Feijóo agita el fantasma de la "inseguridad" y el "desorden" y promete blindar Balears frente a la inmigración

Centenares de personas han llenado esta tarde la Sala Magna del Pueblo Español de Palma para asistir al mitin de Alberto Núñez Feijóo, en el que el presidente del PP ha presentado la inmigración, la seguridad y la vivienda como los tres grandes ejes de su alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez. Ante los asistentes, el líder popular ha prometido, si llega a La Moncloa, recuperar el control de las fronteras, endurecer la respuesta penal frente a la delincuencia y construir un millón de viviendas. La principal concreción territorial de su intervención ha sido el anuncio de un plan específico para proteger la frontera marítima de Balears, que incluiría solicitar a la Unión Europea la activación permanente de Frontex en la ruta migratoria entre Argelia y el archipiélago.

Al ritmo de 'Hall of Fame', de The Script, el líder popular ha hecho entrada en el recinto entre los aplausos del público congregado y, una vez en la tribuna, no ha tardado en despejar, sin paños calientes, las líneas maestras de su discurso: “Hoy vengo a ofrecer orden, seguridad y vivienda”. Acto seguido, ha presentado Balears como una de las principales “víctimas del desorden y del descontrol de la frontera” que atribuye al Gobierno central, contraponiendo las llegadas de años anteriores con las cifras más recientes y apelando a que “España tiene el derecho de decidir quién entra, cómo entra y para qué”.

En este sentido, el presidente del PP ha reclamado un modelo migratorio que responda a las necesidades del país y no, en sus palabras, “a las exigencias de las mafias ni al chantaje de terceros”. También ha deslizado que la gestión migratoria no puede limitarse a “saturar” los centros de acogida ni a instalar carpas en los puertos, una narrativa que ya habían desplegado los populares en Balears para oponerse al reparto puntual y solidario de menores migrantes procedentes de zonas de alta presión. “Es inaceptable que casi todas las semanas aparezcan cadáveres flotando en las playas, en los puertos, en los espigones de la tierra”, ha afirmado antes de acusar al Gobierno de no hacer lo suficiente para evitar estas muertes.

Al respecto, su principal anuncio para las islas ha sido el compromiso de aprobar un plan específico para proteger la frontera marítima y hacer frente a la crisis migratoria. Ha prometido perseguir a las mafias y a quienes colaboren con ellas, reforzar los controles, aplicar el Reglamento europeo de Retornos y comprobar la edad y los antecedentes de las personas que llegan. También ha anunciado que solicitará a la Unión Europea la activación permanente de Frontex en la ruta entre Argelia y Balears, una petición, sin embargo, que deberá atenerse al Reglamento europeo 2019/1896: la normativa permite a los Estados miembros solicitar operaciones conjuntas, pero su puesta en marcha requiere la intervención de la agencia europea, un análisis de riesgos y un plan operativo acordado entre ambas partes.

La seguridad ha constituido el segundo compromiso de Feijóo, quien ha ha enarbolado una supuesta tasa de criminalidad “15 veces mayor que la media del conjunto de España” y ha cifrado en un millar las vacantes de Policía Nacional y Guardia Civil en las islas. “No puede ser que en Balears falten mil agentes de Policía”, ha señalado, ante lo cual se ha comprometido a facilitar la cobertura de las plazas vacantes y a recuperar la presencia policial en los barrios, con una actuación más contundente contra la ocupación y la degradación del espacio público.

“Si el delincuente es español, pagará. Y si es extranjero, se le expulsará”

El dirigente popular ha anunciado asimismo medidas contra la multirreincidencia y un endurecimiento de la respuesta frente a los delitos de sangre y contra la libertad sexual. “Si el delincuente es español, pagará. Y si es extranjero, se le expulsará”, ha afirmado en una formulación con la que ha simplificado el marco jurídico vigente. No en vano, el artículo 89 del Código Penal permite sustituir determinadas penas de prisión impuestas a ciudadanos extranjeros por su expulsión, pero no contempla una expulsión automática por cualquier delito: existen requisitos, excepciones y garantías judiciales.

