Buscan esquemas financieros para resarcir recursos a la UAN

Frente a la merma presupuestal derivada de resoluciones judiciales recientes, la máxima casa de estudios y el Poder Legislativo coordinan esfuerzos para diseñar mecanismos que garanticen la estabilidad operativa de las aulas. Las mesas de diálogo evalúan alternativas viables que protejan las funciones académicas, la docencia y los servicios a la juventud estudiosa sin comprometer el equilibrio institucional.

Mesas parlamentarias y foros de análisis comenzaron a operar con la intervención de diputadas y diputados locales para encauzar opciones de financiamiento que sustituyan los montos afectados. Este ejercicio surge tras diversos posicionamientos vertidos en tribuna, donde los legisladores manifestaron su respaldo hacia la institución formativa y reconocieron la urgencia de sostener sus actividades sustantivas.

Destacó la titular de la rectoría, Norma Liliana Galván Meza, el valor del trabajo conjunto sostenido en reuniones presenciales con la presidencia del Congreso estatal, encabezada por Salvador Castañeda Rangel. En estos encuentros se confirmó la necesidad de construir consensos colectivos que salvaguarden los proyectos educativos, considerando que la protección al patrimonio universitario representa un asunto de interés público que involucra a toda la sociedad y no a un sector aislado.

El origen del déficit proviene de un fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual invalidó la aplicación del impuesto especial del quince por ciento que los ayuntamientos recaudaban y transferían al patronato de la universidad. Esta determinación jurídica canceló un esquema de captación que aportaba sustento a la infraestructura y equipamiento de los planteles educativos en diversos municipios.

Grupos técnicos integrados por fiscalistas y abogados parlamentarios asumirán la responsabilidad de delinear la propuesta jurídica adecuada. Dicha labor se concentrará en estructurar una ruta legal sólida que permita compensar las asignaciones tributarias sin incurrir en contradicciones normativas ni vulnerar los lineamientos constitucionales fijados por el tribunal federal.

Bajo estas estimaciones financieras, la casa de estudios proyecta un impacto anual que oscila entre los 150 y 180 millones de pesos por la suspensión del gravamen. La cifra compromete recursos destinados a proyectos formativos, por lo que las autoridades educativas y parlamentarias intensifican los trabajos para definir un esquema de reemplazo presupuestal antes del próximo ciclo financiero.