El Gobierno pidió ante el Tribunal del Mar que se frene la explotación petrolera en las islas Malvinas

Mientras transcurre la visita del papa León XIV en el país, el gobierno de Javier Milei comenzó hoy a exponer sus argumentos ante el Tribunal Internacional del Mar, con sede en Hamburgo, que analiza la inédita demanda presentada contra Gran Bretaña por la explotación “ilegal” de recursos hidrocarburíferos en aguas cercanas a las islas Malvinas, a cargo del proyecto anglo-israelí Sea Lion.

La delegación argentina, encabezada desde la Casa Rosada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, pidió, tal como se esperaba, la suspensión de la explotación petrolera. Así se había especificado en la presentación de la demanda, a cargo de la consejería legal internacional de la Cancillería que encabeza Mario Oyarzábal.

Los representantes argentinos también solicitaron que las empresas no utilicen la información obtenida durante la etapa de exploración, que se proteja y preserve el medio marino y que se le impida a Gran Bretaña “tomar medidas que agraven la disputa”. Lo hizo con el argumento de que hay una controversia de soberanía de las islas, y por lo tanto no es legal utilizar los recursos naturales mientras esta disputa se mantenga vigente.

En su breve ponencia, que sirvió de final para la presentación argentina, Ibarzábal enfatizó el carácter de “irreversible” que tendría la explotación de recursos petroleros, en caso de que el tribunal no ponga freno al trabajo que las empresas Rockhopper (Gran Bretaña) y Navitas (Israel) vienen llevando adelante en la cuenca norte de las islas Malvinas. El término “descolonización” fue utilizado por los representantes argentinos ante el tribunal, en referencia a las colonias que Gran Bretaña aún sostiene en distintas partes del mundo.

Los representantes de Gran Bretaña, que hablaron luego de un intervalo de dos horas, sostuvieron, por el contrario, que el proyecto Sea Lion cumple con todos los requisitos del tratado de 1982. Y defendieron la explotación de recursos como parte del “derecho a la autodeterminación” de la población de Malvinas. El Tribunal, de 22 miembros (Gran Bretaña sumó un representante antes de las audiencias), volverá a escuchar a las partes este miércoles, y luego tendrá algunas semanas de deliberación, antes de dar un veredicto provisorio.

En el contexto de un espíritu malvinero, que despertó durante el Mundial de Fútbol y que deterioró el vínculo bilateral, el Gobierno aceleró la presentación de la demanda. Una muestra de la importancia que la Casa Rosada adjudicó a la demanda es el trabajo conjunto que llevaron a cabo los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación, “con el objetivo de proteger los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afecten los recursos que pertenecen a todos los argentinos”, según afirmó el Gobierno en los días previos a la demanda.

Además de Ibarzábal y Oyarzábal, la defensa argentina cuenta con el especialista Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, y que representó a la Argentina en el caso de la fragata Libertad, en el que el mismo Tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque como medida provisional. También integran el equipo el profesor Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association y una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre los recursos naturales, y el doctor Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).

La estrategia de la Casa Rosada es que el tribunal se declare competente para intervenir y decrete en el corto plazo y de manera provisional la suspensión de las actividades exploratorias que las petroleras ya realizan en las aguas circundantes de Malvinas, aunque distintos expertos adviertan, por lo bajo, sobre los riesgos que podría traerle la jugada al reclamo de fondo: la soberanía argentina sobre las islas.

“Si el tribunal acepta que esta controversia es parte de su jurisdicción, es probable que se dicte la suspensión de las actividades de explotación antes de fin de año”, evalúa un experto argentino con larga trayectoria en derecho internacional.

Si el caso avanza, la solución de fondo la tomará el Tribunal Arbitral, de acuerdo con las previsiones del anexo VII de la Convemar. Es un órgano de siete miembros aún no conformado. Puede demorar años en emitir el fallo definitivo.