Ueno Bank: Borda analiza la crisis, la garantía de depósitos y los desafíos del Gobierno

La crisis de Ueno Bank afectó a cerca de dos millones de clientes, según el Dr. en economía y exministro de Hacienda Dionisio Borda, considerada el padre de la estabilidad macroeconómica de Paraguay. En su análisis para ABC, explicó el alcance de la garantía de los depósitos y advirtió sobre el costo que la pérdida de confianza puede tener para nuestro país.

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Depósitos en Ueno Bank: ¿hasta cuánto cubre la garantía?

Borda señaló que la Ley del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), de 2003, protege hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a G. 228,3 millones por persona y por entidad. La cobertura también alcanza a los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), hasta ese mismo límite.

Para quienes tienen montos superiores, la recuperación del dinero que exceda esa cobertura dependerá del proceso de resolución del banco, explicó.

El exministro sostuvo que la entrega de tarjetas de crédito permitió que más personas accedieran a servicios financieros, pero consideró que esa experiencia tuvo un desenlace doloroso. Situó el mayor impacto entre trabajadores y microempresarios, además de familias de clase media baja. “¿Cómo reparar el daño causado a personas, empresas y asociaciones?”, planteó.

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Bonos por US$ 350 millones y riesgo para la confianza en Paraguay

El alcance del problema también llega al exterior, según Borda. Indicó que Ueno Bank emitió bonos por US$ 350 millones en Nueva York y que su valor cayó abruptamente tras el inicio del proceso de resolución.

A su criterio, la pérdida de confianza podría encarecer las próximas emisiones de bonos soberanos, es decir, la deuda que coloca el Estado para obtener financiamiento.

En el plano político, el economista afirmó que la crisis provocó la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo y desembocó en la destitución del presidente de la República.

“La poca seriedad de la clase política en la conducción del Estado daña la reputación del Paraguay, en detrimento de los esfuerzos del sector privado y de la sociedad civil”, expresó.

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Gobierno 2026–2028: las leyes económicas pendientes de aplicación

Borda recordó que, según su análisis, el nuevo presidente Pedro Alliana asumió con el compromiso de atender a los ahorristas afectados y afrontar la falta de medicamentos en los hospitales. También prometió frenar el derroche del gasto público y recuperar la confianza ciudadana.

Sin embargo, el exministro sostuvo que las tareas del período 2026–2028 exigen aplicar las leyes económicas aprobadas por la administración anterior.

Entre ellas citó la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2023, que absorbió a la Secretaría Técnica de Planificación y a la Secretaría de la Función Pública. “Hasta ahora no veo cambios, excepto la mudanza de la oficina del ministro”, cuestionó.

Tampoco observó mayores resultados de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, creada en 2023, ni de la Ley de Organización Administrativa del Estado, de 2024, cuyo objetivo es reorganizar sus organismos y entidades.

Respecto de la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, de 2025, recordó que fijó reglas para el ingreso, la promoción y la evaluación de funcionarios. Su reparo apunta a la distancia entre esas normas y su cumplimiento. “En la práctica, el padrinazgo político sigue operando”, afirmó.

Sobre la reforma de la Caja Fiscal, de 2026, sostuvo que aún no frenó el aumento del déficit.

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Salud y educación: Borda pide una hoja de ruta pública

Ante el corto plazo disponible para grandes reformas, Borda consideró urgente que el Gobierno defina una nueva hoja de ruta y la haga pública.

Reclamó más recursos para salud y educación, además de inversiones contra la pobreza y la desigualdad. Esos fondos, señaló, deben mejorar las capacidades y las condiciones de vida de las personas, con transparencia y rendición de cuentas.

Asignó esa responsabilidad a los ministerios de Salud Pública y Bienestar Social, de Educación y Ciencias, y de Desarrollo Social. “El dinero del Estado debe administrarse como patrimonio de todos”, remarcó.

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Sociedad civil y Estado: cómo recuperar la confianza

El economista vinculó las movilizaciones ciudadanas con el reclamo de derechos básicos y el rechazo a la corrupción. También señaló el descontento ante la impunidad y el uso de recursos públicos en beneficio de grupos particulares.

Para Borda, reparar los daños exige que el nuevo presidente abra espacios de diálogo y alcance acuerdos con distintos sectores. La capacidad de reconocer las diferencias, sostuvo, será parte de la recuperación de la confianza en las instituciones. “Pongamos al país en primer lugar y a la sociedad civil como contrapeso al Estado”, concluyó.

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