En marcha la maquinaria propagandística

La nueva estrategia de comunicación política de la Presidenta Claudia Sheinbaum se estrenó con el intento de deslindar a Guadalupe Taddei de Morena. Es masiva y apabullante. Parece espontánea, pero no lo es. Fue puesta en marcha ante lo que se avecina: posibles acusaciones penales contra los cuatro expresidentes del IFE y del INE, el control total del órgano electoral -que, según esta interpretación, habría sido ordenado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador- y un eventual fraude de Estado en las elecciones del próximo año para que Morena consiga la mayoría calificada y consolide un régimen autoritario. Públicamente, la 4T sostiene que sus acciones en el INE persiguen justamente lo contrario: fortalecer la democracia.

Repetir sistemáticamente que Taddei no fue impulsada ni protegida por Morena, sino por los gobiernos del PRI y del PAN, fue el detonante de la estrategia que, según la información disponible, diseñaron en Palacio Nacional dos nuevas asesoras: Andrea de Anda, fundadora de Ojiva Consultores, agencia especializada en comunicación digital, y Ana Areche Sáenz, una española que llegó a México como parte del equipo de un asesor político-electoral recomendado por el expresidente colombiano Gustavo Petro. Ambas habrían sido reclutadas por Iván Silva, un consultor que no aparece en las nóminas del Gobierno, pero que, según esta versión, tiene oficinas en Palacio Nacional y funge como estratega electoral en jefe.

Es la tercera fase de una estrategia de comunicación política presentada en octubre, cuya primera misión fue negar el vínculo de Taddei con Morena. La exconsejera presidenta del INE, señalada por presuntas irregularidades millonarias, habría dejado de ser útil al régimen. El siguiente objetivo fue trasladar la responsabilidad por posibles actos de corrupción a las administraciones de José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova. En paralelo, la Auditoría Superior de la Federación -órgano técnico de la Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría- informó que cuenta con informantes y testigos colaboradores anónimos que estarían aportando pruebas y documentación sobre las gestiones de los cuatro expresidentes.

Para dar legitimidad a estas posibles acciones legales, que sus críticos consideran vengativas y encaminadas a desviar la atención de la corrupción dentro de la 4T, se necesita construir un clima favorable en la opinión pública y minimizar el impacto negativo que una ofensiva contra los expresidentes del organismo electoral podría provocar en México y el extranjero. Para eso se desarrolló la nueva estrategia, que tiene poco de comunicación y mucho de propaganda. Su operación es sencilla, pero, según esta versión, por primera vez está coordinada y dirigida desde Palacio Nacional: se elaboran ideas fuerza y mensajes que se distribuyen entre gobernadores, dirigentes partidistas y legisladores para que los reproduzcan masivamente y posicionen la línea presidencial.

Eso ocurrió el jueves y viernes pasados, cuando 18 gobernadores de Morena difundieron mensajes o cartas en redes sociales con el propósito de respaldar a Sheinbaum y deslindar a Taddei del partido. El proyecto Punto Cero señaló, en su sección Ruta 27 -dedicada al camino hacia las elecciones del próximo año-, que cinco mandatarios estatales difundieron comunicados prácticamente idénticos, en los que solo cambiaban los elementos de identificación de cada entidad y los nombres de sus firmantes.

De acuerdo con ese trabajo, los mensajes de Graciela Domínguez, señalada como gobernadora interina de Sinaloa; Margarita González Saravia, de Morelos; Salomón Jara, de Oaxaca; Eduardo Ramírez, de Chiapas, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, contenían párrafos casi idénticos. Los comunicados compartían tres ideas centrales: deslindar a Taddei de Morena, remontar el origen de las investigaciones a hechos ocurridos hace 32 años y sostener, con cierto cinismo, que no se trataba de emitir juicios anticipados, sino de esperar a que las autoridades competentes determinaran si existieron conflictos de interés o irregularidades.

Los otros 13 gobernadores utilizaron sus redes sociales para emitir mensajes y publicar cartas de apoyo en el mismo sentido, siguiendo las líneas expuestas desde Palacio Nacional por la Presidenta y Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta última presentó lo que denominó una investigación sobre una presunta red de corrupción y simulación en concursos y adjudicaciones del INE y de los organismos públicos locales electorales, conocidos como OPLE.

Morena se cohesionó alrededor de un caso que afectaba a todos sus integrantes. Dejó de lado rivalidades políticas y rencores para mostrar espíritu de cuerpo.

“Si las primeras revisiones confirman que las empresas señaladas por presuntas irregularidades llevan dos décadas contratando con el INE, la investigación no puede limitarse únicamente a la gestión actual”, escribió la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. “También debe esclarecerse qué ocurrió durante las presidencias anteriores, quién autorizó y supervisó esos contratos y si existieron omisiones o responsabilidades que deban investigarse”.

En esa misma línea, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, afirmó que, “con Lorenzo Córdova al frente del INE, empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas -contratistas con quienes Taddei habría realizado negocios millonarios- obtuvieron contratos multimillonarios con organismos electorales locales”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sostuvo que “investigar y combatir la corrupción dentro de las instituciones fortalece nuestra democracia”.

El mensaje más significativo de las maromas que sigue dando Morena lo publicó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo: “No se puede responsabilizar a un movimiento por prácticas que vienen de décadas atrás. Las responsabilidades tienen nombre y apellido, y la historia no se reescribe para acomodar culpas”.

Este mensaje, más que los demás, es un insulto a la inteligencia. Durazo fue quien promovió a Taddei; López Obrador recibió su recomendación con elogios y, según los señalamientos que rodean el caso, familiares de ambos habrían obtenido cargos en los gobiernos federal y estatal. Sonora, de acuerdo con esas acusaciones, se convirtió en una bolsa de trabajo para familiares de Taddei.

La nueva estrategia de propaganda disfrazada de comunicación política pasó de la contención al ataque. Primero apuntó hacia los expresidentes del IFE y del INE, contra quienes se prepararían acusaciones penales; después, buscó vincular a algunos de ellos con el nuevo partido Somos y, finalmente, comenzó a situar en 1989 el origen de las presuntas irregularidades. El argumento es que Taddei tenía experiencia en organismos electorales mucho antes de que Morena llegara al Gobierno y de que fuera designada consejera presidenta. Lo que esa explicación deja fuera es la posibilidad de que las irregularidades atribuidas a su gestión se hayan cometido después de su llegada al INE, bajo el respaldo político de la 4T.

Ni los gobiernos de la 4T ni los mandatarios estatales habían impulsado investigaciones públicas sobre las presuntas irregularidades vinculadas con Taddei en los organismos electorales federales y locales. El asunto cobró relevancia cuando comenzaron a difundirse las investigaciones periodísticas. Pero la estrategia de Palacio Nacional iría más allá. El siguiente paso, según esta versión, sería que los gobernadores reclutaran a creadores de contenido e influencers para reproducir los mensajes y alcanzar audiencias más amplias.

Es la conquista de las conciencias, llevada a una nueva dimensión rumbo al autoritarismo.

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