¿Precaución jurídica o protección a Taddei?

EDUARDO RUIZ-HEALY

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este viernes que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles irregularidades en contrataciones durante la administración de su expresidenta Guadalupe Taddei. Pero su Consejo General decidió denunciar a los responsables, sin nombrar públicamente ni a Taddei ni a otros funcionarios. ¿Por qué? ¿Medida cautelar para tratar de proteger a los exfuncionarios?

La denuncia sirve para investigar a cualquier implicado en los supuestos actos de corrupción, pero ¿por qué no mencionar a quienes ya han sido señalados? La ley permite identificar a los posibles partícipes en hechos delictivos y requerir la investigación de otras personas. Una cosa no quita a la otra. Decir sus nombres no es declararles tampoco culpables.

La decisión sorprende, porque desde mayo de 2025 el Órgano Interno de Control (OIC) investiga las contrataciones, cuando Taddei encabezaba el instituto y su director, Víctor Hugo Carvente, informó en la Cámara de Diputados que presentó seis denuncias penales contra funcionarios, exfuncionarios y empresas por supuestos delitos como cohecho, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones. El Consejo General, ¿qué datos introdujo en su propia denuncia si ya el OIC estaba investigando operaciones y personas concretas?

No se sabe si los demás consejeros tenían conocimiento de lo que estaba pasando y qué hicieron para evitarlo. No es encubrir investigar antes de denunciar y se necesita tiempo para conseguir pruebas. Pero tras año y medio de investigaciones, el OIC debería explicar qué ha encontrado.

En cada contratación quedan documentos que identifican a los que solicitaron los servicios, evaluaron las ofertas, autorizaron las adjudicaciones, supervisaron las entregas y aprobaron los pagos. Estas personas no son necesariamente responsables de delitos, pero sus decisiones deben ser analizadas. La Fiscalía General de la República tiene que ver si se debe ejercer acción penal en contra de ellas.

Denunciar sin limitarse a los posibles responsables y omitir deliberadamente datos para proteger a determinadas personas son dos actitudes distintas. Lo segundo sería grave, pero no se tienen pruebas de que haya ocurrido. De momento no se conoce el texto completo de la denuncia del Consejo General, por lo que no se puede asegurar que el documento entregado a la FGR no contenga nombres y tampoco queda claro si esa denuncia es independiente de las seis que presentó el OIC.

¿Es que Taddei y los demás funcionarios tenían que estar protegidos por los consejeros? Es una posibilidad que hay que comprobar. El Consejo General tiene que explicar qué hechos denunció, qué documentos aportó, qué información recibió del OIC y por qué decidió hacer público el caso sin identificar a los presuntos implicados.

El INE organizará en 2027 la elección de los 500 diputados federales y distintos procesos locales. La credibilidad le obliga a ser transparente en sus propias contrataciones. Se pueden interponer denuncias contra los responsables. Lo que se pregunta es si el instituto le dio a la FGR toda la información que había para poder investigar a los que tomaron las decisiones cuestionadas.