Gerencias públicas contra despilfarros

Efecto Multiplicador

Es evidente que México tiene un problema estructural que cuesta miles de millones de pesos y décadas de oportunidades perdidas; cada cambio de Gobierno se convierte en una invitación a reinventar el País, los estados y los municipios.

Llegan nuevos gobernantes, cambian funcionarios, se modifican prioridades y, demasiadas veces, proyectos estratégicos terminan abandonados porque pertenecían al adversario político.

¡Como si el desarrollo económico tuviera partido!

Mientras las naciones exitosas construyen instituciones capaces de sostener políticas durante generaciones, México continúa atrapado en calendarios electorales de tres y seis años.

¿Cómo garantizar que los grandes proyectos de infraestructura, inversión, industrialización y bienestar sobrevivan a los gobiernos que los iniciaron?

Adoptando esquemas de gobernanza democrática, planeación estratégica de Estado y gerencia pública profesional. No se trata de inventar la rueda.

En numerosas ciudades estadounidenses funciona el modelo “city manager”.

En esas comunidades los ciudadanos eligen a sus representantes y estos a su vez designan a un administrador profesional responsable de ejecutar las políticas públicas, gestionar recursos y garantizar servicios eficientes.

Phoenix, por ejemplo, constituye una referencia cercana de este sistema.

En otros ámbitos, países como Dinamarca, Suecia y Singapur demuestran, mediante arreglos institucionales diferentes, que la continuidad administrativa, la profesionalización y la visión estratégica pueden coexistir con cambios políticos.

Incluso las monarquías constitucionales europeas ofrecen una enseñanza; la permanencia de las instituciones importa más que la duración de los gobiernos.

¿Por qué no trasladar estos principios a los estados y a la Federación?

Un “state manager” o gerente estratégico estatal, y una alta dirección pública profesional a escala nacional, podrían coordinar proyectos plurianuales, vigilar su ejecución y evaluar resultados, siempre subordinados a las autoridades democráticamente electas.

No serían nuevos gobernantes ni funcionarios intocables; serían administradores técnicamente calificados, seleccionados mediante concursos transparentes y sujetos a evaluación y rendición de cuentas.

ESTRATEGIA SONORA 2050

Imaginemos a nuestro Estado con una estrategia de desarrollo hasta el año 2050, protegida institucionalmente de los vaivenes electorales.

El agua, la energía, los corredores industriales, la modernización fronteriza, los semiconductores y la integración económica con Arizona dejarían de depender exclusivamente de las prioridades personales del gobernador en turno.

Hermosillo, Cajeme, Nogales y los demás municipios podrían desarrollar carteras de proyectos con horizontes de 20 años, financiamiento responsable y continuidad técnica.

La alternancia política seguiría existiendo; lo que desaparecería sería la absurda costumbre de destruir lo que funciona simplemente porque lo construyó otro partido.

Naturalmente, ningún proyecto debe perpetuarse por decreto; aquellos que resulten inviables deberán corregirse o cancelarse mediante evaluaciones independientes.

La democracia conserva el derecho a cambiar de rumbo; la profesionalización evita que cada cambio destruya las capacidades acumuladas.

El desarrollo de a de veras exige inversión, productividad, seguridad jurídica, infraestructura, capital humano y políticas públicas que produzcan resultados medibles.

Y todo ello requiere algo que México todavía no consigue consolidar: Instituciones más fuertes que las ambiciones políticas de temporada.

El tema no debería ser si gobierna Morena, PRI, PAN o Movimiento Ciudadano. En todo caso la discusión debería centrarse en quién construye las mejores condiciones para elevar sostenidamente el ingreso, la competitividad y la calidad de vida.

Los gobiernos pasan; las necesidades de la población permanecen.

Por eso, México necesita transitar del Gobierno de ocurrencias al Gobierno de instituciones; de la improvisación sexenal a la planeación de Estado; y del reparto político de cargos a la administración pública profesional.

El progreso verdadero no comienza cuando gana un partido; comienza cuando el desarrollo deja de depender de quién ganó las elecciones.

CONGRESO NACIONAL DE ECONOMISTAS

La problemática de las bajas tasas de crecimiento en el País ocupó un lugar central en el Primer Congreso Nacional de Economistas Femec 2026, organizado por la Federación Mexicana de Economistas Colegiados que preside Cristina Isabel Ibarra Armenta.

En el evento que se llevó a cabo en Aguascalientes los días 5 y 6 de noviembre, se puntualizó que el pobre desempeño económico obedece a la insuficiencia de inversión, la baja productividad, la informalidad, las deficiencias institucionales y las restricciones de infraestructura.

La economía nacional muestra dificultades para sostener incrementos elevados del producto por habitante, pese a su integración comercial con Estados Unidos, su capacidad manufacturera y las oportunidades derivadas del nearshoring.

¿Qué hacer? Lo dicho, sustituir la improvisación sexenal por políticas de Estado de largo plazo, administradas profesionalmente y evaluadas por resultados, independientemente del partido gobernante.

Javier Villegas Orpinela