Destituyen e inhabilitan por un año al juez Sergio Sigales, señalado por Sheinbaum por liberar a presuntos delincuentes, tras reducir penas acordadas con la FGR
CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) destituyó e inhabilitó por un año al juez federal Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, quien había sido señalado públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum por decisiones relacionadas con la liberación de presuntos delincuentes. La sanción responde a la reducción de penas en cuatro procedimientos penales y afecta la continuidad de su carrera de 25 años en el Poder Judicial. De acuerdo con información de Agencia Reforma, la resolución todavía puede revisarse, mientras el juzgador enfrenta una acusación penal. El caso también abrió un debate sobre los límites de la facultad de los jueces para interpretar la ley.
La decisión se produjo después de que el TDJ determinara que Sigales modificó las condenas negociadas entre la Fiscalía General de la República (FGR) y personas imputadas por delitos contra la salud, portación y posesión de armas de fuego. Aunque el tribunal considera que cometió una falta administrativa, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) sostiene que sancionar decisiones jurisdiccionales puede afectar la independencia de quienes imparten justicia.
El conflicto tiene antecedentes desde 2023, cuando la FGR y la Secretaría de Marina (Semar) presentaron quejas contra el juez ante el entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La controversia aumentó en noviembre de 2025, tras los señalamientos de Sheinbaum, y ahora mantiene abiertos dos procedimientos distintos: uno disciplinario y otro penal.
¿Por qué destituyeron al juez Sergio Sigales Obrador Garrido?
La Comisión de Disciplina del TDJ resolvió destituir al juez por haber reducido las penas solicitadas en cuatro procedimientos abreviados, relacionados con delitos contra la salud y posesión o portación de armas de fuego.
Según la resolución descrita por Agencia Reforma, el juzgador modificó a la baja las condenas que habían sido negociadas entre el Ministerio Público federal y los imputados.
El tribunal consideró que Sigales no tenía facultades para cambiar esos acuerdos y concluyó que incurrió en notorio descuido al cometer un “error inexcusable”.
La decisión establece dos consecuencias:
- Destitución: separación del cargo que desempeñaba como juez de Distrito Especializado en el Centro de Justicia Penal Federal en Colima.
- Inhabilitación por un año: impedimento para ocupar cargos en el servicio público durante ese periodo.
Sin embargo, la resolución fue emitida por una comisión del TDJ y todavía está sujeta a una posible revisión por el Pleno del organismo.
¿Qué es un procedimiento abreviado y por qué el juez no podía reducir las penas?
El procedimiento abreviado permite resolver determinados asuntos penales sin desarrollar un juicio oral completo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación.
En este mecanismo, la persona acusada acepta su responsabilidad y el Ministerio Público puede solicitar una reducción de la pena conforme a las condiciones previstas por la ley.
El https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP.pdf establece las reglas para aplicar este mecanismo.
En particular, el artículo 206 señala que el juez no puede imponer una pena distinta o de mayor alcance que la solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado.
La controversia en el caso Sigales surge porque el juzgador redujo las penas acordadas.
Para el TDJ, esas modificaciones constituyeron una falta que justificaba la destitución.
Por su parte, la defensa sostiene que las decisiones formaron parte de las facultades del juez para interpretar y aplicar la legislación durante las audiencias.
Esta diferencia es el centro del conflicto: determinar cuándo una decisión judicial constituye una interpretación de la ley y cuándo puede generar responsabilidad administrativa o penal.
¿Qué relación tiene Claudia Sheinbaum con el caso del juez destituido?
La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó públicamente el caso de Sergio Sigales en noviembre de 2025, cuando informó que se había denunciado al juzgador por decisiones que, según los señalamientos del Gobierno federal, habían permitido la liberación de presuntos delincuentes.
Para entonces, el juez acumulaba antecedentes de quejas presentadas por autoridades federales.
Desde 2023, la FGR y la Semar habían cuestionado criterios utilizados por Sigales en asuntos relacionados con delitos considerados de alto impacto por el Gobierno.
Posteriormente, el TDJ inició actuaciones contra el juzgador, quien fue suspendido de sus funciones desde el 30 de octubre de 2025.
