Techo, sueldos, certidumbre

El 11 de noviembre las calles de España se llenarán. Será una jornada de movilización laboral, con una convocatoria de huelga, y social. El detonante es la situación de la vivienda. Pero las reivindicaciones pasan por subir los salarios para hacer frente al coste de la vida y reforzar los servicios públicos: recuperar seguridades y certezas para las mayorías sociales.

La movilización apela de forma particular a la juventud. Se les ha hecho creer que van a vivir peor que sus padres, y esto no tiene por qué ser así. De hecho, la juventud que se ha incorporado a trabajar en los últimos años -y la que lo hará en los próximos- va a tener la mayor capacidad de negociación salarial de las últimas décadas. Se jubilan las generaciones más numerosas de nuestra historia; España puede alcanzar el pleno empleo si no se revierten las reformas realizadas y se completa la transformación de nuestro modelo energético.

Si la juventud trabajadora se organiza sindicalmente y se garantizan precios asequibles de acceso a la vivienda, el porvenir será mucho mejor que el pasado. Para ello necesitamos una gran infraestructura de viviendas de precio protegido. Invertir al menos un 1% del PIB para promover 1,5 millones de casas asequibles que pongan fin a esta espiral de precios de propiedad o alquiler que fragmenta la sociedad española.

Para pagar vivienda y otras necesidades básicas hay que subir los salarios. Las empresas pueden acometer incrementos entre el 4 y el 7% como solicitamos desde CCOO. Nunca ha habido más gente trabajando en nuestro país, la temporalidad se ha reducido a la mitad, y no pasará mucho tiempo sin que las empresas aleguen problemas para encontrar personas trabajadoras. Y pagarán más para contratarlas. La negociación colectiva y los convenios son la vía para ello, y deben renovarse ya los acuerdos que permitan subir los sueldos.

Los precios se comen desde hace tiempo los ingresos de las familias. Suben porque la inestabilidad en el mundo que provocan las extremas derechas lo propicia a través de guerras (Ucrania y Oriente Medio) cuyos costes pagan las clases trabajadoras. Pero también porque ese incremento de costes es repercutido a precios al consumo por parte de las empresas.

Estos datos los demuestra la evolución de los márgenes empresariales. Se trata de repartir la riqueza que se crea, lo que propiciará más crecimiento económico y más empleo. Si la economía española es la que más crece de Europa, mientras reduce deuda y déficit público, es por el tirón de la demanda interna (empleo, salarios, pensiones) y la inversión.

Y, por último, el 11 de noviembre apela a recuperar la inversión necesaria para tener servicios públicos de calidad. Hay prácticas de privatización de la sanidad o la educación en numerosas comunidades autónomas, pese a disponer de más recursos económicos que nunca. Pero no solo hablamos de sanidad o educación. El sistema de pensiones es fiable (se ha mantenido de poder adquisitivo de los pensionistas derogando la reforma de 2013), si no se le recortan los ingresos.

También hablamos de cuidados a las personas dependientes en una sociedad que envejece y del mantenimiento de infraestructuras, en un país que tiene ya 50 millones de habitantes. No sirve reclamar más seguridad cuando hay catástrofes (accidentes, pandemias) y luego promover disminución de los ingresos públicos que arruinarían al Estado, supondrían recortes en pensiones, sanidad, educación, o mantenimiento de infraestructuras. Si, como se plantea de cara a las elecciones desde la extrema derecha, se recortan los ingresos entre 70 y 80.000 millones de euros, España será vendida en los mercados de deuda y tendrá que emprender recortes sociales severos.

Es momento de decir desde la calle que necesitamos el poder del Estado para velar por su ciudadanía y su clase trabajadora, mejor distribución de la riqueza que se genera en nuestro país y facilitar el acceso a los bienes públicos propios de una sociedad civilizada (y un techo digno debe ser uno de ellos).