ASF recibe videos, mensajes de WhatsApp y fotografías de informantes sobre presunta corrupción en contratos del INE y busca rastrear el destino del dinero público
CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó este 9 de noviembre de 2026 que trabaja con informantes que entregaron videos, conversaciones de WhatsApp, fotografías, documentos y datos financieros para investigar posibles irregularidades en contratos de organismos electorales durante varios años. La colaboración permitió identificar indicios de una posible intervención de empresarios en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos de contratación. El caso se relaciona con las investigaciones sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los señalamientos contra su expresidenta, Guadalupe Taddei Zavala. Sin embargo, el comunicado no atribuye responsabilidades individuales ni confirma que se hayan impuesto sanciones.
De acuerdo con la información difundida por la Auditoría Superior de la Federación, las personas que aportaron los materiales buscan acogerse a un mecanismo contemplado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para obtener una reducción de sanciones. La ASF señaló que es la primera vez que desarrolla investigaciones con esta modalidad de colaboración directa y que continuará las indagatorias para identificar a otros posibles participantes y conocer el destino de los recursos públicos.
El anuncio ocurre después de varias semanas de cuestionamientos sobre contratos adjudicados por el INE y las relaciones entre funcionarios electorales y empresarios proveedores. Parte de los señalamientos se refiere a materiales y servicios contratados durante la presidencia de Taddei, aunque la revisión también contempla periodos anteriores.
¿Qué pruebas entregaron los informantes a la ASF sobre los contratos del INE?
La Auditoría explicó que la participación de personas con conocimiento de las operaciones investigadas ha permitido recopilar información sobre la manera en que presuntamente se favoreció a determinadas empresas en las contrataciones públicas.
Entre los elementos obtenidos se encuentran:
- Mensajes de WhatsApp relacionados con personas presuntamente involucradas.
- Videos y fotografías que forman parte de los materiales recabados.
- Documentos e información financiera para analizar las operaciones investigadas.
- Domicilios vinculados con los datos proporcionados por los informantes.
- Nombres y alias de personas posiblemente relacionadas con las irregularidades.
- Testimonios de personas que conocen cómo habrían funcionado las contrataciones durante varios años.
La ASF explicó que estos materiales forman parte de una investigación sobre grupos empresariales relacionados con organismos electorales.
La institución no detalló públicamente cuántos informantes participan, a qué contratos corresponde cada documento ni qué personas aparecen en los registros. Tampoco ha confirmado que todos los materiales difundidos previamente por medios de comunicación formen parte del expediente.
¿Cómo habrían intervenido las empresas para conseguir contratos electorales?
Uno de los hallazgos señalados por la ASF apunta a la posible participación de empresarios en decisiones que debían formar parte de los procedimientos institucionales de contratación.
El organismo sostuvo:
Las investigaciones han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses”.
Los beneficiarios finales son las personas que, en última instancia, poseen o controlan una empresa o reciben sus beneficios económicos.
En términos prácticos, la investigación busca determinar si personas vinculadas con empresas proveedoras participaron en la definición de las condiciones que debían cumplir quienes competían por contratos públicos.
Por ejemplo, cuando los requisitos técnicos de una licitación se diseñan para favorecer a una empresa determinada, otros participantes pueden quedar en desventaja.
No obstante, la existencia de indicios no equivale a una resolución que acredite responsabilidades. Corresponde a las autoridades determinar si las conductas investigadas constituyeron infracciones administrativas o delitos.
¿Qué relación tiene Guadalupe Taddei con la investigación de la ASF?
Las investigaciones se desarrollan en medio de los señalamientos contra Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del INE en octubre de 2026, después de que se difundieran acusaciones relacionadas con proveedores y contrataciones del instituto.
En semanas recientes, REFORMA y otros medios difundieron fotografías y videos en los que aparecen Taddei, funcionarios electorales y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con Cajas Graf y otras compañías proveedoras del organismo.
Los reportes periodísticos contienen señalamientos sobre presuntos regalos, viajes, reuniones y acuerdos económicos relacionados con contratos del INE. Estas acusaciones forman parte de la controversia pública, pero no deben considerarse hechos judicialmente acreditados.
Como parte de los antecedentes, el 6 de noviembre se difundieron nuevas grabaciones atribuidas a un empresario proveedor del INE, en las que se mencionan presuntas amenazas y cuestionamientos relacionados con las contrataciones.
La información difundida por la ASF este 9 de noviembre no identifica directamente a Taddei ni a Hernández Casillas como responsables de los indicios que describe.
La revisión tampoco se limita necesariamente a la administración de la expresidenta. La Auditoría ha informado sobre una revisión histórica de adquisiciones entre 2000 y 2025, que incluye al antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), al INE y a organismos electorales locales.
¿Por qué los informantes pueden obtener una reducción de sanciones?
Las personas que colaboran con la ASF buscan recibir beneficios mediante el Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, mecanismo sustentado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Los artículos 88 y 89 de esa legislación establecen la posibilidad de reducir determinadas sanciones cuando una persona involucrada en faltas administrativas graves o faltas de particulares reconoce su participación y cumple las condiciones legales para colaborar con las autoridades.
La legislación contempla una reducción de entre 50% y 70% del monto de determinadas sanciones, además de otras posibilidades relacionadas con la inhabilitación de particulares, según los requisitos aplicables.
Esto no significa que cualquier persona que entregue información reciba automáticamente el beneficio. Las autoridades deben revisar si cumple las condiciones previstas en la ley.
La regulación puede consultarse en el texto oficial de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado por la Cámara de Diputados.
La ASF no informó cuántas personas han solicitado la reducción de sanciones ni si alguna ya obtuvo ese beneficio dentro de las investigaciones relacionadas con organismos electorales.
¿Qué busca esclarecer ahora la Auditoría Superior de la Federación?
La institución señaló que la información de los colaboradores permite avanzar en la identificación de personas y empresas relacionadas con posibles irregularidades.
Su investigación continuará en tres líneas principales:
- Identificar a los involucrados: determinar qué funcionarios, particulares o beneficiarios empresariales pudieron participar en las decisiones investigadas.
- Rastrear los recursos: establecer el destino del dinero público relacionado con las operaciones bajo revisión.
- Determinar responsabilidades: reunir los elementos necesarios para que las autoridades competentes resuelvan si corresponde imponer sanciones.
La ASF explicó que la colaboración ha permitido conocer cómo habrían funcionado durante años las irregularidades en las contrataciones públicas.
El organismo también destacó:
Por primera vez, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desarrolla investigaciones con la colaboración directa de personas que han proporcionado información y elementos relevantes”.
La declaración refleja el mecanismo utilizado en esta investigación, pero no significa que todos los hechos denunciados estén comprobados ni que exista una resolución definitiva.
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