Cede PJF a presión sindical; abrogan evaluación con efectos sancionatorios

• Tras las protestas y el cierre de juzgados y tribunales federales, el Órgano de Administración Judicial abrogó el acuerdo que regulaba la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial. La Suprema Corte respaldó la decisión y llamó a reanudar las actividades.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La presión ejercida por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), que durante el fin de semana exigieron eliminar el carácter sancionatorio del nuevo sistema de evaluación de la carrera judicial, desembocó este lunes en la abrogación total del acuerdo que había provocado la inconformidad sindical.

El Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) decidió dejar sin efectos el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, que regulaba la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, después de las negociaciones celebradas el sábado 7 de noviembre con representantes de tres organizaciones sindicales y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

La determinación fue adoptada durante una sesión extraordinaria del OAJ y publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, según confirmó la propia Suprema Corte, que reconoció la decisión como una respuesta a las preocupaciones expresadas por la base trabajadora.

Con ello quedó sin efecto la regulación cuestionada, que, de acuerdo con los compromisos alcanzados durante las negociaciones, contenía referencias susceptibles de interpretarse como mecanismos de sanción o separación del cargo derivados de los resultados de las evaluaciones.

A través de un comunicado, el OAJ informó que, a pesar del compromiso de las dirigencias sindicales de reanudar normalmente las actividades, permanecían cerradas las instalaciones de al menos 50 juzgados y tribunales federales.

El organismo señaló que esa situación afectaba el derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía y dificultaba el cumplimiento del mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita.

La persistencia de los cierres coincidió con el giro definitivo en la posición institucional: en lugar de limitarse a modificar las disposiciones cuestionadas, como se había convenido el sábado, el Pleno del OAJ resolvió abrogar la totalidad del acuerdo.

De acuerdo con la explicación oficial, la decisión se adoptó después de revisar los compromisos de modificación y constatar que continuaban las afectaciones al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

La abrogación tiene un alcance mayor al de las modificaciones originalmente negociadas, pues deja sin efectos todo el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 y no solamente las disposiciones relacionadas con sanciones o evaluaciones extraordinarias.

En su comunicado, el OAJ sostuvo que su determinación responde a la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios judiciales y proteger el derecho de la sociedad a recibir justicia.

Asimismo, reiteró su compromiso con el fortalecimiento institucional y con la adecuada atención de las personas usuarias de juzgados y tribunales federales.

Horas después, la Suprema Corte emitió un pronunciamiento en el que reconoció la decisión del OAJ y consideró atendidas las preocupaciones de los trabajadores respecto del sistema de evaluación.

El máximo tribunal destacó la disposición de la autoridad administrativa para responder a la inconformidad expresada por la base laboral, aunque hizo un llamado a los trabajadores de todos los circuitos judiciales para que continuaran sus labores con normalidad, ante la necesidad de mantener la atención a la ciudadanía.