Sheinbaum exige a los consejeros del INE reducir sus salarios y transparentar contrataciones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) reducir sus percepciones económicas y abrir a la fiscalización los procesos de compras públicas. Durante su conferencia matutina del 9 de noviembre de 2026 en Palacio Nacional, la mandataria federal instó al cuerpo colegiado a asumir su responsabilidad institucional ante las recientes investigaciones por presunta corrupción que impactan al organismo.

El pronunciamiento presidencial cuestionó que diversos funcionarios electorales mantengan ingresos superiores a 260 mil pesos mensuales brutos, un monto que sobrepasa el tope constitucional fijado respecto a las percepciones de la titular del Poder Ejecutivo Federal. La jefa de Estado consideró indispensable que las autoridades del órgano electoral ajusten sus remuneraciones en concordancia con los principios de austeridad republicana.

Brecha laboral y contrataciones públicas

La exigencia gubernamental coincidió con las protestas del personal operativo en los Módulos de Atención Ciudadana, quienes convocaron a movilizaciones para demandar mejoras laborales tras rechazar un incremento salarial de 6 por ciento propuesto por el instituto. La mandataria señaló que la estructura directiva del organismo electoral debe atender las condiciones de los empleados operativos y técnicos antes de sostener privilegios salariales en la cúpula.

Asimismo, Sheinbaum Pardo exhortó a los consejeros a utilizar su autonomía legal para modificar las normas de licitación en rubros como papelería y materiales electorales. La titular del Ejecutivo acusó que las reglas administrativas vigentes consolidaron un monopolio de proveedores que restringió la competencia e incrementó los costos operativos del organismo comicial.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó múltiples irregularidades históricas en la adquisición de bienes y servicios dentro del árbitro electoral, tras integrar testimonios de informantes acogidos a esquemas de reducción de sanciones. La entidad fiscalizadora recopiló expedientes financieros, contratos y comunicaciones que evidencian la manipulación de requisitos técnicos para beneficiar a contratistas específicos.

Deslinde político y responsabilidades legales

En el terreno político, la presidenta desmarcó al partido Morena de la llegada de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del INE, al recordar que el proceso de insaculación por tómbola ocurrió en 2023 con el aval legislativo mayoritario. Subrayó que casi todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, con la única excepción de Movimiento Ciudadano (MC), aprobaron la quinteta técnica de aspirantes de la cual emanó el nombramiento.

Respecto a las acusaciones que pesan sobre la expresidenta del instituto, Sheinbaum Pardo precisó que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) resolver las posibles consecuencias penales del caso. A su vez, determinó que el ámbito administrativo permanece bajo la jurisdicción de los órganos fiscalizadores correspondientes para deslindar sanciones e inhabilitaciones.

Para concluir, la mandataria federal reiteró que las deficiencias normativas del sistema electoral justifican la preparación de una reforma legal profunda que el gobierno federal promoverá tras la conclusión de los comicios intermedios de 2027. El objetivo central de dicha iniciativa consistirá en consolidar un esquema de fiscalización más estricto y eliminar los esquemas de duplicidad en el gasto público del organismo.