Informantes entregan a la ASF videos y documentos sobre presunta red de corrupción en el INE

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó este 9 de noviembre de 2026 que colabora por primera vez con informantes que entregaron videos, comunicaciones y documentos sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE).

El órgano fiscalizador, encabezado por Aureliano Hernández Palacios Cardel, detalló que esta cooperación inédita involucra a personas que conocen de forma directa el esquema operativo aplicado durante varios años en el organismo comicial, particularmente durante la gestión de Guadalupe Taddei.

Pruebas y alcance del esquema colaborativo

Los informantes, vinculados a empresas proveedoras del árbitro electoral, solicitaron acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, figura prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para quienes aporten datos clave de manera confidencial.

El acervo probatorio incorporado a las indagatorias incluye testimonios, archivos fotográficos, grabaciones en video, información financiera, domicilios, registros de mensajería digital en WhatsApp, así como nombres y alias de personas presuntamente implicadas en los desvíos.

Al menos tres personas ligadas a compañías contratistas entregaron confesiones formales que detallan cómo operaba la asignación de contratos dentro de la estructura institucional de México.

Manipulación de requisitos e intervención empresarial

Las pesquisas permitieron documentar indicios de que los beneficiarios finales de un conjunto de empresas intervinieron directamente en la selección de proveedores y en la redacción de los requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses comerciales.

El organismo auditor señaló que estas prácticas consolidaron un duopolio en las contrataciones de servicios, lo que derivó en la alteración sistemática de licitaciones y asignaciones directas dentro de la autoridad electoral.

La institución fiscalizadora mantendrá abiertas las líneas de investigación con el fin de identificar a más involucrados, rastrear el destino final de los recursos públicos y remitir los expedientes ante las instancias sancionadoras correspondientes.