Feijóo ha convertido buena parte de su discurso en un reproche a la gestión del Ejecutivo de Sánchez, responsabilizándolo de la situación de los servicios públicos, pese a haber dispuesto, según ha señalado, de más ingresos fiscales, deuda pública y fondos europeos que nunca. “Usted ha sido el mayor peligro para los servicios públicos de nuestro país”, ha proclamado.

En uno de los pasajes más duros de su intervención, Feijóo ha vinculado los casos de corrupción que atribuye al entorno del PSOE con la falta de inversiones en infraestructuras, seguridad y vivienda. “Cada euro robado por el sanchismo es un euro que no ha ido a la seguridad ferroviaria, a construir vivienda o a cubrir plazas de Policía, Guardia Civil y médicos”, ha espetado, para a continuación proclamar que la protección de los servicios públicos pasa por aprobar presupuestos -en el caso de Balears, el Govern del PP los ha aplazado hasta después de las elecciones-, planificar inversiones, mantener infraestructuras y garantizar la seguridad.

El discurso ha tenido una especial dimensión balear en materia migratoria. El líder del PP ha prometido reforzar los controles marítimos, perseguir a las mafias, aplicar el Reglamento europeo de Retornos y solicitar a Bruselas un despliegue permanente de Frontex en la ruta entre Argelia y Balears, una promesa requeriría de una negociación y una decisión en el marco de las instituciones europeas: el Reglamento europeo 2019/1896 establece que los Estados miembros pueden solicitar asistencia a la agencia, que debe evaluar las necesidades, los riesgos y los recursos disponibles. Las operaciones conjuntas requieren un plan operativo acordado entre Frontex y el Estado miembro de acogida.

El candidato popular también ha denunciado que la gestión del Gobierno se limite, a su juicio, a acumular centros de acogida y carpas sin resolver el problema. La inmigración ha sido, de hecho, uno de los argumentos centrales de la intervención. Feijóo ha denunciado que el Ejecutivo ha convertido la gestión migratoria en un problema de descontrol y ha asegurado que la situación es «insostenible» para los vecinos, los servicios públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El presidente del PP ha vinculado además inmigración e inseguridad y ha prometido una presencia policial “visible y continuada” en los barrios, así como medidas contra la ocupación y la degradación del espacio público. “Si el delincuente es español, pagará. Y si es extranjero, se le expulsará”, ha afirmado en una formulación con la que ha simplificado el marco jurídico vigente: el artículo 89 del Código Penal contempla la sustitución de determinadas penas de prisión impuestas a ciudadanos extranjeros por la expulsión del territorio español, pero no establece que cualquier persona extranjera que cometa un delito deba ser expulsada automáticamente. La decisión está sujeta a condiciones legales y a la intervención de los tribunales.

En materia de multirreincidencia, Feijóo ha prometido endurecer las penas y ha reclamado «total firmeza» ante los delitos contra el patrimonio, los delitos de sangre y los delitos contra la libertad sexual. No obstante, el endurecimiento de la respuesta penal no parte de un vacío legislativo: el pasado abril entró en vigor la Ley Orgánica 1/2026, que modificó el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reforzar la respuesta frente a la multirreincidencia, especialmente en los delitos contra el patrimonio.

Un millón de viviendas y una promesa de desalojo en 48 horas

La vivienda ha constituido el tercer gran bloque del mitin. Feijóo ha responsabilizado a Sánchez de haber generado “la mayor crisis de falta de vivienda de la historia de España” y ha prometido que, bajo un Gobierno del PP, se construiría un millón de pisos. Para conseguirlo, la propuesta, que ya había adelantado en un vídeo difundido este lunes, busca facilitar la construcción, reducir la burocracia y los impuestos -con especial atención a los jóvenes- y ofrecer mayor protección tanto a propietarios como a inquilinos. “Vamos a construir una nueva generación de propietarios”, ha aseverado.

