Denuncian a Abelardo de la Espriella ante el Congreso de EEUU por presuntos negocios con narcotraficantes, operaciones inmobiliarias y vínculos con empresas que podrían haber lavado dinero

El senador y excandidato presidencial colombiano Iván Cepeda presentó una denuncia ante 15 congresistas demócratas de Estados Unidos para solicitar que se investiguen los presuntos vínculos comerciales del presidente Abelardo de la Espriella con personas relacionadas con el narcotráfico y el paramilitarismo.

Entre los señalamientos figuran operaciones de compra de tierras, la participación de familiares de un narcotraficante en una empresa productora de ron y negocios relacionados con una mina de oro.

La denuncia busca que los departamentos de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos revisen las operaciones financieras y patrimoniales del mandatario, quien también tiene nacionalidad estadounidense.

Cepeda sostiene que los posibles vínculos representan un riesgo para la seguridad de ese país y solicita que se investiguen eventuales relaciones con el empresario Alex Saab, señalado como testaferro del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

El legislador también presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, instancia competente para investigar al presidente en funciones.

Además, anunció que llevará parte del expediente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para solicitar protección a campesinos que, según sus señalamientos, reciben amenazas de personas relacionadas con el narcotraficante conocido como el “comandante Barbie”.

¿Por qué Cepeda acudió al Congreso de Estados Unidos?

La comunicación fue dirigida a 15 congresistas demócratas, entre ellos Gregory Meeks, quien asumirá la presidencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes a partir del próximo 3 de enero, y Joaquín Castro, quien encabezará el Subcomité del Hemisferio Occidental.

Cepeda considera que el cambio en la composición del Congreso estadounidense puede facilitar que sus denuncias reciban atención.

Después de las elecciones legislativas de noviembre, los demócratas tendrán el control de ambas cámaras a partir de enero, lo que, según el senador, abre una oportunidad para solicitar investigaciones sobre los negocios del mandatario colombiano.

El opositor sostiene que decidió acudir a las autoridades estadounidenses porque De la Espriella también tiene nacionalidad de ese país, además de la colombiana y la italiana.

En declaraciones a Proceso, Cepeda explicó que el expediente incluye estados financieros, títulos de propiedad, testimonios de víctimas y documentación oficial.

“Es un expediente muy completo, con estados financieros, títulos de propiedad, testimonios de víctimas y documentación oficial que nos demuestran un asunto muy grave: que Colombia tiene como jefe de Estado a un socio de narcotraficantes”, afirmó.

El senador pide que los departamentos de Justicia y del Tesoro elaboren un informe sobre las acusaciones y revisen los posibles vínculos del presidente con Alex Saab.

Los negocios con el llamado “comandante Barbie” y la empresa Ron Defensor

Uno de los principales señalamientos de Cepeda está relacionado con Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido como el “comandante Barbie”, a quien identifica como narcotraficante y paramilitar del departamento colombiano del Cesar.

De acuerdo con la denuncia, Rodríguez Fuentes fue procesado por narcotráfico y lavado de dinero en 2010 ante una corte federal de Estados Unidos. También se le relaciona con el despojo de tierras a campesinos de esa región, algunas de las cuales habrían quedado registradas a nombre de familiares, prestanombres o empresas bajo su control.

Cepeda sostiene que De la Espriella tuvo relaciones comerciales con personas del entorno de Rodríguez Fuentes que van más allá de los servicios profesionales que pudo prestarles como abogado.

Uno de los casos señalados es Dominio de la Espriella, empresa productora del Ron Defensor. El senador presentó estados financieros en los que, según su interpretación, familiares del “comandante Barbie” y la firma Monte Horeb Group aparecen como principales aportantes de capital accionario.

Los documentos citados registran una participación conjunta de 40.8% en 2022 y 38.1% en 2023.

A partir de estos datos, Cepeda pidió investigar si la empresa pudo utilizarse para introducir recursos de origen ilícito al sistema financiero.

“Hay que establecer en las investigaciones judiciales si Ron Defensor es un mecanismo de lavado de activos”, señaló.

