Trenes, vivienda e inmigración centran un debate electoral en Cataluña que orilla el modelo territorial

La crisis ferroviaria, las dificultades para acceder a una vivienda y la posibilidad de un futuro Gobierno del PP y Vox centraron este domingo el primer debate electoral en Cataluña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Los seis candidatos trasladaron a los estudios de RTVE en Sant Cugat buena parte de las preocupaciones que han dominado el debate ciudadano durante los últimos meses, desde la crisis de Rodalies hasta el encarecimiento de los alquileres, aunque reservaron también una parte importante de sus intervenciones a los pactos que podrían configurar la próxima legislatura. Fue un debate sin grandes estridencias, con confrontaciones directas, reproches cruzados y alguna ironía, pero sin que las diferencias políticas derivaran en un tono especialmente agrio. En una Cataluña que en parte ha dejado atrás las tensiones del 'procés', el debate tuvo un fondo claramente ideológico, sin que el debate territorial, hasta hace poco dominante quedó en un segundo plano.En este sentido, la posibilidad de un Ejecutivo del PP con el apoyo de Vox sobrevoló buena parte del encuentro. El popular Xavier García Albiol dejó claro que no habrá freno a un posible acuerdo con los de Santiago Abascal, aunque defendió como objetivo una victoria suficientemente amplia para que Alberto Núñez Feijóo pueda gobernar en solitario. «Con Vox no tengo ningún tipo de complejo. Con Vox hay aspectos en los que coincido y otros en los que no. Si tenemos que llegar a acuerdos, no tengo ningún problema en decirlo», afirmó. Albiol apuntó incluso a una mayoría de 140 o 145 diputados que, a su juicio, permitiría al PP gobernar con acuerdos puntuales.Una posibilidad que los representantes de la izquierda aprovecharon para advertir de las consecuencias de un cambio de Gobierno. El socialista Jordi Hereu, ministro de Industria, presentó un eventual Ejecutivo del PP y Vox como una amenaza para el autogobierno y la identidad catalana. «Feijóo ni ha entendido, ni entiende, ni entenderá nunca Cataluña», aseguró. Y añadió que en las elecciones «nos jugamos incluso el autogobierno y la capacidad de mantener este modelo de integración, de catalanidad». El candidato de los Comuns, Ernest Urtasun, abundó en las críticas al PP y Vox, a los que acusó de promover la censura cultural y de perjudicar la promoción del catalán en las comunidades donde gobiernan.Albiol rechazó este planteamiento y reclamó hablar de los problemas que, a su juicio, verdaderamente preocupan a los ciudadanos: la vivienda, la inseguridad o la inmigración.Antes de entrar en las combinaciones parlamentarias, los candidatos habían dedicado buena parte del debate a las infraestructuras. La crisis ferroviaria, especialmente la de Rodalies, volvió a situarse en el centro de las críticas al Gobierno. Los partidos de la oposición dirigieron sus reproches a los dos ministros presentes, Hereu y Urtasun, a quienes responsabilizaron de la falta de soluciones a los problemas acumulados en la red.Míriam Nogueras, de Junts, insistió en que la solución pasa por el traspaso íntegro de las infraestructuras a Cataluña, frente a los modelos de gestión compartida. La dirigente independentista reivindicó la capacidad de gestión de la Generalitat y reclamó que Cataluña pueda decidir directamente sobre sus servicios ferroviarios.El debate económico permitió también a Hereu defender el gasto público y la inversión de las administraciones como instrumentos para mejorar los servicios y las infraestructuras. El ministro aprovechó para cuestionar a la derecha por su rechazo al acuerdo de financiación autonómica pactada por el Ejecutivo de Sánchez con ERC y ahora en suspenso.La vivienda fue otro de los grandes asuntos de la noche y uno de los que suscitó mayores discrepancias, especialmente entre las formaciones que han sostenido al Gobierno durante la legislatura.Urtasun reivindicó los decretos aprobados por el Ejecutivo para prorrogar contratos de alquiler y mantener las medidas de protección frente a los desahucios. El ministro defendió destinar el 1% del PIB a vivienda pública, prohibir los pisos turísticos y combatir la actividad de los denominados fondos buitre. También pidió directamente a Nogueras que reconsiderara el voto de Junts en la convalidación de los decretos prevista para el 12 de noviembre.La candidata de Junts replicó acusando al Gobierno de haber agravado el problema durante sus ocho años de mandato. «Una abuela que tiene un piso alquilado no es una especuladora», afirmó, antes de defender las rebajas fiscales, las deducciones hipotecarias y las ayudas para facilitar a los jóvenes el acceso a la propiedad.Gabriel Rufián, de ERC, cargó contra Nogueras por el rechazo de Junts a las medidas de protección de los inquilinos. «¿Por qué votan en contra de su país y de la gente de su país?», le preguntó. El republicano también reivindicó el papel de su partido para impulsar las políticas de vivienda del Ejecutivo y reclamó «freír a impuestos a quien quiera hacerse rico con la vivienda». Aizcorbe (Vox) reclamó menos trabas administrativas y poner suelo a disposición para construir de manera acelerada.Hereu defendió combinar las distintas herramientas de intervención pública. «Tenemos que proteger, regular y construir», resumió. El socialista reivindicó que con Pedro Sánchez se haya iniciado una política de Estado en vivienda y acusó a la derecha de confiar exclusivamente en la autorregulación del mercado.Albiol respondió que la crisis se ha agravado durante los gobiernos socialistas y que la regulación ha contribuido a bloquear la oferta de alquiler. También criticó que el Ejecutivo no distinga suficientemente entre inquilinos vulnerables y quienes dejan de pagar voluntariamente.Las diferencias se hicieron también evidentes en el bloque dedicado a inmigración. Albiol cuestionó la política de «puertas abiertas» y la relacionó con problemas de convivencia, delincuencia y ocupaciones. Con el encargo de liderar una propuesta legislativa contra la ocupación ilegal que permita desalojos en 48 horas, defendió, asimismo, el endurecimiento de las medidas contra los multirreincidentes: «El multirreincidente español, a prisión. El multirreincidente que sea extranjero, avión y de vuelta a su casa».Urtasun acusó al candidato popular de racismo por vincular inmigración e inseguridad y reivindicó las regularizaciones impulsadas por el Gobierno, mientras que Rufián reprochó a Vox un «discurso miserable» sobre los inmigrantes. La candidata de Junts control de entradas, expulsiones más ágiles y el traspaso de competencias a la Generalitat. Juan José Aizcorbe, de Vox, reclamó expulsar a los inmigrantes en situación irregular y defendió la prioridad de «los de casa».La política lingüística volvió a marcar distancias entre los partidos. Urtasun emplazó a Albiol a aclarar si el PP eliminaría el uso del catalán en el Congreso, como ha defendido Cayetana Álvarez de Toledo. El popular reiteró que se trata de una posición individual de su compañera, no del partido.En cuanto a la inmersión lingüística, Aizcorbe confirmó que Vox la eliminaría, mientras Albiol consideró que el modelo actual es «un fracaso» que debe replantearse «de arriba abajo». Rufián defendió la inmersión desde su experiencia personal y recordó que, pese a tener el castellano como lengua materna, eligió el catalán para hablar con sus hijos.ERC y Junts protagonizaron además varios enfrentamientos por sus respectivos papeles en Madrid. Nogueras reivindicó que Junts es el único partido de «obediencia estrictamente catalana» y reprochó a los republicanos su apoyo al PSOE. Rufián respondió cuestionando los resultados de su actividad parlamentaria y criticó que Junts se atribuya los avances en el uso del catalán en el Congreso y la amnistía.