Abogado sostiene que terreno denunciado tiene ocupantes desde hace 26 años

• Una disputa por un inmueble municipal del barrio San Miguel enfrenta a integrantes de una misma familia. Mientras una de las partes admitió que nadie ocupa actualmente el terreno, el abogado de otra sostiene que existen ocupantes primarios desde hace 26 años.
• Enrique Portillo afirmó que representa a Lali Díaz y sus hijos, quienes tendrían actos posesorios en el lugar. Cuestionó el intento de ingreso de otras personas sin una orden judicial que establezca los límites de la intervención.
• El inmueble tendría 41 metros de extensión y no estaría fraccionado. La controversia también gira en torno a una supuesta deuda particular que, según los cuestionamientos planteados, no debería resolverse mediante la disposición de tierras municipales.

Una disputa por un terreno municipal ubicado en el barrio San Miguel de Coronel Oviedo, enfrenta a varias personas de una misma familia y mantiene en discusión quiénes tienen derecho a ocupar el inmueble. Aunque una de las mujeres involucradas reconoció que actualmente nadie vive en el predio, el abogado Enrique Portillo, representante de otra de las partes, aseguró que existen ocupantes primarios desde hace 26 años.

Portillo manifestó que representa a una tal Lali Díaz y a sus hijos, y sostuvo que la familia mantiene actos posesorios en el lugar desde hace décadas. “Yo estoy por la gente, representándole a los ocupantes primarios desde hace 26 años en este terreno municipal”, expresó durante una entrevista.

El profesional señaló que entre los actos posesorios mencionados se encuentran plantaciones, un gallinero y un chiquero. Incluso puso como ejemplo un árbol de mango de aproximadamente 30 años. También confirmó que existe una construcción dentro de los límites del inmueble, que tendría una extensión de 41 metros y no estaría dividido ni fraccionado.

El abogado cuestionó que otras personas intenten ingresar al terreno sin presentar una disposición judicial. Explicó que solicitó la intervención policial para identificar a quienes se encontraban en el lugar y verificar si contaban con una orden de un juez competente que autorizara el ingreso y estableciera los metros cuadrados correspondientes.

“Hasta ahora no exhiben ni un documento”, sostuvo Portillo, quien agregó que cualquier persona que considere tener derechos sobre el inmueble debe recurrir a la instancia judicial correspondiente.

El abogado también reconoció que el terreno pertenece al municipio y recordó que la normativa exige la ocupación y la realización de actos posesorios para reclamar derechos de ocupación. En ese sentido, sostuvo que una eventual deuda entre particulares constituye una cuestión independiente y no debería resolverse mediante la utilización de un terreno municipal.

Estelvina Villalba, esposa de Luis Meza, uno de los que reclaman una parte del terreno; había reconocido que actualmente nadie vivía en el terreno y precisó que su familia reclama una fracción de 13 por 13 metros. Otra de las involucradas también sostuvo que esa superficie correspondería a su madre.

Supuestamente, desde Catastro Municipal, Guillermo Benítez habría manifestado que no podía intervenir directamente debido a que se trata de una disputa familiar.