Otro negocio mencionado es la compra de la finca Nueva Jerusalén, ubicada en el departamento del Cesar. Según el expediente, en 2013 De la Espriella adquirió el terreno a una hermana del “comandante Barbie” por debajo de su valor comercial.

La propiedad colinda con terrenos que habrían sido despojados a campesinos y se encuentra sobre un yacimiento de carbón concesionado a la multinacional Drummond.

Para Cepeda, esta operación forma parte de una serie de negocios que deben revisarse para determinar si existieron relaciones comerciales entre el mandatario y personas vinculadas con el narcotráfico.

También señala operaciones con otros empresarios y una mina de oro

La denuncia incluye otra operación inmobiliaria realizada en 2020 con Carlos Arturo Vega Pineda, a quien Cepeda identifica como narcotraficante, lavador de activos y socio de grupos paramilitares.

Según el senador, De la Espriella le compró un lote rural en el departamento de Córdoba mediante una empresa familiar.

Otro caso involucra a Daniel Peñarredonda, exsocio del bufete De La Espriella Lawyers Enterprise, quien habría participado en la explotación de una mina de oro relacionada con terrenos que, según la denuncia, fueron arrebatados a una comunidad afrocolombiana que los trabajaba de manera artesanal.

Cepeda señala a Peñarredonda como un posible prestanombre del presidente y recuerda que durante años fue uno de sus colaboradores cercanos en el despacho de abogados.

La concesión minera fue otorgada a Minecar Gold, cuyo representante es Olimpo Oliver, amigo de De la Espriella y antiguo compañero universitario.

El expediente también menciona que Oliver apareció junto al presidente durante un acto militar el 26 de agosto y que, durante los primeros dos meses de la administración, habría recibido cuatro nuevos bloques de exploración minera.

Las comunidades afectadas lo han señalado por presunto daño ambiental y lavado de activos, según la información presentada por Cepeda.

𝗜𝗩𝗔́𝗡 𝗖𝗘𝗣𝗘𝗗𝗔 𝗘𝗡𝗩𝗜𝗔 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗔 𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗜𝗦𝗧𝗔𝗦 𝗬 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢𝗨𝗡𝗜𝗗𝗘𝗡𝗦𝗘𝗦@IvanCepedaCast , senador del Pacto Histórico y líder de la oposición, advirtió a 15 congresistas demócratas de EE. UU. que la política agraria de… pic.twitter.com/plu6reebDb

— Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) November 5, 2026

La finca Polonia y las acusaciones sobre terrenos de la nación

Otro de los negocios que el senador solicita investigar es la adquisición de la hacienda Polonia, realizada por De la Espriella y su padre.

De acuerdo con la denuncia, el título inicial del predio registraba una superficie de 325 hectáreas. Sin embargo, mediante una escritura posterior, la extensión fue actualizada a 392 hectáreas, con una diferencia de 67 hectáreas que, según Cepeda, correspondían a terrenos propiedad de la nación.

El legislador considera que esta operación debe revisarse junto con la compra de Nueva Jerusalén y los demás negocios inmobiliarios mencionados en el expediente.

Entre los posibles delitos que solicita investigar se encuentran el concierto para delinquir con el “comandante Barbie”, el interés indebido en la celebración de contratos, el tráfico de influencias y el prevaricato por omisión, que consiste en incumplir ilegalmente las obligaciones de un servidor público.

Estos señalamientos todavía deben ser examinados por las autoridades competentes para determinar si existen responsabilidades penales.

Campesinos denuncian amenazas para recuperar tierras entregadas por el Estado

Además de los negocios del presidente, Cepeda busca que se investiguen las amenazas contra campesinos que recibieron la finca La Alquería, anteriormente relacionada con el “comandante Barbie”.

El terreno fue adjudicado a principios de 2026 por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Sin embargo, según el expediente, los beneficiarios han recibido intimidaciones de personas armadas que presuntamente trabajan para el narcotraficante.