La asociación JUFED considera que las declaraciones públicas de la presidenta son un antecedente que debe tomarse en cuenta al evaluar la independencia del procedimiento disciplinario.
No obstante, los señalamientos de presión política corresponden a la postura de la asociación y la defensa. La información disponible no acredita por sí sola que la destitución haya sido ordenada por el Ejecutivo federal.
¿Desde cuándo estaba suspendido el juez y qué ocurrió con su salario?
Sigales Obrador Garrido permanecía separado de sus funciones desde el 30 de octubre de 2025, como parte de las medidas aplicadas durante la investigación disciplinaria.
De acuerdo con Agencia Reforma, durante la suspensión recibía únicamente una tercera parte de su salario.
El juez cuenta con 25 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación.
Su situación cambió con la resolución de la Comisión de Disciplina, que pasó de una suspensión temporal a una sanción de destitución e inhabilitación.
La defensa del juzgador ha cuestionado la duración del procedimiento y las condiciones en las que se mantuvo la suspensión.
¿El juez Sergio Sigales también enfrenta una acusación penal?
Sí. Además de la sanción administrativa, Sergio Sigales enfrenta un procedimiento penal por presuntos delitos contra la administración de justicia.
El propio Tribunal de Disciplina Judicial presentó una denuncia ante la FGR en noviembre de 2025, relacionada con las decisiones que originaron el procedimiento disciplinario.
La Fiscalía dio seguimiento al caso y obtuvo un citatorio para que el juzgador comparezca ante una jueza de Control en Nayarit, en una audiencia prevista para diciembre de 2026.
En esa diligencia se contempla la formulación de imputación.
Es importante distinguir ambos procedimientos:
- Procedimiento disciplinario: analiza si el juez incurrió en una falta administrativa durante el ejercicio de sus funciones y dio lugar a su destitución e inhabilitación.
- Procedimiento penal: busca determinar si los hechos investigados pueden constituir un delito contra la administración de justicia.
La destitución administrativa no significa que el juez haya sido declarado culpable de un delito.
En el proceso penal deben respetarse la presunción de inocencia y las garantías correspondientes.
¿Por qué JUFED rechazó la destitución del juez Sigales?
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación cuestionó la decisión del TDJ al considerar que puede establecer un precedente para sancionar a jueces por el sentido de sus resoluciones.
La organización sostiene que Sigales tenía derecho a ejercer su criterio interpretativo durante las audiencias de los procedimientos abreviados.
También manifestó preocupación por la posibilidad de que las medidas disciplinarias se utilicen para presionar a otros integrantes del Poder Judicial.
En su posicionamiento, la asociación advirtió que el procedimiento estuvo precedido por señalamientos públicos desde la Presidencia de la República, lo que, a su juicio, genera dudas sobre la autonomía de la decisión.
JUFED expresó:
Criminalizar o sancionar administrativamente con la máxima severidad la labor interpretativa, la sana crítica y el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional envía un mensaje intimidatorio a todas las personas juzgadoras federales del país y socava los cimientos de la independencia judicial”.
La organización calificó la actuación del TDJ como un posible ejemplo de “ánimo represor” y sostuvo que las sanciones contra personas juzgadoras de carrera podrían generar incertidumbre en el ejercicio de sus funciones.
Estas declaraciones reflejan la posición de la asociación y no constituyen una determinación judicial que acredite persecución política.
¿Quiénes decidieron destituir al juez y todavía puede impugnar la sanción?
La destitución fue resuelta por la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial, integrada por tres magistrados:
- Rufino León Tovar.
- Celia Maya.
- Bernardo Bátiz.
La decisión todavía puede ser revisada por el Pleno del TDJ, integrado por cinco magistraturas, incluidas las tres personas que participaron en la comisión.
De acuerdo con el artículo 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las comisiones del TDJ resuelven los procedimientos disciplinarios en primera instancia, mientras que el Pleno actúa como segunda instancia para revisar las resoluciones correspondientes.
La reforma judicial modificó el régimen de responsabilidades de jueces y magistrados.
Bajo este esquema, las sanciones disciplinarias ya no pueden impugnarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el mecanismo que existía anteriormente.
Por ello, la revisión dentro del propio TDJ adquiere importancia para determinar el resultado definitivo del procedimiento administrativo.
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