La jueza de la dana dice que faltaron "alertas y comunicaciones precisas" y "control efectivo" de "fuentes de riesgo"

“El confinamiento no es la medida que se ha de aplicar en zonas de riesgo (bajos y garajes), sino la medida opuesta”. Así lo afirma la jueza de la dana en un auto dictado este lunes que deniega una serie de peticiones de diligencias de investigación solicitadas por una de las acusaciones particulares personadas en la causa. La magistrada recuerda que el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 234 fallecidos, faltaron “alertas y comunicaciones precisas” y un “control efectivo” de “fuentes de riesgo”.

La resolución cuestiona que la acusación ejercida por el abogado Francisco Regalado tenga legitimación para ejercer acciones penales contra el alcalde socialista de Aldaia, Guillermo Luján, al representar a víctimas de otras localidades de la comarca de l'Horta Sud, tal como estableció la Audiencia Provincial de Valencia.

“No puede, en consecuencia solicitar dicha acusación particular, diligencias de prueba centradas, en este caso, en la localidad de Aldaia, desconectadas con los fallecimientos que pretende investigar, y respecto de los cuales está personado en el ejercicio de la acción penal”, afirma la resolución.

Por otro lado, la magistrada considera que se trataba de una “referencia genérica” a la “autoridad municipal” por parte de la representación de la acusación particular, que ni siquiera citaba al primer edil por su nombre y apellidos o por su cargo.

La petición de prueba se basaba en la supuesta omisión por parte del Ayuntamiento de Aldaia de las órdenes de alerta a la población, por megafonía, o bien de confinamiento, en zonas de riesgo. Sin embargo, la jueza instructora recuerda que en la localidad fallecieron seis personas, “cuatro de ellas en sus propios domicilios, y otras dos personas en los garajes”. “Ninguna falleció como consecuencia de una orden de retirada de los vehículos de las calles”, apostilla.

El desbordamiento “letal” del barranco

El auto también señala que el desbordamiento “letal” del barranco se produjo a partir de las 20.00, tal como declaró el alcalde de Aldaia el pasado 5 de noviembre. En ese momento, ya se había declarado desde hacía aproximadamente una hora el nivel 2 para toda la provincia de Valencia del Plan de Inundaciones de la Generalitat, “lo que supone una insuficiencia de medios locales, por sí solos, para hacer frente a la emergencia”.

Es decir, que la Generalitat, y singularmente la entonces consellera Salomé Pradas ostentaba el mando único de la emergencia y tenía encomendada la misión de determinar las medidas de autoprotección a transmitir a la población.

“Se precisaban alertas y comunicaciones precisas, destinadas a los diversos municipios, y un control efectivo de las fuentes de riesgo, dado que el riesgo de la inundación, por su evolución y gravedad, requería que se extendiera la vigilancia de los barrancos, de manera extensa y permanente”, concluye el auto.