¿No hay dinero? Partidos de Sinaloa colocan espectaculares rumbo a 2027

Sinaloa tiene ya espectaculares, lonas y publicidad con rostros de dirigentes y legisladores rumbo a las elecciones de 2027, antes del inicio formal de las campañas. Bajo figuras como “coordinadores” y “defensores”, o con informes de actividades legislativas, los partidos promocionan a sus liderazgos, mientras queda abierta la pregunta sobre cuánto cuesta este despliegue y de dónde salen los recursos para financiarlo.

En 2026, Morena recibió 77.1 millones de pesos de prerrogativas estatales, frente a los 22.5 millones del PAN y los 22.8 millones del PRI.

Las dirigencias de oposición han cuestionado que Morena concentre la mayor parte del dinero público destinado a los partidos, aunque sus propios representantes también aparecen en espectaculares. Es el caso de Roxana Rubio, coordinadora de la bancada panista, quien anteriormente criticó las bardas de Morena.

El contraste también alcanza al Congreso: los diputados locales perciben 103 mil 899 pesos netos mensuales por concepto de dieta y algunos pueden superar los 200 mil pesos brutos al mes por sus cargos y apoyos. ¿Quién paga esta publicidad y cuánto cuesta posicionar a los liderazgos rumbo a 2027?

Espectaculares y bardas

La promoción de Roxana Rubio tiene como justificación su Segundo Informe Legislativo, cuya difusión comenzó el 3 de noviembre. La legislación electoral de Sinaloa permite a los diputados promocionar sus informes durante un periodo de 13 días naturales: siete antes y cinco después de su presentación.

Sin embargo, la discusión gira en torno a las partidas de comunicación social del Congreso y al posible financiamiento público de espectaculares, recorridos y propaganda. Rubio había cuestionado anteriormente las bardas de Morena.

Otro caso es el de Ricardo Madrid, dirigente estatal del PVEM y diputado federal, quien también aparece en espectaculares de Culiacán. Su publicidad se suma a la de otros liderazgos que buscan posicionarse dos meses antes de que comiencen formalmente las precampañas, previstas para diciembre de 2026.

¿Qué dice la ley rumbo al 2027?

De acuerdo con el marco normativo del INE y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), los partidos políticos y coaliciones podrán colocar propaganda electoral en la vía pública únicamente durante los periodos de precampañas y campañas oficiales.

Dentro del Proceso Electoral Federal 2026-2027 en México, el plazo para las precampañas quedó fijado del 4 de enero al 12 de febrero de 2027. Durante este lapso se permitirá la propaganda dirigida exclusivamente a militantes y simpatizantes para definir candidaturas internas.

Las campañas electorales se realizarán del 4 de abril al 2 de junio de 2027. Este es el periodo constitucional principal donde se autoriza la difusión masiva de propaganda de cara a la jornada electoral del 6 de junio de 2027.

Los reglamentos electorales prohíben colgar o fijar propaganda en elementos del equipamiento urbano (como postes de luz, semáforos o señales de tránsito), zonas de reserva ambiental, o inmuebles públicos, limitándose sustancialmente a espectaculares autorizados y propiedades privadas que cuenten con el permiso expreso del dueño.

Las sanciones

El incumplimiento de los tiempos oficiales para la difusión de propaganda se cataloga legalmente como actos anticipados de precampaña o campaña. De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos, así como los criterios del Tribunal Electoral (TEPJF), las sanciones varían según la gravedad de la falta y el tipo de infractor.

Para los aspirantes, precandidados o candidatos, las sanciones escalan desde llamadas de atención económicas hasta la pérdida del derecho a competir. Entre estas se contempla la amonestación pública que queda registrada en el expediente electoral del infractor, así como multas impuestas directamente al infractor de forma individual.

La sanción más severa es la pérdida o negativa del registro. Si un aspirante o precandidato realiza actos anticipados de manera sistemática, el INE tiene la facultad de negarle el registro oficial como candidato o cancelarlo si ya le había sido otorgado.

Para los partidos políticos o coaliciones, la ley establece sanciones económicas que se calculan con base en Unidades de Medida y Actualización (UMA). El INE puede restar un porcentaje de su financiamiento público mensual ordinario hasta cubrir el monto de la infracción.

