Sin jóvenes conectados, no hay futuro para el campo

Cada año, miles de jóvenes de las zonas rurales de África y de América Latina y el Caribe se enfrentan a una decisión difícil. En sus comunidades, la conexión a internet es limitada o inexistente, las oportunidades de capacitación son escasas y los ingresos de la actividad agrícola muchas veces no alcanzan para construir un proyecto de vida. En las ciudades, aunque tampoco existen garantías, encuentran mayores posibilidades. Y muchos deciden partir.

Su partida tiene consecuencias que van mucho más allá de las familias que dejan atrás. La agricultura pierde una generación indispensable para incorporar nuevas tecnologías, aumentar la productividad y renovar las formas de producir. El problema no es la falta de talento ni de voluntad de los jóvenes rurales, sino las condiciones que encuentran para desarrollar sus capacidades. Durante años hemos discutido la conectividad rural en seminarios, conferencias y documentos, mientras numerosas comunidades continúan perdiendo a sus nuevas generaciones.

Los datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), publicados el 3 de noviembre en su informe Facts and Figures 2026, muestran la magnitud del desafío. Aunque el 76 % de la población mundial utiliza internet, las diferencias territoriales siguen siendo considerables. En las ciudades, el acceso alcanza al 82 % de sus habitantes, mientras que en las zonas rurales solamente el 63 % utiliza la red. En África, donde apenas el 42 % de la población está conectada, la proporción de usuarios urbanos continúa siendo más del doble que la rural.

En América Latina y el Caribe la situación es relativamente mejor, aunque los promedios regionales ocultan profundas desigualdades. Las estadísticas de la UIT para las Américas incluyen a Estados Unidos y Canadá, países con niveles elevados de conectividad, lo que dificulta apreciar la verdadera dimensión de las carencias en los territorios rurales latinoamericanos y caribeños.

El problema viene siendo documentado desde hace años. Un estudio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), realizado por Sandra Ziegler y Joaquín Arias Segura, estimó en 2022 que 72 millones de habitantes rurales de América Latina y el Caribe carecían de conectividad con estándares mínimos de calidad. La investigación mostró que solamente el 43,4 % de la población rural disponía de conectividad significativa, frente al 79 % de la población urbana. Aunque estos datos corresponden a 2022, ilustran la magnitud de una desigualdad que exige atención sostenida.

La brecha resulta todavía más preocupante cuando observamos a las nuevas generaciones. Según la UIT, en 2026 el 86 % de los jóvenes de entre 15 y 24 años utiliza internet en el mundo, frente al 74 % del resto de la población. Los jóvenes están más familiarizados con las tecnologías digitales y conocen sus posibilidades, pero muchos de quienes viven en comunidades rurales carecen de las condiciones necesarias para aprovecharlas plenamente.

La transformación digital ya está modificando la manera de producir alimentos. Sensores que permiten administrar mejor el agua, información meteorológica disponible en el teléfono, sistemas de trazabilidad, acceso a mercados, servicios financieros digitales y aplicaciones capaces de identificar plagas están ampliando las posibilidades de la agricultura. Muchas de estas herramientas pueden resultar especialmente valiosas para pequeños y medianos productores, siempre que sean accesibles y respondan a sus necesidades.

Pero la tecnología, por sí sola, no transforma una comunidad. Necesita personas capaces de comprenderla, adaptarla y utilizarla. Los jóvenes pueden desempeñar un papel decisivo en ese proceso, tanto en sus propias explotaciones como en la prestación de servicios tecnológicos a otros productores.

Aquí aparece una cuestión fundamental: la relación entre conectividad y educación. Durante décadas hemos insistido en que la educación es una de las herramientas más importantes para superar la pobreza y ampliar las oportunidades. Esa afirmación adquiere hoy un significado especial en el mundo rural. No basta con llevar internet a una comunidad si sus jóvenes no cuentan con la formación necesaria para utilizarlo productivamente. La conectividad abre una puerta, pero son la educación, la capacitación y las oportunidades económicas las que permiten atravesarla.

Las escuelas rurales deberían convertirse también en espacios de acceso a la tecnología y de formación vinculada a las actividades productivas de cada territorio. Los servicios de extensión agrícola pueden incorporar a jóvenes de las propias comunidades como técnicos, capacitadores y promotores de innovación. Esta combinación permitiría fortalecer la producción y, al mismo tiempo, crear nuevas oportunidades de empleo rural.

¿Qué corresponde hacer? En primer lugar, los gobiernos deben asumir la conectividad rural como una prioridad de desarrollo y no solamente como un problema de infraestructura de telecomunicaciones. Los fondos de servicio universal, las obligaciones de cobertura de los operadores y las inversiones públicas y privadas pueden contribuir a extender las redes hacia territorios que hoy permanecen insuficientemente atendidos.

También es necesario reducir el costo de acceso. Disponer de cobertura no significa necesariamente poder pagarla. En numerosos países, especialmente entre las familias de menores ingresos, el costo de los dispositivos y de los servicios de internet continúa siendo una barrera importante. Los programas de conectividad para escuelas rurales, los equipos asequibles y las tarifas adaptadas a las posibilidades económicas de las familias pueden contribuir a cerrar esa distancia.

Sin embargo, sería un error pensar que la conectividad y la capacitación resolverán por sí solas el problema de la migración juvenil. Los jóvenes también necesitan acceso al crédito, a la tierra, a los mercados y a condiciones que hagan viable una actividad económica en sus comunidades. La decisión de permanecer en el campo debe ser una elección con perspectivas de progreso y no una obligación impuesta por la falta de alternativas.

El sector privado tiene igualmente una responsabilidad importante. Las empresas de telecomunicaciones, tecnología, insumos y agroindustria dependen de la existencia de productores capaces de incorporar innovaciones y sostener cadenas de suministro competitivas. Su participación debe traducirse en inversiones, formación, empleos y soluciones tecnológicas adaptadas a la realidad de la pequeña y mediana agricultura. También significa abrir oportunidades comerciales para los emprendimientos impulsados por jóvenes rurales.

África y América Latina y el Caribe tienen mucho que compartir en este terreno. Existen experiencias valiosas de agricultura digital, educación técnica, extensión agrícola y organización de productores que podrían ampliarse mediante una cooperación más estrecha entre países y regiones. El intercambio de conocimientos y tecnologías debe convertirse en proyectos concretos, con resultados verificables.

Disponemos de suficientes diagnósticos para conocer la dimensión del problema. Sabemos que la conectividad rural es desigual, que los costos siguen siendo elevados para muchas familias y que la falta de oportunidades empuja a numerosos jóvenes hacia las ciudades. Lo que necesitamos ahora es convertir ese conocimiento en decisiones, inversiones y programas cuyos resultados puedan medirse.

No se trata de convencer a los jóvenes de que permanezcan en el campo a cualquier precio. Se trata de ofrecerles condiciones para que puedan elegir su futuro, desarrollar sus capacidades y encontrar en la agricultura una actividad moderna, productiva y digna.

El futuro de la agricultura dependerá, en buena medida, de nuestra capacidad para ofrecer a las nuevas generaciones rurales las mismas oportunidades de aprender, innovar y progresar que hoy buscan fuera de sus comunidades.

*El autor es Asesor Senior del Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)