Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que los inmigrantes detenidos tras entrar ilegalmente no tienen derecho constitucional a audiencias de fianza

En un fallo a favor de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, un tribunal de apelaciones dictaminó que los inmigrantes ilegales detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tienen derecho a audiencias de fianza.

La decisión fue celebrada por James Percival, abogado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). “Gran victoria en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito sobre la detención de inmigrantes ilegales, un principio codificado en la legislación de 1996, pero ignorado por el estado profundo durante décadas”, publicó en sus redes sociales.

El tribunal afirma que la Quinta Enmienda de la Constitución no obliga a las autoridades a ofrecer una audiencia para evaluar la peligrosidad o el riesgo de fuga de los extranjeros que nunca fueron admitidos legalmente.

De esta manera, la sentencia revoca las órdenes de jueces que habían autorizado la liberación de tres inmigrantes. Podría tener repercusión en Texas, Luisiana y Misisipí, estados con gran cantidad de centros de detención.

¿Cuál es el origen del litigio?

El caso judicial comenzó luego que los mexicanos Ignacio Sosnava Rodríguez y Alejandro Villegas Ángel y el hondureño Miguel Ángel Gómez Alvarado, quienes llevaban más de una década viviendo en Estados Unidos de manera ilegal, fueron detenidos en Texas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Los agentes estatales los interceptaron durante controles de tránsito y quedaron bajo custodia del ICE.

Los tres presentaron un hábeas corpus tras ser detenidos a la espera de una orden de deportación. Sosnava llevaba más de 22 años en Estados Unidos; Villegas vivía desde 2011 y tenía dos hijos estadounidenses, mientras que Gómez residía desde 2012 y tenía un hijo con una mujer estadounidense.

El fallo respalda las posiciones del Departamento de Seguridad Interior, a cargo de Markwayne Mullin. Foto: REUTERS.

Los tres argumentaron que habían vulnerado sus garantías constitucionales al negárseles audiencias de fianza. En primera instancia, los jueces federales les dieron la razón y ordenaron su liberación. En julio de 2026, un panel del Quinto Circuito respaldó esas decisiones mediante una regla de 90 días para acceder a las audiencias, pero decidió revisar el expediente completo.

La Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR) había presentado un escrito ante el pleno del tribunal asegurando que carecían del derecho constitucional.

La entidad demostró que, para fundamentar una reclamación por violación del debido proceso, una persona debe verse privada de lo que los tribunales denominan un “interés fundamental en la libertad”. Los extranjeros que, según la ley, no tienen derecho a estar en el país, carecen de un interés fundamental en la libertad de moverse libremente y tampoco un interés en la libertad de ser liberados en Estados Unidos, en lugar de en su país de origen.

“Los inmigrantes indocumentados pueden abandonar el centro de detención en cualquier momento simplemente no impugnando su deportación y regresando a su país”, declaró Christopher J. Hajec, asesor jurídico de FAIR. Agregó: “Nos complace que el tribunal haya constatado esto, haya observado que no existe un derecho constitucional, del que goce el mundo, a la libertad en Estados Unidos y haya ratificado la ley”.

Mientras el DHS y FAIR celebraban el fallo, también surgieron críticas. La jueza Dana Douglas, integrante del tribunal, advirtió sobre los riesgos de conceder al Poder Ejecutivo facultades de arresto y detención sin controles suficientes. En su voto disidente, vinculó esa posibilidad con antecedentes históricos de abusos gubernamentales.

El fallo no es definitivo porque la Corte Suprema aceptó revisar otro expediente relacionado con la política migratoria de detención obligatoria. Foto: Archivo.

El fallo no es definitivo porque la Corte Suprema aceptó revisar otro expediente relacionado con la política migratoria de detención obligatoria. Sin embargo, el máximo tribunal examinará si las audiencias de fianza son obligatorias por ley, mientras que el Quinto Circuito resolvió sobre una posible exigencia constitucional.