Comprar con inteligencia, gobernar con eficacia

Mark H. Moore, profesor de la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard y referente en el estudio del valor público, recordó en su artículo “Public Value Accounting: Establishing the Philosophical Basis, publicado en Public Administration Review” (2014), una analogía planteada en su libro Creating Public Value (1995): así como los directivos privados utilizan sus capacidades para generar valor para los accionistas con activos privados, los directivos públicos deben crear valor para la ciudadanía con los activos que administran los gobiernos democráticos. La reflexión plantea una pregunta clave: ¿qué beneficio obtiene la sociedad de los recursos públicos ejercidos en su nombre?

Las adquisiciones gubernamentales ofrecen una respuesta tangible. Detrás de una compra pueden encontrarse el equipamiento de un hospital, la conectividad de una escuela o la continuidad de un servicio esencial. En las administraciones federales, estatales y municipales, contratar significa mucho más que seleccionar un proveedor: supone identificar necesidades, conocer el mercado, establecer estándares de calidad, asegurar entregas oportunas y comprobar resultados. Estas decisiones inciden directamente en la capacidad del Estado para atender a la población.

En México, el artículo 134 constitucional dispone administrar los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Tratándose de contrataciones, ordena asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. El precio es, por tanto, un factor relevante, pero no el único. Sobre esa base, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, reserva el criterio de evaluación binario para cuando no sea posible aplicar puntos y porcentajes o costo-beneficio, y exige estos métodos en contrataciones de alta especialidad técnica o innovación tecnológica.

El principio de valor por dinero (value for money) ayuda a comprender esa diferencia. El Banco Mundial (2025), en el Anexo I de la séptima edición de sus reglas sobre adquisiciones para proyectos de inversión financiados por la institución, establece que el uso eficaz, eficiente y económico de los recursos exige valorar costos y beneficios, riesgos, atributos distintos del precio y, cuando corresponda, costos de ciclo de vida. Conviene distinguir conceptos: el valor por dinero orienta mejores decisiones de compra; el valor público comprende, además, legitimidad, equidad y confianza ciudadana.

Pensemos en un hospital que necesita renovar su equipo de diagnóstico. Una oferta puede ser más económica inicialmente, pero implicar mayores costos de consumibles, mantenimiento o capacitación. Otra puede asegurar mayor disponibilidad y continuidad del servicio durante toda su vida útil. La decisión responsable no consiste en elegir automáticamente la más barata ni la más costosa, sino en determinar, mediante criterios objetivos, cuál responde mejor a la necesidad pública.

Para hacerlo se requieren capacidades especializadas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en Government at a Glance 2025, señala que las compras públicas constituyen una función estratégica que demanda conocimientos jurídicos, análisis de mercados, evaluación de ofertas, gestión de contratos y habilidades de negociación. En 2024, únicamente 17 de los 35 países de la OCDE encuestados, el 49 %, reconocían esta actividad como una profesión diferenciada dentro del servicio civil (OCDE, 2025). Es un desafío compartido por numerosas administraciones.

La transparencia y la integridad son indispensables, pero deben acompañarse de preparación técnica, actualización continua y capacidad para supervisar resultados. No basta con cumplir procedimientos si lo adquirido no responde a las necesidades previstas. Desde el Instituto Nacional de Administración Pública consideramos que fortalecer la formación de quienes intervienen en las adquisiciones es una inversión en la eficacia del Estado. La colaboración entre instituciones públicas, universidades y centros especializados permite traducir las mejores prácticas en competencias concretas.

Volvemos así a la idea de Moore: administrar recursos públicos no es solamente ejercer presupuestos, sino crear valor para la sociedad. En las adquisiciones, ese valor se manifiesta cuando una decisión se traduce en servicios confiables, instituciones sólidas y mejores resultados para las personas. Comprar mejor es también gobernar mejor.