La CPI subraya la vigencia de su orden de arresto contra el exdirigente sudanés Harun

“Recordamos que existe una orden de detención pendiente contra el señor Harun por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, señaló la CPI en una breve reacción remitida a los medios en la ciudad neerlandesa de La Haya, sede de este tribunal internacional.

Además, subrayó que “depende de la cooperación de los Estados y de las autoridades pertinentes para ejecutar las órdenes de detención y llevar a los sospechosos ante la Corte”.

Harun, antiguo ministro de Estado del Interior de Sudán y dirigente del Partido Congreso Nacional, que gobernó el país durante las tres décadas de dictadura de Al Bashir (1989-2019), fue detenido el domingo por el Ejército sudanés, confirmó a EFE una fuente de su formación política.

La fuente, que pidió mantener el anonimato, explicó que las fuerzas de seguridad arrestaron al exdirigente después de que concediera una entrevista en un podcast, y que estas lo trasladaron desde su domicilio a un lugar desconocido, sin precisar los motivos de la detención.

La CPI emitió en abril de 2007 una orden de arresto contra Harun por 42 cargos, de los cuales 20 corresponden a crímenes de lesa humanidad y 22 a crímenes de guerra, entre ellos asesinatos, violaciones, persecución, desplazamientos forzosos, torturas y ataques contra la población civil.

Los crímenes fueron presuntamente cometidos entre 2003 y 2004 en Darfur, en el oeste de Sudán, durante el conflicto entre el Gobierno sudanés, milicias aliadas y grupos rebeldes.

El procedimiento contra Harun permanece en fase preliminar, ya que la CPI no puede juzgar en rebeldía y necesita que el sospechoso sea detenido y trasladado a su centro de detención en La Haya para que avance el proceso.

Harun ya había sido detenido en 2019, tras el derrocamiento de Al Bashir, y fue encarcelado junto a otros altos cargos del antiguo régimen en la prisión de Kober, en Jartum, pero nunca fue entregado a la CPI.

El antiguo dirigente escapó de prisión durante la guerra que enfrenta desde abril de 2023 al Ejército sudanés con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un conflicto que ha provocado desplazamientos masivos, hambruna y una crisis humanitaria considerada por Naciones Unidas como la mayor del mundo.

Por su parte, Al Bashir, que gobernó Sudán con mano de hierro durante tres décadas hasta ser derrocado por el Ejército en 2019 tras meses de manifestaciones, también está reclamado por la CPI desde 2009 por presuntos crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio en Darfur, pero nunca fue entregado a la justicia internacional.

Al Bashir, cuyo caso también permanece en fase preliminar a la espera de que sea puesto a disposición de la Corte, fue el primer jefe de Estado en ejercicio contra el que la CPI dictó una orden de detención y el primero acusado de genocidio por el tribunal.