Tribunal de Ecuador niega habeas corpus a la excandidata González y no saldrá de prisión

El recurso tenía por objetivo que González pudiera defenderse en libertad tras ser encarcelada el 23 de octubre por un presunto delito de lavado de dinero, relacionado con el manejo de fondos de la campaña electoral de 2023.

Además, la defensa buscaba que los jueces determinasen que la prisión preventiva impuesta en su contra por el caso denominado como 'Laberinto' había sido ilegal, arbitraria e ilegítima.

Sin embargo, los magistrados señalaron que la orden "fue emitida por una autoridad con competencia en el juzgamiento del delito que se investiga", descartaron la existencia de "una violación constitucional en el derecho a la libertad" de González y rechazaron por unanimidad el recurso presentado.

Diego Guarderas, abogado de la excandidata, apeló la decisión del tribunal y dijo que los jueces no habían tomado en cuenta las pruebas presentadas a favor de la política.

González aprovechó antes de que se cerrara la sala virtual para decirle a sus compañeros y militantes de la Revolución Ciudadana (RC), el suspendido partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que no suelten "la bandera" y sigan "en la lucha".

"Vamos, que aquí nadie se da por vencido", dijo la política opositora desde la prisión de la ciudad andina de Riobamba, donde está recluida desde el 23 de octubre.

Natasha Rojas, integrante de Unidad Popular, uno de los partidos de izquierda que está cobijando a los candidatos de la RC para las elecciones locales del 29 de noviembre, le dijo a González que están con ella y con todos "los presos políticos y los perseguidos políticos".

"Sistema judicial vendido. Fuerza Luisa", agregó Gabriela Rivadeneira, presidenta de la RC.

González, que perdió en segunda vuelta frente al actual presidente Daniel Noboa las dos últimas elecciones presidenciales celebradas en Ecuador en 2023 y 2025, fue detenida como parte de unas investigaciones de la Fiscalía sobre la financiación y el manejo de fondos de su primera campaña electoral, que iniciaron con el caso llamado 'Caja Chica'.

Ese caso llevó a que la Revolución Ciudadana fuese suspendido por petición de la Fiscalía, e impedido de participar en las elecciones locales del 29 de noviembre, donde el correísmo aspiraba a mantener bajo su marca las prefecturas y alcaldías de las principales ciudades como Quito y Guayaquil.

El Ministerio Público busca pruebas desde inicios de año que demuestren que el correísmo financió supuestamente su campaña electoral de 2023 con dinero traído en efectivo desde Venezuela.

En el marco del caso 'Laberinto', también busca si se usó dinero de una empresa del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, condenado, en primera instancia, por presunta comercialización ilícita de combustibles en las estaciones de servicio que posee con su familia.