ICE en California: el fiscal Rob Bonta cuestiona los arrestos sin orden judicial y exige evaluar el riesgo de fuga

El fiscal general de California, Rob Bonta, criticó los arrestos sin orden judicial que realizan los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y exigió evaluar el riesgo de fuga. “Están deteniendo a personas sin la debida determinación de causa probable, a menudo enmascarados, con chalecos antibalas y portando armas letales”, describió.

En una nueva acción del estado gobernado por Gavin Newsom, que cuestiona las políticas migratorias del presidente Donald Trump, Bonta anunció que presentó un recurso de amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia, en el caso Escobar-Molina v. DHS (Departamento de Seguridad Nacional).

De esta manera, junto a otros 19 estados, California exige a los jueces que instituciones ajenas a las partes principales aporten argumentos e información para respaldar una posición. Así, busca mantener una medida cautelar que exige al gobierno federal respetar las condiciones legales para efectuar arrestos migratorios sin orden judicial.

“La administración Trump ha emprendido un programa de deportación masiva agresivo y militarista, sin ningún respeto por la humanidad ni la dignidad de las personas”, dice Bonta en un comunicado.

¿Qué dicen las leyes sobre las detenciones sin orden judicial?

El fiscal general Bonta asegura que “según la ley federal, los agentes que realizan arrestos civiles sin orden judicial deben tener causa probable para creer que una persona se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y que es probable que se fugue antes de que se pueda obtener una orden judicial”.

El fiscal Bonta criticó con dureza a los operativos realizados por ICE de manera ilegal. Foto: ICE.

“Sin embargo, los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizan habitualmente arrestos sin orden judicial y sin determinar si existe riesgo de fuga”, enfatiza el fiscal. Agrega: “California no permanecerá impasible mientras esta administración siembra el miedo en nuestras comunidades inmigrantes”.

La presentación ha sido respaldada, además de por California, por Arizona, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.

Por otra parte, Bonta dice que “los agentes federales de inmigración han intensificado sus actividades de control migratorio, socavando la salud pública, la seguridad, la educación y las economías de las comunidades de inmigrantes”.

El gobernador de California, Gavin Newsom (derecha), y el fiscal general del estado, Rob Bonta, han luchado muchísimo contra la política inmigratoria de Donald Trump. Foto: Justin Sullivan

Añade que “las agresivas tácticas de control migratorio han impedido que los estudiantes asistan a clases, interrumpido el trabajo agrícola, disuadido a las personas de buscar atención médica, mermado la estabilidad financiera de las familias y debilitado la relación entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden”.

“El uso de pasamontañas, anteojos de sol oscuros, ropa de civil y vehículos sin distintivos por parte de los agentes federales, así como su negativa a identificarse durante las operaciones, ha contribuido aún más al miedo y la incertidumbre en las comunidades afectadas”, resume Bonta.

Luego recuerda que presentó un escrito similar en apoyo a la impugnación de la Operación Devolución al Remitente organizada por el DHS en el condado de Kern, donde las patrullas y los arrestos sin orden judicial impedían que los niños asistieran a la escuela y obligó a los trabajadores a quedarse en sus casas.

El fiscal asegura que se realizan detenciones de manera ilegal en el estado de California. Foto: ICE.

En el caso Vasquez Perdomo contra Noem, Bonda lideró una coalición multiestatal que presentó otro escrito de amicus curiae para impugnar las detenciones de la Operación en Gran Escala en Los Ángeles. Según Bonta, este operativo perturbó los negocios locales y provocó la cancelación de eventos comunitarios.