Hacienda pide a Zapatero explicaciones sobre sus joyas y este se niega hasta que concluya el caso

Hacienda ha pedido al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que aclare si eran suyas las joyas valoradas en más de un millón de euros que la Policía encontró en su despacho y, en ese caso, que explique cuándo y por cuánto las adquirió, una información que el exmandatario se ha negado a aportar a la Agencia Tributaria "hasta la finalización" del proceso judicial del caso Plus Ultra.

Así consta en las diligencias de la Inspección de la Agencia Tributaria enviadas al juez José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra. El magistrado acordó este viernes paralizar las inspecciones tributarias a Zapatero, su mujer, sus hijas y al empresario Julio Martínez, ya que el expresidente y su familia sostienen que estas pesquisas interfieren en su defensa ante el procedimiento penal.

Antes de esta paralización, según consta en las diligencias, los inspectores estaban examinando el pago por parte del expresidente del Impuesto sobre el Patrimonio y el de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Para realizar esta revisión, se le reclamó un inventario de todos sus bienes, "joyas" incluidas.

Respecto a las joyas que la UDEF halló el 19 de mayo en el despacho en la calle Ferraz, la autoridad fiscal pidió al exlíder socialista que aclarara si las piezas valoradas en más de un millón de euros que aparecieron en su caja fuerte eran "de su titularidad" entre 2021 y 2024. En ese caso, debía acreditar la fecha y el valor de adquisición, datos clave para calcular lo que tendría que haber tributado por ellas.

Según ha alegado el expresidente ante el instructor, las joyas fueron un regalo del rey Abdullah de Arabia Saudí, ya fallecido, en 2007. A este respecto, el juez ha rechazado imputarle malversación por ellas porque no existía entonces una ley que obligara a entregarlas a Patrimonio del Estado.

Cinco meses de pugna

Sin embargo, el detalle sobre las joyas es una de las cuestiones que el exjefe del Ejecutivo y su familia han dejado sin respuesta desde que, el 15 de junio, recibieron la notificación del inicio de las inspecciones. El representante de estos investigados advirtió de que "toda la documentación que pueda tener implicaciones en dicho proceso penal no será objeto de aportación en este procedimiento tributario hasta la finalización de la causa judicial".

En julio, el exmandatario y su familia pidieron a Hacienda que suspendiera las inspecciones por la causa penal del caso Plus Ultra. La Inspección les amplió el plazo hasta el 15 de septiembre, ya que el 30 de julio Calama rechazó paralizar las comprobaciones, en línea con la Fiscalía.

En septiembre, la familia Zapatero se negó a autorizar el acceso a sus cuentas bancarias por su derecho de defensa. En octubre, el expresidente rechazó que se le volviera a hacer el "requerimiento" y la Agencia Tributaria le advirtió de que su negativa podía constituir una infracción de "resistencia, obstrucción, excusa o negativa" sancionable.

Sus hijas justificaron su petición de suspensión por un procedimiento penal "seguido contra el padre y contra la propia interesada", según el escrito de una de ellas. Hacienda les había pedido el acuerdo de reparto de los dividendos que cobraron en 2023 y 2024.

Operaciones por 232.000 euros

El exresponsable socialista tampoco ha explicado sus declaraciones de IVA. En concreto, se le pidió aclarar 232.390,43 euros en operaciones con "inversión del sujeto pasivo" en 2024 y 35.629,50 euros en 2023. En este tipo de operaciones, la obligación de declarar el IVA recae en el destinatario en los supuestos previstos por la normativa tributaria.

A Whathefav, la sociedad de sus hijas, la Inspección le requirió la documentación de los préstamos concedidos a sus administradoras y de "los importes transferidos y recuperados". Les pidió además justificar los pagos que les hizo como rendimientos de actividades profesionales.

Ante el bloqueo, Hacienda pidió el pasado miércoles al juez que paralizara las inspecciones, y Calama accedió. Con la suspensión se interrumpe la prescripción y se detiene el plazo máximo de las inspecciones, que quedan a la espera del final de la causa.