La Ciudad de Chicago niega el permiso de General Iron y es sostenido por una corte del estado

La decisión de la Ciudad de negar el permiso de operaciones a una empresa trituradora de metal del lado sureste por preocupaciones sobre la contaminación del aire y la salud pública fue confirmada por una Corte de Apelaciones estatal el viernes.

La operación de chatarra, General Iron, reubicada y cambiada de nombre, ya estaba construida y lista para abrir en East 116th Street junto al Río Calumet cuando la administración de la entonces alcaldesa Lori Lightfoot rechazó el permiso, citando el posible impacto en la salud pública por la contaminación del aire.

La empresa recoge autos desechados, electrodomésticos grandes y otras fuentes para recuperar metal y revenderlo.

El propietario del negocio argumentó que la Ciudad no siguió sus propias reglas al tomar la decisión de negar el permiso. Al propietario, conocido como General III, se le permitió construir su instalación porque recibió un permiso de construcción del estado.

General Iron operó en el vecindario de Lincoln Park durante décadas, incluso cuando la comunidad a su alrededor se gentrificó. Promotores inmobiliarios, funcionarios de la ciudad y vecinos que veían el negocio como una molestia presionaron para que el negocio se mudara.

Cuando se anunció que la empresa se mudaría al vecindario de East Side, mayoritariamente latino, se desató un rechazo en todo el lado sureste. Defensores comunitarios, de la salud y ambientales se movilizaron y presionaron a Lightfoot para que negara el permiso.

Una investigación federal por derechos civiles determinó que trasladar el negocio desde una comunidad blanca anglosajona hacia un vecindario latino rodeado por comunidades predominantemente negras fue discriminatorio.

Reserve Management Group, el propietario mayoritario de General III, ha sostenido que la Ciudad añadió una evaluación de impacto en la salud tarde en el proceso de decisión y que esto excedía el alcance de la revisión de la solicitud. Luego solicitó a un juez administrativo de la Ciudad que considerara si la empresa había cumplido los requisitos para obtener el permiso.

Ese juez falló a favor de General III, lo que llevó a la administración del alcalde Brandon Johnson a impugnar esa decisión ante la corte de circuito.

En agosto de 2024, la corte de circuito dictaminó que la Ciudad actuó dentro de su derecho al negar el permiso. La empresa apeló entonces esa decisión ante la Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Illinois, integrada por tres jueces, que ahora ha confirmado nuevamente la denegación del permiso.

En un comunicado, la empresa, que iba a cambiar su nombre a Southside Recycling, dijo que llevará su caso a la Corte Suprema de Illinois.

"Nuestra instalación ecológica y de última generación cumple con todas las normas ambientales y de salud pública aplicables a nivel municipal, estatal y federal", decía el comunicado. "Seguimos plenamente comprometidos con obtener el permiso de operaciones".

La Ciudad también ha argumentado que el negocio de metales estaría ubicado en una área de la ciudad que ya sufre una cantidad desproporcionada de contaminación.

"La Corte reconoció acertadamente que la decisión estuvo bien fundamentada en datos sustantivos y en un análisis detallado de los riesgos que la instalación propuesta tendría sobre la salud pública, la seguridad y el medio ambiente", dijo la Ciudad en un comunicado tras la sentencia.

Cheryl Johnson, cuya organización fue una de las tres que presentó una denuncia que dio lugar a la investigación federal por derechos civiles, elogió la decisión de la corte.

"Nos merecemos tener aire, agua y suelo limpios al igual que cualquier otra parte de la ciudad", dijo Johnson, directora ejecutiva de People for Community Recovery (PCR) "Vamos a seguir luchando por eso".

Traducido con una herramienta de inteligencia artificial (IA) y editado por los seres humanos de La Voz Chicago