El Gobierno lleva al Constitucional la "prioridad nacional" de PP y Vox en la Comunitat Valenciana

El Gobierno de España está decidido a tumbar el retroceso en derechos que PP y Vox impulsan en la Comunitat Valenciana. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes instar al presidente del Gobierno a que presente un recurso de inconstitucionalidad contra 20 modificaciones legislativas a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026 que aprobaron las Corts Valencianes con el apoyo de los conservadores y los ultras. Destaca el principio de “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda, que según el Ejecutivo “vulnera el artículo 14 de la Constitución (así como el mandato de igualdad material efectiva del art. 9.2), tanto en relación con los extranjeros como con nacionales, cuando el arraigo se fija por la Comunidad”, confirman a elDiario.es fuentes del Ejecutivo.

Pérez Llorca y sus socios de Vox han utilizado la ley de acompañamiento de 2026 para cambiar numerosas leyes autonómicas y así satisfacer las peticiones de los ultras en materia de guerra cultural. Otro artículo que recurre el Gobierno es la obligación de mantener el rostro descubierto en el transporte público, la función pública, la sanidad, la educación y los espectáculos públicos, con las correspondientes infracciones administrativas asociadas a su incumplimiento. En este caso, según el Gobierno, “invade la competencia estatal sobre seguridad pública, transporte, función pública básica o sanidad, según el caso, y la lesión del art. 14 de la Constitución por el efecto disuasorio y discriminatorio”.

Sobre unas modificaciones en la ley educativa, el Gobierno considera que se vulnera la igualdad de las personas LGTBI en el ámbito educativo, “degradándose el carácter imperativo de la promoción de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en los centros educativos, sustituyéndolo por una previsión potestativa”. “Se vulnera el art. 149.1.30ª de la Constitución una obligación que la normativa básica estatal configura como imperativa”, sentencian.

La ley de acompañamiento también incluyó una norma que extiende el alcance de la obligación de protección del derecho a la vida a los no nacidos, “lo que contradice el art. 15 de la Constitución”. “Además, altera el régimen jurídico de la personalidad jurídica, que se adquiere con el nacimiento, lo que supone la invasión de la competencia estatal. También vulnera los artículos 149.1.1ª y 16ª, así como el propio art. 15, en la medida en que ordena a la Generalitat garantizar y proteger el derecho a la vida de los no nacidos cuando exista riesgo o amenaza, introduciendo un régimen susceptible de restringir u obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, añaden fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es.

Sobre otro artículo vinculado a la reagrupación familiar de los menores no acompañados, otro tema estrella de Vox, la ley de acompañamiento vulnera, según el Gobierno, “la competencia exclusiva del Estado en materia de extranjería, pues establece como prioridad la reagrupación familiar de las personas menores de edad tuteladas sin sujetarla al procedimiento y a garantías establecidas en la ley estatal, en el que participan la Administraciónn General del Estado y el Ministerio Fiscal”. “Al incidir sobre el régimen jurídico de los menores extranjeros no acompañados y sobre las decisiones relativas a su permanencia o retorno, vulnera el artículo 149.1.2ª de la Constitución.

Otros artículos que recurre son la modificación del régimen de provisión y remoción de puestos de trabajo de la función pública valenciana. “Se vulneran los artículos 23.2 y 14 de la Constitución, al exigir a los funcionarios de otras Administraciones para acceder a puestos de la Dirección Pública Profesional una antigüedad mínima de 10 años, que no resulta equivalente ni equiparable al que se exige a los funcionarios de la propia Generalitat”, apuntan. Sobre la creación de proyectos estratégicos de energías renovables, “se invaden las competencias estatales en materia de medio ambiente, régimen energético y planificación general de la actividad económica”, confirman fuentes del Ejecutivo.