En esta línea, el líder del PP ha insistido en necesidad de aprobar una ley que permita echar a los okupas en 48 horas, a pesar de que el peso de este fenómeno en la crisis de la vivienda es, de acuerdo a los datos disponibles, marginal: las cifras del Ministerio del Interior sitúan las denuncias por usurpación y allanamiento en una proporción muy reducida respecto al conjunto del parque de viviendas, muy lejos de explicar las dificultades generalizadas de acceso. Además, organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vienen señalando que la mayoría de procedimientos vinculados a la okupación no afectan a primeras residencias, sino a inmuebles vacíos, a menudo en manos de grandes tenedores.

El dirigente popular ha presentado así el acceso a la propiedad y la seguridad jurídica de los propietarios como dos de las principales respuestas a la crisis residencial, sin mencionar en ningún momento la grave situación que desde hace años atraviesa Balears por la especulación -alimentada por las sucesivas burbujas inmobiliarias-, la voracidad de los fondos de inversión, la polarización económica y la turistización, que aboca a numerosas personas al hacinamiento en infraviviendas y en caravanas. Se trata de una circunstancia a la que se suma la creciente irrupción de compradores foráneos de elevado poder adquisitivo en el mercado inmobiliario isleño: las operaciones las concentran inversores y grandes propietarios, además de alemanes, británicos y franceses con gran solvencia financiera que compran inmuebles a precios inalcanzables para la mayoría de los residente.

Prohens: “Gobernar no es amenazar a las Comunidades Autónomas”

La reivindicación de los dirigentes populares de las islas ha ido en la misma dirección. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha aprovechado su intervención para presentar las políticas del Ejecutivo autonómico como contrapunto a la gestión del Gobierno central y reivindicar la capacidad de gestión del PP. “Gobernar es gestionar”, ha defendido, antes de acusar a Sánchez de amenazar a las comunidades autónomas e invadir sus competencias. “Gobernar no es amenazar a las comunidades autónomas, invadir nuestras competencias o desear que nos quiten competencias para devolverlas al Estado”, ha afirmado. También ha cargado contra la política fiscal estatal y ha reprochado al Ejecutivo que siga recaudando el IVA de los jóvenes que compran su primera vivienda, mientras, según ha dicho, el Govern ha eliminado impuestos para facilitarles el acceso a una casa.

Prohens también ha endurecido su discurso sobre inmigración, aunque ha introducido una distinción entre quienes llegan a las islas para trabajar y quienes delinquen. “Estos que vienen a construir su proyecto de vida, a trabajar, a integrarse, a respetar nuestras leyes y nuestras tradiciones. Estos, hayan nacido donde hayan nacido, son nuestra gente aquí”, ha afirmado. A continuación, ha añadido: “No para aprovecharse o para delinquir. Tienen que volverse por donde han venido”. La presidenta ha pedido a Feijóo que no deje solas a las islas y ha descrito Baleares como una de las rutas de entrada de inmigración irregular que más crece en Europa.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha situado también el control migratorio entre las principales reivindicaciones que traslada al líder nacional del PP. “Amigo Alberto, necesitamos una cosa muy importante para Mallorca: necesitamos un control de nuestra frontera”, ha reclamado, antes de pedir que el futuro Gobierno tenga en cuenta esta cuestión y actúe cuanto antes. Galmés ha aprovechado además su intervención para expresar su respaldo al proyecto de Feijóo: “Te puedo asegurar que no te fallaremos, que daremos todo lo mejor de nosotros para conseguir los mejores resultados del Partido Popular de las Islas Baleares”.

Finalmente, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha acusado al Gobierno central de haber abandonado la ciudad y de perjudicarla en cuestiones como la vivienda, la ocupación, la inmigración y la movilidad. “Aquí en Palma hemos sufrido el abandono de Pedro Sánchez de nuestra ciudad”, ha afirmado. Martínez ha reclamado a Feijóo que, si llega a La Moncloa, acompañe las políticas municipales y autonómicas en materia residencial con un plan estatal de vivienda y reformas legislativas que faciliten el acceso a una casa. “Te vamos a pedir una vivienda. Vivienda y vivienda”, ha insistido. El alcalde ha reivindicado asimismo la actuación municipal contra la ocupación y en defensa del espacio público y ha asegurado que Palma está preparada para respaldar el proyecto político del dirigente popular.