Ahora protestan los trabajadores del INE

Empleados de base del Instituto Nacional Electoral en Nayarit demandan una nivelación salarial tras 15 años sin ajustes significativos en sus percepciones, argumentando que el ingreso vigente de 9,500 pesos mensuales resulta insuficiente ante el encarecimiento continuo de los productos de la canasta básica. La inconformidad refleja el desgaste económico acumulado por el personal que atiende de forma directa los servicios registrales y módulos ciudadanos.

Desde el año 2011, el personal operativo no percibe una retribución acorde con el índice inflacionario y las condiciones generales de vida. Esta situación prolongada ha deteriorado de manera progresiva el poder de compra de las familias dependientes de dichos ingresos laborales dentro de las sedes distritales.

Expuso Saúl García Martínez, operador del equipo tecnológico adscrito a las instalaciones de Plaza Hominis, que la plantilla técnica sostiene sus actividades diarias con ese sueldo mensual de 9,500 pesos, razón por la cual plantean la necesidad de autorizar un incremento del 25 % para homologar sus condiciones contractuales. La solicitud busca equilibrar los tabuladores respecto al costo de los insumos indispensables para el bienestar doméstico.

Registros de la propia institución confirman que a principios del presente año se aplicó una adecuación del 6 %, una cifra que el personal califica como insuficiente frente al deterioro económico acumulado. Los inconformes señalan además que el presupuesto del organismo suele orientarse prioritariamente hacia otros rubros operativos antes que a la dignificación de los sueldos de sus colaboradores.

Ante la brecha acumulada desde 2011, los afectados consideran que las asignaciones presupuestales asignadas a la base técnica se han vuelto precarias frente al costo de los víveres y servicios esenciales. El encarecimiento generalizado superó con creces los márgenes de maniobra del ingreso actual, limitando la cobertura de las necesidades elementales en los hogares.

La situación actual compromete el sustento de hombres y mujeres que prestan sus servicios cotidianos en la dependencia federal, quienes enfrentan dificultades constantes para solventar los gastos familiares indispensables. Frente a este escenario, los trabajadores reiteran la urgencia de establecer una homologación formal que devuelva certidumbre y dignidad a sus labores.