Demanda por derechos civiles denuncia condiciones ‘inhumanas’ en centro de detención de Indiana

Una coalición de organizaciones de derechos civiles —incluidos la ACLU, el National Immigrant Justice Center y el MacArthur Justice Center— presentó una demanda colectiva que impugna el trato "inhumano y constitucionalmente punitivo" a detenidos en una prisión de máxima seguridad de Indiana donde muchos inmigrantes del área de Chicago terminan tras su arresto.

Una extensa prisión masculina en Bunker Hill, la Miami Correctional Facility, a unas 150 millas de Chicago, abrió alrededor de 2001 y hoy funciona a la vez para presos estatales ordinarios y para inmigrantes detenidos.

Apodada informalmente "Speedway Slammer" por funcionarios federales, forma parte de una red de más de 250 centros de detención de inmigración en todo el país y se ha convertido cada vez más en una vía regional para quienes son capturados por agentes federales bajo las agresivas políticas de deportación del presidente Donald Trump.

Los abogados de derechos civiles dicen que las condiciones en la instalación se han vuelto extremadamente peligrosas, lo que ha resultado en violaciones directas de los derechos constitucionales de los inmigrantes detenidos. Desde 2025, al menos dos inmigrantes han muerto mientras estaban bajo custodia. Señalan que la demanda busca responsabilidad y la reversión inmediata de estas duras condiciones.

"La gente está sufriendo, ha muerto gente, y más gente sufrirá y morirá si eso continúa", dijo Kathleen Hickey, abogada del personal de la ACLU de Illinois que presentó la demanda. "Por eso presentamos esta demanda".

Las autoridades de Indiana no devolvieron de inmediato las solicitudes de comentarios sobre la demanda. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó las acusaciones de las condiciones, argumentando que cualquier afirmación de que los reclusos fueron "maltratados, desnutridos y no recibieron atención médica adecuada" es falsa.

Entre las demandantes que figuran en la demanda presentada en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Indiana, División de South Bend, está Cynthia Acevedo, una inmigrante transgénero de Guatemala que, según informes, ha pasado meses sin medicación consistente para la epilepsia, lo que le ha provocado múltiples convulsiones graves por semanas que le han causado lesiones físicas, incluidos dientes rotos.

La demanda alega además que Acevedo fue víctima de una agresión sexual por parte de otro detenido tras su llegada a la Miami Correctional Facility.

"Los demandados no tomaron su denuncia sobre la agresión durante varios días (a pesar de sus intentos inmediatos por denunciarla), no la examinaron ni le realizaron un kit de violación, no le proporcionaron medicación para prevenir la transmisión del VIH, y no le hicieron las pruebas de VIH solicitadas ni le entregaron resultados de ninguna prueba", indica la demanda.

Hickey afirma que a otros inmigrantes se les ha negado medicación crítica contra el VIH durante meses. Ella y otros defensores sostienen que las personas detenidas también están atrapadas en un sistema con atención médica y de salud mental peligrosamente inadecuada, agravada por condiciones de vida insalubres y falta de alimento adecuado.

"Hay un nivel de castigos abusivos y arbitrarios, como el confinamiento solitario, bloqueos excesivos, agentes que usan insultos raciales y antiinmigrantes y un uso excesivo de la fuerza", dijo Hickey.

Santiago Covarrubias/Sun-Times

En un comunicado emitido el año pasado, DHS anunció que se asociaba con Indiana para "ampliar el espacio de detención de ICE" en la instalación de Miami, incluidas 1,000 camas adicionales. También indicó que el acuerdo fue posible gracias a fondos de la "One Big Beautiful Bill" (Ley Grande y Hermosa) de Trump.

Los abogados de derechos civiles dicen que también deben responsabilizarse los funcionarios locales de Indiana.

"El estado de Indiana y el gobierno federal están trabajando juntos para crear un desastre de derechos humanos en una de las cárceles más peligrosas de Indiana", dijo Alexa Van Brunt, directora de la Oficina de Illinois del MacArthur Justice Center. "Las condiciones son crueles y han resultado en la muerte de personas inocentes. Tanto el estado como el gobierno federal deben rendir cuentas por su trato atroz a las personas encerradas en Miami".

Las denuncias de maltrato en la Miami Correctional Facility no son nuevas. Los abogados de esta demanda también señalan una batalla legal previa en la que la ACLU de Indiana obtuvo recientemente 1.2 millones de dólares en acuerdos por el abuso de reclusos en la instalación.

Esa litigación se remonta a 2021, provocada por una demanda presentada en nombre del recluso Jeremy Blanchard. Ese caso inicial motivó que decenas de otros presos se presentaran, lo que finalmente derivó en 30 demandas más contra el Departamento de Correcciones de Indiana por lo que los demandantes describieron como condiciones brutales dentro de las "celdas oscuras" de la prisión.

Adriana Cardona-Maguigad cubre inmigración para WBEZ. Síguela en X @AdrianaCardMag.

Traducido con una herramienta de inteligencia artificial (IA) y editado por los seres humanos de La Voz Chicago