VISeC: "Que nadie pueda usar su posición de mercado para convertir la adhesión en una condición comercial impuesta al productor, en beneficio de unos pocos"

La entrada en vigencia del Reglamento de la Unión Europea (UE) 2023/1115, conocido como reglamento europeo contra la deforestación (EUDR), una barrera comercial no arancelaria que condiciona el ingreso al mercado europeo de determinados productos a demostrar que no provienen de tierras deforestadas, es inminente.

Esta imposición afecta a Argentina especialmente en las exportaciones de las cadenas de soja, carne bovina y madera, entre otras, porque exige trazabilidad hasta el lote de producción.

La norma se aplicará a partir del 30 de diciembre de 2026 para operadores medianos y grandes; mientras que comenzará el 30 de junio de 2027 para micro y pequeñas empresas.

A partir de allí, para ingresar a la Unión Europea habrá que dar pruebas de que los productos no proceden de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, que no contribuyeron a la degradación forestal y que cumplen la legislación del país productor. También exige trazabilidad geográfica y una declaración de diligencia debida.

Frente a esto, en Argentina, se desarrolló el VISeC (Sistema de Visión, Seguimiento y Certificación / Visión Sectorial de Cadenas de Valor), una plataforma de trazabilidad socioambiental para las cadenas de soja y ganadería vacuna cuyo objetivo es que puedan demostrar trazabilidad y ausencia de deforestación. No se trata de una certificación sino de un sistema para recopilar, sistematizar y validar información (datos del productor, georreferenciación de lotes, imágenes satelitales y documentación legal) para dársela a los operadores y que estos puedan cumplir su debida diligencia ante la UE.

El mismo fue desarrollado por organizaciones del sector privado y entidades de la cadena agroindustrial como CIARA-CEC (exportadores), The Nature Conservancy (TNC), Peterson Consultancy, y Tropical Forest Alliance (TFA), con el apoyo de instituciones como la Bolsa de Comercio de Rosario.

El registro en la plataforma es gratuito para los productores ganaderos y agrícolas; los costos operativos suelen cubrirse por los frigoríficos exportadores o mediante apoyo institucional, como el IPCVA.

Operar dentro de la plataforma es voluntario, pero ahora, desde CRA reclaman que frigoríficos exportadores argentinos estarían condicionando la compra o el precio de la hacienda a la inscripción en VISeC Carne, con descuentos sobre el valor de toda la res.

Al respecto, el secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Adrián Luna Vázquez, emitió contundentes declaraciones.

"El Reglamento (UE) 2023/1115, con un fundamento ambiental impone una barrera paraarancelaria que perjudica a uno de los productores más eficientes del mundo y que pasa por encima de nuestro orden jurídico, al punto de descalificar campos que la ley argentina y las provincias habilitaron legalmente. El canciller Pablo Quirno lo llamó «neoproteccionismo ambiental», y coincidimos", dijo el directivo .

"Que un comprador imponga condiciones no las vuelve justas. Oponerse a la norma en los discursos y, en los hechos, alinearse sin chistar detrás de una plataforma privada no es una postura: es una resignación. Para CRA, el gremialismo no consiste en acomodarse a lo que conviene, sino en sostener principios aunque resulten incómodos", afirmó Luna Vázquez.

Dede la entidad sostienen que, mientras la norma rija, el productor que quiera vender a Europa debe poder hacerlo sin quedar cautivo de nadie. El secretario se refirió´a la "confusión de quienes defienden VISeC" y remarcó que "una cosa es cumplir una exigencia externa y otra, muy distinta, aceptar que una plataforma privada se convierta en árbitro de quién puede vender y en qué condiciones", subrayando que no se trata de una normativa sino de una decisión de parte.

El Reglamento, insistió Luna Vázquez, "no obliga al productor argentino a inscribirse en VISeC, no la designa autoridad de validación ni crea un sistema privado único". Y consideró que "presentar esa adhesión como consecuencia inevitable de la norma es confundir una obligación legal con una solución comercial privada".

