Argentina busca frenar en TIDM la explotación de petróleo en Malvinas por el Reino Unido

Las delegaciones de ambas partes se disponen a defender durante dos días en cuatro sesiones -dos de tres horas el martes y otras dos de hora y media el miércoles- sus posturas con respecto a los proyectos petroleros.

En el marco de las vistas orales, este lunes se completó la composición del tribunal, presidido por el camerunés Maurice K. Kamga, tras el juramento como jueces ad hoc del argentino Raúl Vinuesa y del británico Vaughan Lowe, quienes declararon integrar el grupo de magistrados para trabajar con "honor, imparcialidad y concienzudamente".

Según indicaron a EFE fuentes del tribunal, la decisión de la corte sobre las medidas cautelares solicitadas por Argentina podría hacerse pública entre mediados y finales de este mes.

El inicio de las excavaciones petrolíferas de Sea Lion, un proyecto frente a la costa operado por la petrolera israelí Navitas (65 %), de la también es socia la británica Rockhopper (35 %), está programado para principios de 2027 en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros al norte del archipiélago tras aprobar el Reino Unido en diciembre de 2025 la decisión definitiva de inversión.

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de Argentina, María Ibarzabal Murphy, encabezará la comitiva argentina, cuya defensa está a cargo de un trío compuesto por Marcelo Kohen, jurista con experiencia como juez ad hoc del Tribunal del Mar, Nico Schrijver, expresidente del Instituto de Derecho Internacional de Ginegra, y Agustín Giustiniani, profesor de resolución de disputas internacionales.

Argentina presentó en octubre ante el TIDM, órgano con sede en el norte de Alemania donde se dirimen diferencias en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) -tratado de 1982 rubricado por Argentina y Reino Unido-, una solicitud de medidas cautelares destinadas a "impedir el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental" de las islas.

La demanda de Argentina también pide que el Reino Unido se abstenga de hacer uso de la información obtenida en las exploraciones ya realizadas y que Londres deje de impedir a Buenos Aires cumplir con sus obligaciones en la protección y preservación del medio marino afectado por los proyectos, además de abstenerse de tomar más medidas que agraven la disputa territorial por las islas.

De la media docena de licencias que las autoridades británicas han concedido para la Cuenca Norte de las islas Malvinas, dos son relativas a Sea Lion, pero Argentina las rechaza todas al considerarlas proyectos "ilegales" y "unilaterales".

El Reino Unido, por su parte, considera legítimos los planes porque constituyen una "actividad" comercial regulada bajo "la legislación de las Islas Falkland", denominación en inglés del archipiélago.

El pasado jueves, el presidente argentino, Javier Milei, expresó durante una visita a Madrid en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana su rechazo a los planes británicos, a los que acusó de "comprometer recursos naturales que pertenecen a los argentinos" y de "contradecir la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas".

Dicha resolución, que data del 1 de diciembre de 1976, insta a las partes a abstenerse de "adoptar decisiones que impliquen introducir modificaciones unilaterales" hasta que no se alcance una solución al conflicto por las islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833 tras expulsar a las autoridades argentinas en las islas. Una disputa marítima

Según explicó a EFE Valentin Schatz, profesor de Derecho del Mar en la Universidad de Luneburgo, la disputa en el TIDM tiene que ver para Argentina, sobre todo, con la soberanía de las islas.

"Para Argentina, no se trata tanto de este proyecto concreto (de explotación), sino de que considera las Islas Malvinas como parte de su territorio y, por lo tanto, ve como un problema la explotación de recursos en sus aguas por parte del Reino Unido", explicó.

Así, Donald R. Rothwell, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Nacional Australiana, indicó a EFE que "uno de los desafíos para Argentina será convencer al tribunal de que se trata de una controversia sobre derecho del mar y no, en realidad, de una disputa territorial".