Fiscalía rechaza pedido de arresto domiciliario para Miguel Vázquez

• Los fiscales solicitaron al Tribunal de Apelación que ratifique la prisión preventiva del exdirectivo de Ueno.
• La defensa ofreció dos inmuebles por G. 2.925 millones como garantía y pidió, de manera subsidiaria, el arresto domiciliario con tobillera electrónica.
• El Ministerio Público sostiene que existe peligro de fuga debido al rol que habría desempeñado Vázquez en la estructura societaria investigada.

El Ministerio Público se opuso al pedido de la defensa de Federico Miguel Vázquez Villasanti, exdirectivo y CEO del extinto banco Ueno, para sustituir la prisión preventiva por una medida menos gravosa, y solicitó que continúe recluido mientras avanza el proceso penal relacionado con las presuntas irregularidades financieras de la entidad.

Los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Silvio Corbeta y Yeimy Adle contestaron el recurso de apelación presentado por los abogados defensores Víctor Dante Gulino Ocampo y Álvaro Cáceres Alsina, ante el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos.

La defensa cuestionó la resolución del juez Rodrigo Estigarribia, quien el pasado 5 de noviembre dispuso la prisión preventiva de Vázquez mediante el Auto Interlocutorio N.º 359. Entre sus argumentos, alegó que la decisión carece de fundamentación suficiente y que no se reúnen los presupuestos establecidos en el artículo 242 del Código Procesal Penal. También invocó el arraigo familiar, laboral y patrimonial del procesado.

Como alternativa, los abogados ofrecieron dos inmuebles pertenecientes al padre del imputado, valuados en G. 2.925.000.000, como caución real. Además, solicitaron que se le conceda el arresto domiciliario con control mediante tobillera electrónica.

Sin embargo, la Fiscalía consideró que las garantías ofrecidas no son suficientes para descartar el peligro de fuga. Argumentó que deben tenerse en cuenta la posición que ocupaba Vázquez dentro de la estructura societaria investigada, las empresas receptoras de los fondos, la magnitud económica de las operaciones crediticias presuntamente irregulares y los ingresos mensuales declarados por el procesado, que rondarían los G. 170 millones.

Los representantes del Ministerio Público también cuestionaron la validez de los inmuebles ofrecidos como garantía, debido a que no se presentaron los certificados definitivos de condiciones de dominio que permitan verificar si existen gravámenes o restricciones. Tampoco consta la autorización formal del titular registral para constituir la caución.

Finalmente, la Fiscalía solicitó el rechazo de la apelación y la confirmación de la prisión preventiva, por considerar que el riesgo de fuga se encuentra debidamente justificado.