El silencio del vocero

“MEMORIA, VERDAD.”

Manta exhibida en la presentación de “Los años heridos”, el 10 de septiembre de 2026

Jesús Ramírez Cuevas subió al atril del FARO Cosmos para hablar de la represión y la censura. Detrás de él, una manta decía “Memoria, verdad”. En la primera fila estaba Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH y hermana de un desaparecido. Era la presentación de Los años heridos, una serie sobre la Guerra Sucia. Mes y medio después, Proceso le mandó cinco preguntas sobre cómo se había hecho la serie. Ramírez tuvo bastante menos que decir a partir de ese momento…

El reportaje de Santiago Igartúa Scherer, publicado en el cincuentenario de la revista fundada por Julio Scherer García, reconstruye la cuenta. 84 millones 118 mil pesos. Capital 21 puso 12 millones 760 mil. Canal Once, 11 millones 358 mil. La CNDH, 60 millones. La productora fue Gravedad Cero Films. Ninguna de esas contrataciones se licitó, según la investigación.

En los créditos, Ramírez aparece como asesor general y encabeza los agradecimientos. Antes, como vocero de López Obrador, había presentado el libro en que se basa la serie. El autor, Fritz Glockner, dirigía las librerías Educal cuando negoció los derechos con la productora. Y entre quienes fundaron esa productora estaba Erwin Neumaier, quien dirigió el centro encargado de transmitir la mañanera que organizaba Ramírez. Supongo entonces que, al menos para esta producción, encontrar a las personas indicadas nunca fue un problema…

Hay una precisión que importa hacer. Ninguno de los contratos de la serie lleva la firma de Ramírez. Su papel en la búsqueda de financiamiento lo cuentan a Proceso funcionarios que trabajaron con él. Eso deja una pregunta bastante concreta para el hoy coordinador de asesores de Claudia Sheinbaum. ¿Qué hizo entre presentar el libro y aparecer como asesor general de la serie? La presidenta dijo en octubre que él le había platicado de ella. Yo también quisiera que nos platicara. Digo…

La exclusividad sobre los derechos de un libro puede explicar por qué se contrató a quien los tenía. Pero quisiera ver el papel que explica cómo se llegó al precio. Proceso calculó que la serie salió en unos 157 mil pesos por minuto, entre ocho y once veces lo que esa empresa había cobrado por minuto en otras producciones para Canal Once. Dos producciones pueden costar muy distinto. Por eso serviría ver el desglose. La exclusividad de los derechos, hasta donde entiendo, no se extiende a la aritmética…

La cuenta de la CNDH merece un capítulo aparte. En su informe anual, la Comisión dice que la serie se apoyó en el libro de Glockner y en dos recomendaciones producto de sus propias investigaciones. Proceso identificó seis millones de pesos por investigación en el convenio. ¿Qué trabajo nuevo se encargó por ese dinero? Si la Comisión ya tenía buena parte del material, me gustaría saber qué se agregó, quién lo entregó y quién dio por bueno el resultado.

Y luego están las fechas. El convenio de la CNDH, según el reportaje, fijaba el 31 de diciembre de 2025 como límite para la entrega. La revista encontró los primeros rastros públicos de esos episodios hasta agosto de 2026. Publicar tarde y entregar tarde son dos cosas distintas. Con el acta de entrega sabríamos cuál de las dos cosas ocurrió. ¡Qué fácil sería ahorrarnos este párrafo! ¿No?

La Guerra Sucia merece que se cuente. Durante años, a las familias les tocó exigirle al Estado que abriera expedientes que el propio Estado había cerrado. Precisamente por eso me irrita que se invoque la memoria para defender una producción y que luego haya que ir a buscar, entre tres instituciones, quién decidió cuánto pagar por ella. Por lógica elemental, me parece que después de tantos años de pedirle cuentas al poder, qué raro sería declarar ese detalle ajeno a la historia.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas distingue entre actuar en un asunto en el que se tiene un conflicto de interés y valerse del cargo para inducir a otro funcionario a actuar en beneficio propio o de personas vinculadas. Son faltas administrativas graves y hay hechos que acreditar en cada caso. La Secretaría Anticorrupción y los órganos internos de control tienen algo más útil que hacer que discutir el reparto. Si fueran dependencias serias, pedirían los expedientes, identificarían quién intervino y comprobarían si hubo gestiones, beneficios o motivos para excusarse.

Recuerdo al Ramírez de la mañanera, tan dispuesto a ponerles nombre y monto a los contratos de los medios que incomodaban al gobierno. En este caso, Proceso le preguntó, entre otras cosas, si gestionó recursos para la serie; si cobró por asesorarla y si informó de su participación a algún órgano interno —o externo— de control. La revista publicó que no obtuvo respuesta a ninguna de las cinco preguntas. A él, que tanto nos explicó de las cuentas ajenas, le toca explicar éstas.

La próxima vez que proyecten Los años heridos, después de los agradecimientos, dejen correr los contratos. Es, definitivamente, la parte de la serie que a todos nos falta ver.