La deslealtad institucional y el pulso del Gobierno a la justicia

Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se regía por un principio no escrito pero escrupulosamente respetado: la deferencia institucional. Los requerimientos de los tribunales al Gobierno se tramitaban con la celeridad que exige el respeto a la separación de poderes y el acatamiento de las resoluciones judiciales no era una opción, sino el pilar sobre el que descansa el Estado de derecho. El Ejecutivo respetaba a la justicia como garante última de las reglas del juego.Hoy, sin embargo, la crónica de los tribunales refleja un cambio de paradigma preocupante. La acumulación de ultimátums, apercibimientos y amenazas de multas coercitivas por parte de las más altas instancias judiciales (el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional) hacia el Ejecutivo y el partido que lo sustenta, dibuja un escenario de fricción constante. Estas conductas, percibidas desde el ámbito judicial como tácticas obstruccionistas, no son episodios aislados. Se producen en un contexto en el que incluso dentro del propio Gobierno se ha normalizado el uso del término 'lawfare' para cuestionar la imparcialidad de los magistrados. El resultado es una tormenta perfecta que ahonda en la deslegitimación del Poder Judicial.El análisis de cuatro resoluciones recientes evidencia la gravedad de esta deslealtad institucional que se ha traducido en que en algunos casos los jueces hayan tenido que recurrir a herramientas extremas para forzar el cumplimiento de la ley.El primero de los episodios es la dura advertencia de la Sala Tercera del Supremo al Gobierno por el censo de la ley de nietos. El pasado 23 de octubre los magistrados de lo Contencioso-Administrativo dieron un plazo de cinco días a los ministros de Justicia y Exteriores, Félix Bolaños y José Manuel Albares, para que entregaran la lista nominal de los 163.020 nacionalizados bajo la 'ley de nietos'. En su auto, dudaron en calificar de «incomprensible» la actitud de la Administración por no haber aportado ni un dato de los solicitados durante el mes y medio que llevaba vigente la suspensión del censo exterior. Transcurrido el plazo de cinco días sin que los ministros cumplan este requerimiento «esta Sala podrá acordar: la imposición de multa coercitiva por importe de 1.000 euros (...) sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar». No descartaron tampoco responsabilidades penales. El ultimátum dio sus frutos y a ambos ministros cumplieron con el mandato judicial. El segundo frente se sitúa en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, bajo la dirección de la magistrada María Tardón, a finales de octubre de 2026. El motivo de la obstrucción, la crisis migratoria de Ceuta y la opacidad gubernamental. La juez se vio obligada a dar un plazo de 15 días al Ejecutivo para que desclasificara y entregara de forma íntegra los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).Lo jurídicamente relevante de este caso no es solo el retraso, sino la forma en que el Ejecutivo intentó «cumplir» con el requerimiento inicial: enviando documentación censurada, con folios incompletos y omitiendo partes que el juzgado había solicitado expresamente para el esclarecimiento de los hechos. Un desafío en toda regla a la autoridad del instructor, porque, como recuerdan fuentes jurídicas, si bien el Estado tiene el deber de proteger su seguridad nacional, la desclasificación solicitada por un juez en el marco de una investigación penal no puede ser respondida con subterfugios ni entregas a la carta. No menos preocupante es la respuesta que el PSOE dio al requerimiento que el juez Santiago Pedraz le hizo, también en octubre, en el marco de la investigación de las 'cloacas' en Ferraz. El magistrado dio 15 días al PSOE para entregar «sin más demora» los expedientes de sus contrataciones con despachos de abogados entre 2021 y 2025. Lo llamativo de este caso es la estratagema utilizada por el partido para ganar tiempo: escudarse en una consulta genérica al Consejo General de la Abogacía invocando el secreto profesional. El magistrado fue categórico al desmontar esta maniobra: «Ninguna disposición legal atribuye a dicha iniciativa unilateral la virtualidad de paralizar una diligencia de investigación judicial ni de diferir el cumplimiento de una resolución jurisdiccional firme«, advirtió. Pero la inacción no solo se ha visto en la retención de documentos, sino también en la parálisis administrativa frente a obligaciones legales ineludibles. La misma Sala Tercera del Tribunal Supremo protagonizó hace unos meses otro duro varapalo al Ejecutivo al dictar un requerimiento bajo apercibimiento por su «trascendente demora» en asumir sus competencias respecto a los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo en Canarias.En esta ocasión, el Supremo no pedía un papel: exigía acción. Otorgó un plazo «improrrogable» (reiterado de 10 a 15 días) advirtiendo que el Estado debía hacerse cargo de estos menores «sin posibilidad de excusa o reparo alguno». Que el Tribunal Supremo tenga que recordar al Gobierno central que no hay excusa válida para eludir el amparo de menores en situación de extrema vulnerabilidad demuestra el grado de desgaste de la lealtad institucional. La suma de estos cuatro episodios recientes dibuja una radiografía preocupante de las relaciones entre poderes en España. Cuando el Supremo y la Audiencia Nacional se ven abocados a redactar apercibimientos, amenazar con multas y advertir de consecuencias penales a ministros y altos cargos, la anomalía se convierte en norma. Y es que estas conductas obstruccionistas no son episodios aislados. Se enmarcan en un momento donde desde el propio poder político se señala a jueces con nombres y apellidos, acusándoles de practicar el 'lawfare' o de actuar con motivaciones políticas. Esto es algo que el mundo judicial comparte que no se puede pasar por alto porque la combinación de ambos factores —el cuestionamiento público de la labor judicial y la resistencia institucional a colaborar con los tribunales— transmite a la sociedad la idea de que la Justicia es un adversario político al que hay que sortear. Poco a poco, gota a gota, hace tiempo que se viene produciendo este desgaste con el riesgo de dejar al Estado de derecho sin su escudo más importante: la 'auctoritas' de los jueces y tribunales.