La sotana, enemiga de la burocracia

Marco Antonio Barrera

El reciente caso del padre José Alberto Medel Ortega, párroco de Santa María Tepepan en Xochimilco, abrió una reflexión profunda sobre los límites de la burocracia frente a los derechos constitucionales en México.

Al acudir a renovar su pasaporte en una delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Coyoacán de la Ciudad de México, se topó con un muro infranqueable de rigidez administrativa condensado en una disyuntiva autoritaria: “O cedes o no hay documento”.

El clérigo recibió un trato discriminatorio con la exigencia de retirarse la sotana y el alzacuellos, bajo el pretexto de que su vestimenta violaba supuestas normativas internas contra la “propaganda religiosa”.

Ello, no sólo exhibió un preocupante desconocimiento legal de los funcionarios de ventanilla, sino un sesgo ideológico que desborda el principio de laicidad para rozar la intolerancia activa.

La contradicción institucional puesta sobre la mesa fue flagrante y peligrosa. Una circular interna, un reglamento de oficina o el criterio aislado de una persona jamás pueden colocarse por encima del artículo 1° de la Constitución, que prohíbe explícitamente cualquier forma de discriminación motivada por la religión, ni del artículo 24, que consagra la libertad de culto y de convicciones éticas.

Frente a la hostilidad, los argumentos del párroco no sólo fueron jurídicos, sino de una profunda congruencia personal y filosófica.

La víctima defendió que el sacerdocio no es un oficio con horario de oficina, sino un estilo e identidad indisoluble que se ejerce las 24 horas de los 7 días de la semana.

“Yo tengo principios, yo no tengo otra ropa, yo así visto desde que me ordené sacerdote a la fecha. Visto de riguroso negro, es la ropa clerical y así voy a todas partes”, sostuvo con firmeza.

Sus palabras desarman la visión burocrática que pretendió tratar su indumentaria como un accesorio o un disfraz del cual despojarse a capricho del funcionario en turno; para él, desvestirse de su condición clerical implicaba despojarse de su propia identidad y de su opción de vida fundamental.

En el plano técnico, el argumento del párroco fue impecable: su rostro estaba completamente visible y despejado, cumpliendo con los estrictos requerimientos de identificación biométrica que se exige para garantizar la seguridad del documento. No existía impedimento físico real para la toma de fotografía.

Asimismo, invocó con lucidez los antecedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya ha sentado jurisprudencia al respecto, permitiendo a mujeres mexicanas de la comunidad musulmana posar en fotografías oficiales utilizando el hiyab (velo que cubre la cabeza y el cuello).

El criterio usado por la Corte fue que los derechos humanos y la libertad religiosa no se oponen a una identificación oficial siempre que las facciones queden descubiertas.

A pesar de tener la razón jurídica y la lógica de su lado, el sacerdote fue sometido a un esquema de discriminación, intimidación y trato hostil, respaldado veladamente por la presencia de un elemento policial en el módulo de trámites para forzarlo a ceder.

Ante la amenaza de perder el trámite y la necesidad imperante del pasaporte, Medel Ortega terminó cediendo ante la humillación institucional para no ver congelado su derecho fundamental al libre tránsito.

Al denunciar el hecho en sus redes sociales, el clérigo visibilizó que esta persecución no es un hecho aislado, sino una constante que sufren silenciosamente muchas religiosas y ministros de culto en el país de manera arbitraria.

Su reclamo dejó en el aire una pregunta incómoda: ¿por qué ser un ciudadano con plenos derechos se vuelve condicional si se elige una opción de vida religiosa? ¿Son los sacerdotes católicos ciudadanos de segunda con libertades restringidas ante la ley?

La rápida intervención del canciller Roberto Velasco, quien ordenó la reposición del pasaporte con la indumentaria eclesiástica y anunció una revisión interna del personal, desactivó el escándalo mediático, pero no resolvió el problema de fondo.

El laicismo del Estado mexicano debe ser entendido como un espacio de neutralidad que garantice la convivencia plural de todas las identidades, no como un garrote burocrático utilizado para despojar a los ciudadanos de su dignidad en aras de una supuesta asepsia ideológica o un anticlericalismo trasnochado.

Al final, resulta tragicómico que, en un país rebasado por la violencia y la impunidad, las fuerzas del orden y el celo administrativo concentren su artillería en perseguir alzacuellos en una ventanilla de Coyoacán.

El verdadero peligro para las instituciones no emana de la fe de un párroco plasmada en un microchip biométrico, sino de esa tiranía menuda del burócrata con ínfulas de legislador.

Mientras el Estado no entienda que laicidad es respeto y no castración de identidades, seguiremos expidiendo pasaportes de primera para ciudadanos obligados a disfrazarse de la nada para poder viajar.

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