La segunda dispersión a los trabajadores de Mexicana

Los trabajadores de la antigua Mexicana de Aviación llevamos más de 3 años esperando un segundo pago por la venta de los pocos bienes (inmuebles) con los que aún cuenta la empresa, pero esto no ha podido ser posible.

Y para responder a la pregunta ¿por qué?, tenemos que ir al principio de esta historia, cuando en el gobierno federal -entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador-, en aras de darle una salida lo más digna posible al caso de los trabajadores de Mexicana, se analizaron distintas soluciones.

Sin embargo, al pasar de los años el caso de Mexicana se ha ido enredando a tal grado que es prácticamente imposible desenmarañar la madeja jurídica.

Por eso, la única solución viable que logró aterrizar en las mesas de negociaciones fue que el gobierno adquiriese los bienes de la antigua aerolínea, principalmente la marca (el nombre comercial) para utilizarla en una nueva aerolínea. Siempre se habló de que el pago se haría en dos momentos, o “dispersiones” como se les llamó.

Pero hay que tener presente que, desde el principio, un grupo de trabajadores frenó la primera dispersión, alegando que habían ganado un laudo en tribunales que les adjudicaba la totalidad del monto de la venta de la marca. Esto llevó al gobierno federal a tener un plan b, y en caso de que, por falta de acuerdo entre los trabajadores, no se llevara a cabo la venta de la marca, la aerolínea se iba a llamar “Olmeca-Maya”.

Derivado de los embargos trabados sobre los bienes, quienes pueden beneficiarse de su venta son los trabajadores, distribuidos en cinco organizaciones. Y dadas las condiciones reales y jurídicas del caso, todas las negociaciones para este acuerdo con el gobierno se llevaron partiendo de la voluntad política de las partes implicadas.

Y es que el nudo procesal era tan grande que ninguno de los trabajadores contaba con una sentencia firme que fuera exigible en el mundo real. Todos los derechos estaban reconocidos, pero materialmente era imposible hacerlos líquidos sin que un grupo de trabajadores dejara en el desamparo a otro. Sin esas mesas de negociación, jamás hubiéramos podido vender la marca.

Básicamente, y lo diré de una forma simple y llana, “porque la cobija no alcanzaba para cubrir a todos”. La venta de los bienes no era suficiente para liquidar al 100% a los trabajadores.

Imaginen ustedes, ¿quién puede pagar -solamente- los salarios caídos que durante más de 10 años merecen 8,500 trabajadores? La primera dispersión, que sí se llevó a cabo, correspondió solamente a la venta de la marca que se hizo al gobierno, y para los trabajadores de la antigua Mexicana, representó (grosso modo) apenas un 5% de lo que por ley nos correspondería.

Ahora bien, hasta la fecha no se ha efectuado el segundo pago (o segunda dispersión), que corresponde a la venta de los pocos bienes con los que cuenta la antigua aerolínea. Y esta transacción está detenida porque existe un grupo de menos de 45 trabajadores que, argumentando que no fueron contemplados en la primera dispersión, exigen el 100% de este segundo pago.

De nueva cuenta, la salida legal no será con base en los derechos adquiridos, sino la que resulte de una seria negociación, la cual ha llevado el gobierno federal, con el abogado de ellos y ante el juez que lleva el caso, jurisconsulto al que me referiré un poco más adelante.

Lo que hoy está sobre la mesa es que el gobierno -para empezar- garantizará el pago de la parte proporcional que ese grupo de trabajadores exige, tal y como lo recibimos el resto de trabajadores de la antigua Mexicana.

El acuerdo es que una vez que se deposite ante la autoridad el billete que garantice dicho monto, se proceda a la dispersión del segundo pago, pero por temas de ejercicios fiscales y de presupuesto, es imperante que se haga antes de que termine este año.

La realidad es que las autoridades del gobierno federal han sido sumamente pacientes con nosotros, los trabajadores, quienes en realidad hemos sido los causantes de la tardanza en estos pagos, porque diferentes grupos de trabajadores han ingresado recursos jurídicos que entorpecen la dispersión.

Dicho esto, ahora me referiré al Lic. Alejandro Dzib Sotelo, juez quinto de distrito en materia civil en la Ciudad de México. Aclaremos que no es juez “del acordeón” sino que tiene una larga trayectoria. De acuerdo con la ficha ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1979, y 20 años después llegó a ser Juez de Distrito.

Jenofonte, el historiador griego, dijo “Es difícil obrar de manera que se vea uno libre de faltas”, y se vuelve superlativo cuando de juzgar se trata. Diferentes medios de comunicación han documentado momentos puntuales del trayecto de este juzgador, que se ha visto envuelto en algunos escándalos, como es el caso de la “Cooperativa Palo Alto” en 2022, donde se pidió que se le investigara por favoreces a empresas, pero no es el único señalamiento que pesa contra este juez.

También está envuelto en el caso de la Cooperativa Cruz Azul, siendo acusado de tráfico de influencias. Y también estuvo involucrado en el caso del concurso mercantil de Oceanografía.

El “caso de Mexicana” tiene muchos capítulos. El más reciente se centra en esta etapa en la que los trabajadores seguimos esperando la mínima parte de un resarcimiento.

No nos vamos a engañar, cualquiera que haya pisado un juzgado sabe que existen miles de maniobras de mala fe cuyo objetivo es retrasar, obstaculizar o manipular la ley.

No resultaría raro que el abogado de este grupo de compañeros tenga información por parte del juez para seguir entorpeciendo la ejecución del acuerdo que ya existe con el gobierno para la segunda dispersión.

Queda claro que ni al litigante ni al juzgador les corre ninguna prisa. Al segundo incluso puede ser que le convenga que así sea, porque es más tiempo cobrando “para los gastos y las copias”, como se maneja en la jerga de los litigios.

Pero el juzgador no puede perder de vista que la justicia es la reina de las virtudes, y él es su servidor, y que su sabiduría no reside en saber mucho, sino por entender bien lo esencial.

Aquí estamos ante la defensa de los derechos de los trabajadores de la antigua Mexicana de Aviación, víctimas de un fraude descomunal avalado por administraciones federales del pasado. Ya hay un acuerdo en firme sobre la mesa, y consenso de las partes involucradas.

De hecho el Gobierno Federal ya tiene “planchada” la dinámica para entregar el recurso económico a los trabajadores, vía la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como se hizo la vez anterior.

Por eso considero que los trabajadores de la antigua Mexicana hemos agotado todas las instancias para ejercer nuestro derecho de petición. Me queda claro que en esta ocasión no es el Poder Ejecutivo Federal quien se niega a resolver el asunto.

La justicia lenta no se puede llamar justicia. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados, a seguir esperando eternamente. De manera respetuosa, no necesariamente silenciosa, pero siempre en el marco de la ley, vamos a ejercer la presión necesaria para que el Poder Judicial Federal, concretamente el juez quinto de distrito en materia civil en la Ciudad de México, Alejandro Dzib Sotelo, deje de darle largas a este asunto.