por ahora, el compromiso anunciado establece que las evaluaciones tendrán una finalidad de diagnóstico y mejoramiento profesional, sin consecuencias punitivas relacionadas con la permanencia de los trabajadores.

La reincorporación prevista para el lunes 9 de noviembre permitirá recuperar las actividades ordinarias en juzgados y tribunales federales, mientras las autoridades avanzan en la formalización de los cambios.