La Justicia canadiense examina si devolver a solicitantes de asilo a EEUU vulnera derechos

El Acuerdo de Tercer País Seguro, en vigor desde 2004, obliga por regla general a solicitar asilo en el primero de los dos países al que se llega. En 2023, Ottawa y Washington ampliaron su aplicación a toda la frontera terrestre, incluidos los cruces irregulares, con algunas excepciones.

La demanda, impulsada por el Consejo Canadiense para los Refugiados, Amnistía Internacional, el Consejo Canadiense de Iglesias y dos familias de El Salvador y Siria, sostiene que el mecanismo vulnera el derecho constitucional a la igualdad reconocido en el artículo 15 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

"Este acuerdo con Estados Unidos perjudica de manera desproporcionada a las mujeres solicitantes de asilo, los niños y las personas LGTBI", explicó a EFE Sharry Aiken, profesora de Derecho de la Universidad Queen's.

Según la académica, quienes son devueltos pueden acabar detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y expulsados a sus países de origen o a terceros países, sin que sus solicitudes sean examinadas en Canadá.

"Canadá ha dado la espalda a lo que antes era una tradición humanitaria", lamentó Aiken, quien recordó la acogida de miles de refugiados sirios hace una década.

"Este acuerdo cierra la puerta, cierra la frontera y convierte a Canadá en una especie de fortaleza", añadió.

Según las cifras aportadas al proceso, Canadá devolvió a Estados Unidos a 4.323 solicitantes de asilo entre enero de 2025 y marzo de 2026, entre ellos 860 menores de 17 años.

Un informe publicado el jueves por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense reveló que el número medio diario de personas detenidas por ICE aumentó un 52 % entre abril de 2025 y abril de 2026, hasta 61.817 personas, mientras disminuyó la frecuencia de algunas inspecciones.

El Gobierno canadiense defiende que Estados Unidos dispone de garantías judiciales para examinar las solicitudes y que existen mecanismos para impedir devoluciones en casos de riesgo.

En 2023, el Tribunal Supremo canadiense concluyó que la normativa que designa a Estados Unidos como tercer país seguro no vulneraba el derecho a la libertad y a la seguridad personal, pero devolvió la causa al Tribunal Federal para que examinará si contraviene el derecho a la igualdad.

Aiken contrastó la política canadiense con la reciente regularización de inmigrantes en España: "Su Gobierno reconoció, al conceder esa regularización, que ese es el camino que hay que seguir". Precisó, sin embargo, que el litigio en Canadá se centra en garantizar el derecho a la igualdad a los solicitantes de asilo.

Las vistas continuarán el martes y el jueves, y está prevista otra sesión el 16 de diciembre.