Rocha: la cuenta pendiente

La política sinaloense conoce bien el arte de la simulación. Se concede una licencia, se nombra a quien ocupará el despacho y se pretende que el cambio de personas cierre también la discusión sobre las responsabilidades del gobierno.

Con Rubén Rocha Moya, ese intento resulta ofensivo para un estado que sigue pagando las consecuencias de su administración. Las familias que perdieron tranquilidad y sustento permanecen aquí. También permanecen las preguntas sobre el uso del dinero público y la protección que las instituciones debieron garantizarles.

La doble licencia de Rocha deja intacta la exigencia de juicio político. Separarse del despacho no borra lo ocurrido bajo su mandato ni cancela la obligación de responder por ello.

El deterioro institucional tiene una expresión contundente en la ENCIG 2025, publicada por el INEGI en mayo de 2026: 88.6 por ciento de la población adulta considera frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción en Sinaloa. Estamos entre las entidades con mayor percepción de corrupción.

Casi 9 de cada 10 personas consideran habitual la corrupción en nuestro estado. Ese dato retrata el descrédito acumulado por instituciones que deberían servir a la gente y que hoy deben explicar a quién beneficiaron sus decisiones.

Mi posición es clara: el gobernador con doble licencia fue y sigue siendo el mayor corruptor de las instituciones de gobierno en Sinaloa. Su responsabilidad política alcanza el sistema de intereses que creció alrededor de su administración y cuya revisión sigue pendiente.

A ello se suma la acusación presentada en Estados Unidos contra Rocha y otros 9 funcionarios y exfuncionarios por delitos relacionados con narcotráfico y armas. Los señalamientos describen una presunta colaboración con el crimen organizado y comprometen la confianza en autoridades responsables de proteger a la población.

La responsabilidad penal deberá resolverse en los tribunales. La responsabilidad política exige que en Sinaloa examinemos cómo se ejerció el poder y qué consecuencias tuvieron sus decisiones y omisiones.

Las investigaciones periodísticas sobre contratos públicos otorgados a empresarios asociados con hijos de Rocha muestran cuánto hay por esclarecer. El DIF, encargado de atender a personas vulnerables, terminó cuestionado por contrataciones millonarias y vínculos familiares. El contrato por más de 356 millones de pesos a una empresa fantasma amerita una revisión completa.

A esa exigencia de explicaciones se quiso responder con la llamada “Ley Tapadera”. Considero que restringir información sobre el gasto público, precisamente cuando más se cuestiona su destino, protege los intereses del grupo gobernante y profundiza el agravio ciudadano.

El costo de esta forma de gobernar también se siente en los hogares. Entre marzo de 2023 y marzo de 2026, Sinaloa perdió más de 24,000 empleos formales. La inseguridad golpea las condiciones para trabajar y deja a las familias enfrentando una incertidumbre que ninguna licencia resuelve.

Por eso reitero la exigencia de dar curso legal inmediato a la solicitud de juicio político. Deben examinarse las pruebas y determinarse las responsabilidades, incluida la inhabilitación que amerita el daño causado.
El Congreso tiene que resolver si ejercerá sus atribuciones o permitirá que el expediente se pierda entre dilaciones. Cada decisión deberá quedar a la vista de la ciudadanía.

Rocha dejó de despachar, pero Sinaloa sigue cargando con las consecuencias de su gobierno. Dar vuelta a la página sin exigirle cuentas dejaría abierta la puerta para que los mismos intereses sigan disponiendo de nuestras instituciones.