Hijos de Rubén Rocha Moya obtuvieron 94 millones de pesos en contratos públicos

Los hijos de Rubén Rocha Moya y personas cercanas a ellos han obtenido unos 94 millones de pesos mediante contratos públicos mientras su padre ha ocupado cargos de poder en Sinaloa, según una investigación de El Universal.

Las contrataciones abarcan más de 15 años y beneficiaron tanto a empresas de los Rocha Ruiz como a compañías de sus socios, incluidos negocios realizados durante la gubernatura de su padre.

Hijos de Rocha Moya fueron beneficiados por más de 15 años con contratos públicos

En mayo de 2009, Rubén y Ricardo Rocha Ruiz fundaron la constructora Chocosa, que ocho meses después recibió su primer contrato con la Secretaría de Obras de Sinaloa por 292 mil pesos.

Entonces, Rocha Moya era jefe de asesores del gobernador priista Jesús Aguilar Padilla.

La investigación Operación Desfalco, publicada en 2019, documentó que entre enero de 2010 y mediados de 2018 la empresa obtuvo 64 millones de pesos en contratos estatales y municipales.

Cuando Rocha Moya regresó al gobierno sinaloense en 2017, como jefe de asesores de Quirino Ordaz Coppel, Chocosa recibió cuatro contratos por 6 millones 781 mil pesos.

Cuestionado sobre un posible conflicto de interés, negó haber intervenido y sostuvo que desconocía las contrataciones: “Mi puesto nada tenía que ver con contratación de obra”, afirmó en esa ocasión.

Entre 2003 y 2016, los tres hijos varones del gobernador con licencia fundaron al menos nueve compañías dedicadas a construcción, comercio, servicios financieros y actividades agropecuarias, entre otros giros.

Una de ellas, Grupo Rofcar, fundada por José Jesús Rocha Ruiz, comenzó a recibir contratos estatales en diciembre de 2021, dos meses después de que su padre asumiera la gubernatura.

Contrataciones directas

Grupo Rofcar vendió baterías y acumuladores para vehículos al Sistema DIF estatal, presidido honoríficamente por Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador. Durante 2022, el organismo realizó 30 contrataciones directas con la compañía.

Sus negocios también llegaron a la Secretaría de Salud y a la Junta Municipal de Agua Potable de Culiacán, durante la administración de Juan de Dios Gámez Mendívil, ahijado del mandatario y requerido por Estados Unidos por sus presuntos nexos y protección al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos para permitir operaciones ilícitas.

Los contratos beneficiaron también a José Carlos Cárdenas Mellado y Alejandro Félix Miranda, socios de Rocha Ruiz en Grupo Rofcar.

La empresa del primero, Frutas y Verduras de El Dorado, facturó unos 25 millones de pesos a instituciones públicas, mientras Félix Miranda cobró aproximadamente 2.4 millones como persona física.

Cárdenas Mellado fue nombrado titular del SAT estatal en agosto de 2024 y renunció el 19 de octubre de 2026.

En conjunto, los tres socios vendieron unos 29 millones de pesos al gobierno de Sinaloa y al municipio de Culiacán entre diciembre de 2021 y noviembre de 2024.

Según el reportaje, de 14 contratos y 547 órdenes de compra revisados, únicamente una contratación se realizó mediante licitación pública; las demás fueron adjudicaciones directas.

La investigación se sustentó en decenas de solicitudes de información iniciadas desde 2025.

El reportaje también identificó alimentos facturados hasta cuatro veces por encima de los precios de mercado por Frutas y Verduras de El Dorado al DIF.

En 2023, la empresa vendió un kilo de chayote en 81 pesos, frente a los 18.4 pesos del Mercado de Abastos de Culiacán, y una pieza de elote en 20 pesos, cuando costaba seis pesos.

La revisión comprendió 134 órdenes de compra, cuyos precios fueron contrastados con información de la Secretaría de Economía.

En mayo de 2026, el Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa propuso que el Sistema Estatal Anticorrupción exhortara a investigar posibles conflictos de interés y otras irregularidades en estos contratos.

Su presidenta, Raquel Zapién, denunció que los representantes institucionales se negaron incluso a dar lectura a la propuesta y no la sometieron a votación.

Ante la falta de avances, la diputada local priista Paola Gárate pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera investiguen la red empresarial.