Modernizar no puede significar dejar a la gente afuera

En nombre de la modernización y la despapelización, cada vez más decisiones públicas trasladan servicios e información al entorno digital. Pero una política pública no puede medirse solo por cuánto ahorra o digitaliza, sino también por su capacidad de garantizar derechos. Cuando se trata de información esencial para la salud, ese criterio debe ser innegociable.

Consultar el prospecto de un medicamento mediante un código QR requiere un celular compatible, conexión a internet, señal y conocimientos para acceder al contenido. Si el enlace no funciona o el servidor falla, la información deja de estar disponible. ¿Qué ocurre con quien no tiene celular, vive en una zona sin cobertura o no sabe escanear un código? ¿Y con la persona mayor que necesita comprobar una dosis o consultar una contraindicación sin depender de terceros?

Estas barreras afectan a personas de todas las edades, especialmente a los adultos mayores, muchos de los cuales necesitan consultar las indicaciones de varios medicamentos. El prospecto impreso permite acceder a esa información sin depender de dispositivos, conectividad ni ayuda ajena. No es nostalgia por el papel: es una garantía de acceso y autonomía.

El problema se profundizó con dos disposiciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La Disposición 3294/2025 habilitó los QR para consultar prospectos digitales. En mayo de 2026, la Disposición 2891/2026 derogó la anterior e hizo obligatoria la incorporación de códigos QR o Data Matrix en los envases, pero dejó la continuidad del prospecto impreso a elección de cada laboratorio. Así, el acceso a información esencial queda sujeto a una decisión empresarial. Ambos formatos son compatibles y pueden convivir en el envase.

Eliminar el papel puede reducir costos de impresión, empaquetado y logística para la industria farmacéutica. Pero ese ahorro privado no puede traducirse en una pérdida de derechos. Si los pacientes deben aportar dispositivos, pagar conexión y superar dificultades técnicas, los costos de la transformación no desaparecen: se trasladan a las personas más vulnerables.

El Estado debe proteger el interés general y evitar que la modernización profundice desigualdades. El artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor establece el soporte físico como regla para brindar información y contempla su reemplazo por medios electrónicos solo cuando el consumidor lo elige expresamente. Esa elección no puede quedar en manos de los laboratorios.

Desde Plataforma Mayor acompañamos el reclamo de la Asociación Civil Jubilados y Pensionados Plaza Bernardo Ader, de Villa Adelina, presidida por Luis Adrián Roger, junto con el abogado Jorge Filipini. En la presentación se acreditó que el QR de un medicamento no permitió acceder al prospecto digital por una falla del sistema. No afirmamos que todos los códigos fallen, sino que, si el canal digital no funciona y desaparece el papel, el paciente puede quedarse sin información cuando más la necesita.

Sostenemos que ambos sistemas deben convivir: los recursos digitales pueden complementar los prospectos impresos y ampliar las opciones de consulta. Esperamos la resolución judicial de la medida cautelar y de la cuestión de fondo: garantizar la coexistencia de ambos medios. No se trata de elegir entre pasado y futuro, sino de defender el derecho a la información de toda la población. Modernizar debe significar sumar opciones, no quitar derechos.