Cómo explicarle a un niño que va a ser desahuciado: "Es el juego del Monopoly, pero nosotros estamos dentro"

Ante una situación tan compleja como un desahucio, Aida Navales decidió recurrir a un símil que su hijo Nil, de 13 años, pudiera entender fácilmente. En el juego del Monopoly, el objetivo es acumular la mayor fortuna posible comprando propiedades, construyendo casas y cobrando alquileres a tus oponentes hasta llevarlos a la bancarrota. En su caso, quien intenta ganarles la partida es Promontoria Coliseum Real Estate S.L., una sociedad vinculada al fondo Cerberus que quiere expulsarla a ella y a otras dos familias de su casa, en el centro histórico de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

A las puertas de la huelga general por la vivienda de este miércoles, Aida relata cómo le explicó a su hijo esta situación y por qué la convocatoria es importante para garantizar los derechos de los niños. “Le conté a Nil que los bancos venden el piso a empresas que se dedican comprar viviendas muy baratas para volver a venderlas a terceros. Un poco como si fuera el Monopoly, pero nosotros estamos dentro”, cuenta esta madre, que está a la espera de que se le notifique la fecha para su desahucio.

Al principio, dudó sobre cómo explicarle a su hijo el panorama inmobiliario que pesaba sobre la familia. “¿Esconderle la verdad es protegerle? Tienes que pensar qué información darle para no cargarle demasiado y evitar que pueda hacerle daño”, reflexiona Navales. Vive en este bloque de tres plantas del número 22 de la calle Sant Pere desde 2013, cuando todavía estaba embarazada de Nil.

Entonces pagaba un alquiler de unos 400 euros al mes. Pero en 2018 descubrió que el inmueble, hasta entonces propiedad de una familia del pueblo, había sido adquirido por Banc Sabadell y que, posteriormente, había pasado a manos de esta sociedad vinculada a Cerberus. Este fondo buitre no quiso renovarles el contrato y desde entonces están en pie de guerra para impedir la ejecución.

Nil no es el único niño que vive en este edificio. Las tres familias suman nueve hijos, ocho de ellos menores de edad. Karen de la Vega y su marido, Ebriel, viven en el último piso del bloque junto a sus cinco hijas. El pasado 21 de septiembre consiguieron frenar su tercera orden de desalojo, pero ya tienen una nueva fecha fijada para abril. Como Navales, también dudaron cómo afrontar la conversación con sus hijas para que entendieran por qué quieren echarlas de su casa, sobre la que ya había una orden de desahucio cuando entraron como realquilados.

“Nos planteamos cómo explicarles que eres un ocupa, porque es algo que conlleva un estigma. Al principio nos costaba hablar de ello, como si fuera un tabú”, recuerda Karen. El detonante para romper ese silencio fue un intento de desalojo anterior, cuando empezaron a hacer las cajas de la mudanza por si finalmente no conseguían evitarlo.

Katalina, la menor de las hermanas, de seis años, tiene autismo y todavía no es del todo consciente de las circunstancias que atraviesa la familia, aunque nunca se las han ocultado. “Ahora ellas mismas están organizadas a través de sus institutos, saben lo que estamos haciendo y que es necesario que cambien las políticas de vivienda”, explica su madre.

La escalera que sube hasta la azotea –iluminada con linternas y sensores que las propias vecinas han instalado después de que la propiedad cortara la luz y el agua de las zonas comunes– se ha convertido en un segundo almacén de los juguetes de los más pequeños.

Wissal (11 años), Inas (8) y Yahya (2) son los tres hijos de Laila y su marido, Redouan. La familia llegó al bloque después de que entidades en defensa del derecho a la vivienda ocuparan el bajo, que llevaba tiempo vacío, para alojar a familias vulnerables. Antes de que naciera el pequeño, los cuatro compartían una sola habitación, en condiciones de hacinamiento.

Laila cuenta que su hija mayor, la que está más advertida del riesgo de desahucio, “no tiene ningún miedo”. “Pero yo, como madre, sí”, añade. Le preocupa que sus hijos puedan crecer con tranquilidad y seguridad, sin tener que vivir pendientes de la posibilidad de perder su casa. El lanzamiento está fijado para el próximo 15 de diciembre.

Aunque la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU no aborda de forma específica la problemática del acceso a la vivienda, sí reconoce el derecho de todos las criaturas a “un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. Este marco establece que la responsabilidad de garantizar estas condiciones de vida, que incluyen el alojamiento, recae principalmente en los progenitores y, de forma subsidiaria, en los Estados. Además, establece que todas las decisiones de las instituciones públicas que afecten a la infancia deben atender al “interés superior del niño”.

Ante la incertidumbre en la que viven, Aida, Karen y Laila piden al Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú que intervenga y expropie el bloque al fondo de inversión para destinarlo a vivienda social con alquileres asequibles. Mientras tanto, también han recurrido a los centros educativos de sus hijos para que elaboren informes en los que se detalle el efecto de los desahucios en su arraigo y que puedan aportar en los procedimientos judiciales para intentar frenar futuros lanzamientos.

“Vulnera tanto el derecho a la educación, al interrumpir su seguimiento académico, como su bienestar psicoemocional, al romper con un espacio que les proporciona seguridad. La cuestión de la vivienda tiene un impacto directo sobre todos los aspectos de la vida de un niño. Hay estudios que relacionan la inseguridad residencial con las dificultades en la vida adulta”, apunta Navales.

Impacto en las aulas

En Barcelona, la plataforma Docents 080 ha movilizado a maestros y profesores para visibilizar y combatir el impacto de la crisis de la vivienda dentro de las aulas. De hecho, junto con el Observatori DESCA, han elaborado recursos y una guía práctica para orientar a los centros educativos y direcciones ante los procesos de expulsión de sus casas que implican al alumnado. La misma Aida ha elaborado una caja de herramientas con cuentos o películas para explicar a los niños esta realidad social.

Los sindicatos educativos catalanes han alertado este lunes en una rueda de prensa que en el 70% de desahucios en Barcelona hay menores escolarizados y han reclamado al Departament de Educación que publique periódicamente un informe sobre los efectos de la emergencia habitacional en los centros educativos. Representantes de USTEC, la CGT, la Intersindical y otras organizaciones han denunciado que la precariedad residencial provoca cambios de escuela, absentismo y dificultades de aprendizaje entre los alumnos. También han advertido de que no hay protocolos claros sobre cómo actuar en estos casos.

Karen insiste en que, aunque ahora sienten cierto alivio porque el desahucio se ha aplazado, la paz mental nunca llega mientras la orden siga vigente en los juzgados. “La huelga por la vivienda es importante, pero más allá del miércoles, quiero que mis hijas aprendan a luchar por los derechos de todos”, sostiene.

“Detrás de cada familia que pierde su casa hay personas, niños y muchas historias. No somos solo papeles o números: somos familias que queremos vivir tranquilas y tener un futuro mejor”, añade Laila. Antes de llegar al bloque de la calle Sant Pere, buscaron vivienda y se encontraron con anuncios que directamente los descartaban por tener hijos. Ahora tienen miedo de tener que enfrentarse de nuevo a esa búsqueda.