Taddei, batalla perdida

La Presidenta Claudia Sheinbaum tiene perdida la batalla por deslindar a Guadalupe Taddei de Morena. Ha invertido un enorme capital político en una cruzada inútil, porque las denuncias sobre presuntas irregularidades y delitos durante la gestión de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) siguen acumulándose. Las investigaciones periodísticas sobre su paso por la institución continúan aportando elementos inquietantes. Hasta ahora, se han señalado adjudicaciones poco transparentes y decenas de contrataciones sospechosas por montos que superarían los 30 mil millones de pesos, cuya posible ilegalidad tendría que determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

El caso Taddei tiene de cabeza a Sheinbaum, que lleva chapoteando en el lodo desde el 23 de octubre, cuando dijo que debían investigarse las denuncias periodísticas -crecientes, numerosas y apabullantes- e instó a actuar al propio INE y a la Auditoría Superior de la Federación, órganos sobre los que legalmente no tiene facultades de mando. Como no pudo contener la cascada de señalamientos, cambió de estrategia y la semana pasada utilizó sus conferencias matutinas para afirmar que la corrupción venía del pasado y vincular a Taddei con la protección de su antecesor, Lorenzo Córdova. En la cima de la ridiculez, ubicó las raíces de esa presunta corrupción en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¡hace más de tres décadas!

¿Por qué tanto esfuerzo? El caso Taddei tiene dos vertientes. La primera se relaciona con las acusaciones de corrupción que involucran a su presunta pareja, el contratista Alfredo Hernández Casillas, y con posibles vínculos entre ambos y licitaciones irregulares durante su gestión. Según los señalamientos difundidos, se habrían elaborado contratos a la medida para favorecer a determinadas empresas, por montos superiores a los 30 mil millones de pesos, además de decenas de contrataciones sospechosas que todavía estarían bajo revisión. La segunda vertiente apunta a que el escándalo podría ser resultado de un conflicto dentro de Morena.

Existen varias versiones sobre quién o quiénes están detrás de las filtraciones. No se trata solo de morbo, sino de un dato fundamental para comprender qué hay realmente detrás de esta implosión en la 4T. Una de las versiones sostiene que la filtración original se realizó con material entregado por el propio Hernández Casillas, quien habría presumido de haberlo hecho en venganza porque Taddei supuestamente lo había traicionado al retirarle un contrato. La autoría y las circunstancias de esa filtración requieren corroboración independiente.

Ese contrato, aparentemente, estaría relacionado con una adjudicación para modificar los sistemas del INE, en la que habría estado involucrado Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dependencia que participa en la integración y coordinación de sistemas de información gubernamentales. No hay información independiente que confirme esta versión, que, sin embargo, coincide parcialmente con otra que señala a Merino como presunto autor intelectual del escándalo. El argumento de que Merino no haría nada que pudiera afectar a la Presidenta es cuestionado por quienes le atribuyen una agenda particular y lo vinculan con filtraciones sobre la Línea 12 del Metro que impactaron negativamente a Sheinbaum. Estas atribuciones tampoco están acreditadas en el texto.

Lo que queda en el aire es quién habría sido el intermediario entre Hernández Casillas y los medios que comenzaron a divulgar las presuntas irregularidades en el INE. Conocerlo permitiría determinar si, como sostiene otra versión, dos consejeros estuvieron detrás de las filtraciones. De confirmarse esa hipótesis, sería importante conocer sus nombres y establecer si tienen vínculos con algún grupo o facción de la 4T, así como los posibles motivos de un escándalo en el que no habría importado sacrificar políticamente a Taddei, considerada cercana al movimiento.

Ocultar las peleas internas en Morena por la disputa del INE y su control durante el proceso electoral del próximo año podría explicar la actitud de Sheinbaum para deslindar a Taddei de la 4T. Al mismo tiempo, la lentitud atribuida al gobierno para actuar sobre las cuentas de los involucrados habría dado margen para que Taddei y Hernández Casillas salieran del país y, eventualmente, dispusieran de sus recursos. No obstante, la existencia de transferencias patrimoniales relacionadas con este caso tendría que acreditarse.

No se ha confirmado públicamente dónde se encuentra Taddei. Versiones citadas en torno al caso sostienen que viajó por carretera a Estados Unidos, donde tendría propiedades en Arizona y California. Según reportes periodísticos, Hernández Casillas estaría en Argentina y tendría previsto viajar esta semana a Estados Unidos. De no existir órdenes de aprehensión ni otras restricciones legales en su contra, ambos podrían desplazarse sin enfrentar una detención derivada de estos señalamientos.

El tiempo que, a juicio del autor, la respuesta gubernamental habría concedido a Taddei y Hernández Casillas para prepararse ante posibles investigaciones plantea interrogantes sobre eventuales omisiones institucionales. Una de ellas corresponde a la actuación de la fiscal Ernestina Godoy. Existe un concepto jurídico denominado notitia criminis o “noticia criminal”, que se refiere al conocimiento que adquiere una autoridad investigadora sobre la posible comisión de un delito, independientemente de que después se compruebe o no. Ese conocimiento puede provenir de una denuncia, una querella o información difundida públicamente, incluidas investigaciones periodísticas. En este caso, la columna cuestiona que no se haya informado de la apertura de una investigación. Sin embargo, esa circunstancia, por sí sola, no permite concluir que se haya concedido una amnistía ni que exista encubrimiento.

También se cuestiona la actuación del fiscal especializado en delitos electorales, Facundo Santillán Julián, ante hechos divulgados por la prensa que, de corresponder a su ámbito de competencia, ameritarían una revisión. El titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, habría declarado que conocía señalamientos de corrupción desde mayo del año pasado, sin que en el texto se documenten las actuaciones realizadas a partir de entonces. La consejera Rita Bell admitió que varios integrantes del Consejo General recibieron denuncias sobre posibles malos manejos. Carla Humphrey -cuya cuñada, según los señalamientos citados, también sería proveedora del INE-, Arturo Castillo y Martín Faz habrían advertido irregularidades en la adjudicación de contratos. Castillo también habría reconocido que, durante su gestión en Talleres Gráficos de México, presentó denuncias sobre presuntas irregularidades relacionadas con el INE.

Todos ellos, de distintas maneras y en momentos diferentes, habrían tenido conocimiento de los señalamientos. La columna cuestiona que las actuaciones institucionales no se hubieran producido con mayor oportunidad y que los consejeros decidieran presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General hasta noviembre. En caso de acreditarse incumplimientos de deberes legales específicos, podrían existir responsabilidades administrativas o penales. Para sostener esa conclusión sería necesario determinar las atribuciones, obligaciones y actuaciones de cada funcionario, así como la posible aplicación de los artículos 214, 215, 225 y 400 del Código Penal Federal.

Este es el lodazal político en el que, según los señalamientos expuestos, se encuentra la 4T y que la Presidenta intenta limpiar y controlar. La controversia erosiona la autoridad y la legitimidad que el movimiento reivindica y alimenta cuestionamientos sobre su respuesta ante posibles actos de corrupción de personas cercanas. Sin embargo, atribuir a Sheinbaum complicidad por omisión o encubrimiento exige demostrar los elementos jurídicos correspondientes, no solo su actuación política. Recurrir al pasado para deslindar a Taddei no la sacará del atolladero, como lo está experimentando todos los días.

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