Asimismo, indicó que existen alternativas para demostrar que la producción argentina cumple con las normas de la UE. "La Secretaría de Agricultura creó, por Resolución 50/2024, un Directorio de Esquemas de Diferenciación precisamente para promover la pluralidad, y la plataforma Santa Fe Produce Sustentable demuestra que las provincias pueden construir herramientas públicas con sus propios registros", mencionó.

Por otra parte, destacó que el canciller Quirno defendió la libertad de cada productor para elegir el sistema con el que acredita la trazabilidad ante el importador europeo, y la competencia entre soluciones como forma de bajar costos. "¿Por qué se pretende instalar que sólo una plataforma privada es válida?", cuestionó el secretario de CRA. "La respuesta está en el precio", sostuvo.

Desde CRA, aseguraron que reciben constantemente reclamos sobre frigoríficos exportadores que estarían condicionando la compra o el precio de la hacienda a la inscripción en VISEC Carne, con descuentos sobre el valor de toda la res. Al respecto, Luna Vázquez inquirió: "¿Cuál es la justificación, si a Europa van sólo determinados cortes? En la soja, los esquemas diferenciados reconocieron premios; en la carne, el productor recibe un castigo", dijo. Al tiempo que aclaró: "No cuestionamos que un producto diferenciado valga distinto: cuestionamos que un grupo de frigoríficos use su posición de compra para imponer una adhesión privada. La libertad de elegir no existe si quienes concentran la mayor parte de los embarques aceptan una sola plataforma y castigan a quien elige otra. Esas prácticas merecen ser analizadas desde la defensa de la competencia, y CRA no descarta promoverlo", advirtió.

Además, el directivo recordó que la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales (art. 124) y la Ley 26.331 les asigna el ordenamiento de los bosques nativos y la autorización de los cambios de uso del suelo. "Son ellas las que determinan, con actos administrativos, la legalidad de lo que se produce en su territorio, y el propio Reglamento europeo admite evaluar el riesgo por países «o partes de ellos». "Cuando una asociación civil desconoce o reemplaza lo que decide una autoridad provincial competente, desconoce también la organización federal del país", afirmó.

Y señaló que eso se aplica al acuerdo VISeC-UATRE sobre una "constancia de legalidad laboral". "El control de la legislación laboral corresponde a las autoridades administrativas del trabajo, dentro del Sistema Integral de Inspección del Trabajo de la Ley 25.877, y la Ley 23.551 sólo permite al delegado acompañar a los inspectores oficiales como veedor. La función gremial no es poder de policía, y la adhesión a una plataforma no puede ser una vía indirecta para crear facultades que la ley no reconoce", señaló Luna Vázquez.

Por eso, le reclamó al Estado nacional que "no puede mirar desde afuera". El secretario recordó que cuando hubo que acreditar condiciones para acceder a mercados, por caso, los protocolos sanitarios, las cuotas Hilton y 481 y los establecimientos habilitados, fue el Estado quien validó su cumplimiento. "¿Por qué ahora debe limitarse a ceder datos de sus registros -con un consentimiento difícilmente libre en los términos de la Ley 25.326, cuando negarlo significa no poder vender- y dejar que los particulares definan las reglas?", preguntó.

"Sin validación pública, el poder de compra se convierte en poder de regulación. Paraguay Brasil y Uruguay ya desarrollaron herramientas públicas. Y es, al menos, contradictorio que el Estado reconozca a las exportaciones agropecuarias como su principal fuente de divisas y de recursos fiscales, y luego delegue en otros la validación de las condiciones que permiten generarlos", analizó.

Por eso, CRA propone que, junto a las herramientas privadas, Nación y provincias desarrollen herramientas públicas de validación; que se reconozcan los registros oficiales; que se admitan plataformas interoperables, sin exclusividades; que el productor conserve el control de su información y que los costos se repartan con equidad. Y, "sobre todo, que nadie pueda usar su posición de mercado para convertir la adhesión a una plataforma privada en una condición comercial impuesta al productor, en beneficio de unos pocos".

El directivo afirmó que "el problema nunca fue que CRA no quiera ver la realidad. El problema es un modelo en el que otros deciden, otros administran, otros controlan, otros se benefician, y el productor paga". Por eso, sostuvo, "seguiremos peleando contra la imposición europea y tampoco vamos a admitir que, encima, el productor argentino quede subordinado a una plataforma privada.