Contraloría impulsa dos leyes clave para fortalecer la fiscalización del dinero público

<b>La Contraloría General de la República (CGR) impulsa dos iniciativas que apuntan a fortalecer el control público y el régimen de prevención de conflictos de intereses</b>.

Ambos anteproyectos fueron entregados este lunes por el contralor Camilo Benítez y el subcontralor Armindo Torres al presidente de la Cámara de Diputados, <b>Raúl Latorre.</b>

Uno de ellos propone derogar la Ley N.º 7236/2024 y restablecer el texto original de la Ley N.º 7089/2023, “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de <b>conflictos de intereses</b> en la función pública”.

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Según los proyectistas de esta manera se recuperará <b>dos salvaguardas esenciales: </b>las restricciones posteriores al cese en el cargo y la inclusión del grupo familiar en la prevención de conflictos de intereses.

El segundo plantea una <b>nueva Ley Orgánica </b>y Funcional de la Contraloría General de la República.

El contralor fundamentó que el actual momento de crisis nacional convoca a todas las instituciones de la República a adoptar <b>medidas urgentes</b> y coordinadas para esclarecer lo acontecido. Asimismo es necesario deslindar las responsabilidades correspondientes y <b>promover las acciones pertinentes </b>contra los funcionarios públicos responsables, conforme expresó.

En ese contexto, sostuvo que la CGR, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 281 y 283 de la Constitución Nacional y la Ley N.º 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”, dispuso las actividades de control pertinentes.

Sin embargo, durante su desarrollo, la institución encontró <b>limitaciones derivadas</b> <b>de la normativa legal vigente</b>, que restringen el alcance y la eficacia de su labor.

Ante esta situación, consideró indispensable contar con el apoyo del Parlamento para analizar conjuntamente las limitaciones de orden legal que enfrenta el ente contralor.

Por ello, Benítez consideró necesario impulsar, desde el ámbito legislativo, las acciones que permitan <b>fortalecer la capacidad de control del Estado.</b>

<b>Dos años de restricción para reguladores financieros</b>

El proyecto de ley, conocido como “puertas giratorias” incorpora un artículo 24 bis que establece un plazo especial de <b>dos años</b> para los miembros del directorio del Banco Central del Paraguay <b>(BCP),</b> los superintendentes de Bancos, de Seguros y de Valores, y los funcionarios de esas entidades que hayan tenido intervención determinante.

Durante ese periodo<b>, estas personas no podrán ejercer cargos de dirección, </b>gerencia, sindicatura o asesoría en las entidades supervisadas ni en empresas pertenecientes a su mismo grupo económico.

En cuanto a la Carta Orgánica, la propuesta no amplía las competencias constitucionales de la CGR, sino que busca <b>adecuar las responsabilidades</b> ya asignadas a la institución al contexto de modernización.

<b>Cambios que plantea el proyecto</b>

<b>1-Acceso a los datos del Estado en tiempo real.</b> Se pasa del control basado en la documentación que cada organismo decide entregar al acceso digital directo y permanente a los registros estatales.

<b>2-Cobro de multas. </b>Se crea un mecanismo de percepción y ejecución del que carece la legislación vigente. La resolución firme constituirá título ejecutivo y se prevén la retención sobre haberes y la creación de un <b>Registro Público de Sanciones.</b>

<b>3-Inteligencia Artificial con garantías</b>. Se habilita el uso de analítica de datos e inteligencia artificial para la detección temprana de anomalías, con supervisión humana obligatoria, trazabilidad y derecho de explicación.

<b>4-Declaraciones juradas sin vacíos. </b>Se permite el examen de correspondencia incluso con una sola declaración jurada y durante el ejercicio del cargo, sin necesidad de esperar al cese del funcionario.

<b>5-Rectoría anticorrupción y recupero.</b> Se consolidan la rectoría del Régimen Nacional de Integridad y el régimen de conflictos de intereses. Además, <b>se incorpora la remisión a la Procuraduría General </b>para la persecución civil orientada al recupero de los recursos públicos.

<b>6-Control en emergencias</b>. Ante una emergencia declarada, la Contraloría queda facultada de pleno derecho para <b>activar auditorías concurrentes</b> e inmediatas sobre los recursos afectados.

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