La denuncia recoge advertencias como: “el patrón va a recuperar esto sí o sí” porque “es amigo del presidente”.

El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, también aparece citado en el expediente. Según su declaración, varios campesinos denunciaron planes para asesinarlos.

“Es el mejor amigo y socio del presidente quien nos está amenazando de muerte”, señala Harman en referencia a las intimidaciones que atribuye al entorno del “comandante Barbie”.

Cepeda sostiene que la finca se encuentra en un corredor relacionado con actividades carboníferas y de narcotráfico, por lo que considera necesario garantizar la seguridad de las comunidades.

Por ello, anunció que solicitará a la Fiscalía colombiana investigar las amenazas y acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares de protección para los campesinos y exfuncionarios señalados como víctimas de intimidaciones.

Cepeda acusa al Gobierno de impulsar una contrarreforma agraria

Los señalamientos contra De la Espriella también están relacionados con la política de distribución y restitución de tierras en Colombia.

Cepeda considera que las operaciones inmobiliarias, las concesiones mineras y las decisiones del Gobierno forman parte de una estrategia para revertir la entrega de terrenos a comunidades campesinas que impulsó la administración anterior, encabezada por Gustavo Petro.

Según cifras de la Agencia Nacional de Tierras citadas por el senador, durante el gobierno de Petro, del 7 de agosto de 2022 al 7 de agosto de 2026, se entregaron 382 mil hectáreas al campesinado, otras 831 mil se incorporaron al Fondo de Tierras y se formalizaron 2.4 millones de hectáreas.

El legislador sostiene que la actual administración busca devolver terrenos a antiguos despojadores vinculados con el narcotráfico y el paramilitarismo, además de favorecer proyectos agroindustriales y de empresas minero-energéticas.

El 27 de octubre, Cepeda llevó estos señalamientos al Senado durante un debate de control político al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.

En esa sesión afirmó que las instituciones estatales enfrentan una posible alianza entre capitales ilegales, intereses sobre la propiedad de la tierra y grupos armados. A este modelo lo denominó “narcorrentismo”.

También acusó al Gobierno de intentar frenar la restitución de tierras y facilitar la devolución de propiedades relacionadas con redes del narcotráfico y el paramilitarismo.

Como parte de sus señalamientos contra el ministro Dangond, afirmó que se ordenó congelar 1.4 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos 420 millones de dólares, destinados a la compra de tierras para campesinos, además de reducir a la mitad el presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras.

Cepeda agregó que el presidente habría integrado un grupo de 14 funcionarios en puestos estratégicos del sector agrario, algunos de ellos con antecedentes profesionales, corporativos o comerciales relacionados con el bufete De La Espriella Lawyers y con el propio ministro.

¿Qué respondió el Gobierno colombiano a las acusaciones?

Las denuncias de Cepeda también recibieron una respuesta del ministro de Justicia, Iván Cancino, quien cuestionó la manera en que se han presentado los señalamientos contra el mandatario.

El funcionario reconoció que el control político es una herramienta fundamental de la democracia, pero advirtió que no debe utilizarse para formular acusaciones sin sustento.

“Pero no puede convertirse en un escenario para lanzar acusaciones sin demostrar y fundamentarlas”, afirmó.

Cancino agregó que los señalamientos contra De la Espriella pueden parecer graves, pero consideró que no cuentan con pruebas contundentes.

La postura del ministro representa la respuesta gubernamental incluida en la información sobre el caso. Las acusaciones de Cepeda, por su parte, deberán ser revisadas por las instancias judiciales correspondientes.

El senador también cuestionó que el presidente mantenga un discurso centrado en la seguridad y el combate a la delincuencia mientras, según su denuncia, existen operaciones comerciales que deben investigarse por sus posibles relaciones con personas vinculadas al narcotráfico.

Por ahora, Cepeda busca que las investigaciones avancen tanto en Colombia como en Estados Unidos, mientras insiste en que los negocios relacionados con tierras, minería y empresas deben revisarse para establecer el origen de los recursos y determinar si existieron actividades ilegales.