Según el Artículo 94, numeral 1, inciso e, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos, la pérdida del registro del partido es aplicable únicamente en casos extremos de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas a las leyes electorales.

Dentro de la fiscalización de recursos, cualquier lona, barda, panorámico o spot emitido fuera de tiempo se contabiliza de manera fiscal.

El costo comercial estimado de esa propaganda se suma directamente al tope de gastos de campaña del candidato. El artículo 41, Base VI, tercer párrafo, inciso a) advierte que si la propaganda no reportada provoca que el candidato exceda el tope de gastos de campaña por más del 5%, la Constitución estipula que es causa de nulidad de la elección.

Como consecuencia, se debe convocar a una elección extraordinaria en la cual la persona sancionada ya no puede participar.

Independientemente de la sanción final, cuando se detecta propaganda fuera de tiempo, la Unidad Técnica de Lo Contencioso Electoral del INE o el Tribunal Electoral pueden dictar medidas cautelares de emergencia. Esto obliga al partido o candidato a retirar o borrar la propaganda en un plazo no mayor a 48 horas.

Recursos para partidos

De acuerdo con las cifras oficiales aprobadas por el órgano electoral estatal, Morena captó una asignación global de 74 millones 421 mil 336 pesos para 2026, comprendida por 72 millones 253 mil 724 pesos para gasto ordinario permanente y 2 millones 167 mil 611 pesos para actividades específicas. Dicha suma convierte al partido guinda en una potencia financiera que acapara cerca del 40% de la masa presupuestal pública en la entidad.

En contraste con el músculo financiero oficialista, las fuerzas tradicionales de la oposición deben operar con presupuestos sensiblemente menores. Por ejemplo, para el ejercicio 2026, el Partido Revolucionario Institucional recibió un financiamiento público total de 22 millones 38 mil 611 pesos (integrado por 21 millones 396 mil 710 pesos en gasto ordinario y 641 mil 901 pesos en actividades específicas), mientras que el Partido Acción Nacional obtuvo un total de 21 millones 739 mil 370 pesos (con 21 millones 106 mil 184 pesos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y 633 mil 185 pesos para tareas específicas).

La asimetría financiera se profundizará en el 2027, donde el presupuesto global de prerrogativas partidistas escalará a 285 millones 295 mil 589 pesos debido a la incorporación de la bolsa de gastos de campaña, equivalente al 50% del financiamiento ordinario por renovarse la gubernatura, los 20 ayuntamientos y el Congreso local.

En ese escenario, Morena alcanzará una bolsa total de 113 millones 35 mil 525 pesos, en comparación con los 32 millones 592 mil 306 pesos proyectados para el PRI y los 32 millones 132 mil 766 pesos correspondientes al PAN.

Pese a proclamar estrechez presupuestal frente a Morena, los partidos de oposición han encontrado los mecanismos para financiar sus campañas de posicionamiento visual y territorial, sembrando la duda sobre el verdadero volumen y origen de los recursos que sostienen su despliegue proselitista.

Las dirigencias opositoras en Sinaloa basan su narrativa en esta marcada diferencia de ingresos para acusar la existencia de un sistema político asimétrico. Argumentan que la ventaja económica del partido gobernante imposibilita una competencia equilibrada y genera condiciones estructuralmente desiguales.

Analistas políticos acusan “omisión y complacencia"

El analista político Luis Alfonso Armenta denunció una postura de ”inacción, omisión y complacencia” por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) frente al avance de actividades proselitistas adelantadas por los partidos políticos rumbo al proceso electoral de 2027.

Explicó que las actividades y actos que despliegan estas estructuras promocionales no se limitan a tareas organizativas internas, sino que constituyen formalmente actos de precampaña e incluso de campaña electoral fuera de los plazos legales.

Por su parte, el también analista Alexandro Méndez afirmó que el partido Morena fue quien abrió la puerta al esquema de nombrar “coordinadores” para desarrollar actividades políticas con anterioridad a los tiempos formales marcados para las campañas.

Ante el despliegue del oficialismo, Méndez sostuvo que ”mal harían los demás partidos en no buscar condiciones de competencia equivalentes”. En su diagnóstico, el problema de fondo radica en la consolidación de una dinámica generalizada de contienda electoral precipitada que implica un fuerte gasto financiero adelantado.