Lucho Zacarías activa a sus operadores en una desesperada campaña para mantenerse en Itaipú

Ayer, 12 de los 40 presidentes de seccionales coloradas de Alto Paraná, leales a la familia Zacarías, difundieron un pronunciamiento en respaldo a la gestión de Justo “Lucho” Zacarías Irún. El comunicado fue publicado como espacio reservado pagado en varios medios informativos de Ciudad del Este, con el objetivo de contrarrestar las críticas contra su administración.

El comunicado de los dirigentes de seccionales presenta la continuidad de Zacarías como una cuestión estratégica para Alto Paraná. No obstante, el respaldo de un reducido grupo de referentes colorados no responde a los cuestionamientos sobre el manejo de los millonarios recursos de la binacional ni a las denuncias que salpican su administración.

Desde la asunción de Justo Zacarías, el Clan ZI utiliza la estructura de la entidad para favorecer a operadores políticos leales, tanto mediante nombramientos con jugosos salarios como a través de millonarias contrataciones a firmas para servicios externos.

En mayo pasado, se filtró un audio atribuido al senador Javier Zacarías Irún, en el que conversaba con Osvaldo Sánchez Jara, entonces precandidato a concejal y presidente de una seccional colorada de Ciudad del Este. En la grabación, el legislador prometía gestionar un contrato para el hermano de su interlocutor.

Posteriormente, salieron a la luz registros de remuneraciones anuales de entre G. 204 millones y G. 300 millones percibidas durante 2024 y 2025 por operadores políticos vinculados al entorno familiar.

Ya se había pedido su destitución

El año pasado, los diputados Raúl Benítez, Johanna Ortega y Guillermo Rodríguez impulsaron un proyecto para instar al presidente Santiago Peña a destituir a Zacarías. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por la mayoría cartista en la Cámara Baja.

Entre los cuestionamientos expuestos figuraban denuncias y sospechas de irregularidades que se remontan a su gestión como gobernador de Alto Paraná (2013-2018) y que, según los legisladores, continuaron en Itaipú. También citaron la polémica adjudicación de casi 330.000 muebles escolares importados de China por unos US$ 32 millones.